Al tiempo que estudia un informe sobre los casos de contaminación en el acueducto metropolitano, el AyA advierte sobre la urgencia de financiar mejoras en el servicio de agua.
Cuando parte de la población se pregunta cada vez que abre el tubo si el agua que bebe es potable, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) busca opciones para modernizar el acueducto metropolitano.
El paternalismo estatal, una escasa fiscalización de los servicios, la ausencia de un marco jurídico específico y los retrasos en las licitaciones, son las principales trabas a la eficiencia del AyA, señaladas en el informe «Análisis sectorial de agua potable y saneamiento», de noviembre del 2001.
La elaboración del estudio estuvo a cargo de especialistas bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y el Aya; sus conclusiones se publicarán en mayo próximo, detalló Paulino Picado, consultor privado que participó en él.
El AyA no ha podido cumplir sus responsabilidades como operador y rector del área. Además, el Estado no le permite trabajar con una rentabilidad mayor, ni obtiene el 100% de la recaudación por el servicio de agua, dijo Picado.
Además, carece de capital de desarrollo y de financiamiento para las grandes obras en acueductos; tiene muy pocas opciones para mejorar el acueducto debido, en parte, a los techos presupuestarios impuestos por el Ministerio de Hacienda, opinó Alfonso Mata Jiménez, experto en recursos hídricos y contaminación ambiental.
PROPUESTAS
En el estudio de la OPS-AyA, se plantea crear una unidad de operación del acueducto integrada por un titular de los servicios (responsable de brindarlos en las mejores condiciones y repararlos) y un regulador, que vigile al titular.
Con respecto a la participación privada, se propone incorporar a empresas locales -y no internacionales- para operar acueductos pequeños. Según Picado, no importa quién opere (empresas públicas, sociedades anónimas, grupos de usuarios), sino que se cumpla con la normativa, que haya regulación y un contrato para que la gente se pueda defender.
También establece que la operación del acueducto metropolitano debe permanecer en manos del Estado.
Ya hay varios acueductos operados por entes privados, los cuales deben ser regulados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y la Contraloría General.
Por otra parte, en relación con las aguas residuales, en diciembre de 1999, por ejemplo, la firma inglesa Stephen Myers Associates asesoró en el proyecto de concesión del alcantarillado sanitario con financiamiento privado, según el documento «Fiscalización sobre tratamiento de desechos líquidos domésticos», de la Contraloría de la República (2000).
SOLIDARIDAD
Lo que se podría establecer con respecto al principio de solidaridad en el acceso al agua es otro punto que preocupa a ambientalistas y a grupos de ciudadanos. Picado opinó que «el rector podría pagarle al operador una parte de la factura de un usuario, de esa forma mantiene la solidaridad con los que más necesitan».
Un grupo de ciudadanos de San José, elaboró el documento «Guía de ayuda social para familias de escasos recursos en beneficio de soporte de servicios básicos». Gerardo Araya, uno de sus miembros, plantea que el Estado fije tarifas de consumo mínimo de agua para las familias de escasos recursos.
A una familia de 8 personas les corresponden 45 litros diarios (11.000 litros por mes), para lo que se basan en «El estado de la población mundial 2001», del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).
NO ES REGALO DEL CIELO
Es un hecho que la mayoría de la población no quiere que le cobren más por el servicio de agua; pero es urgente contar con un estudio sobre el valor económico de ésta.
«Creo que no se está pagando el valor real del agua en cuanto a las tarifas, pero esto debe ser mejor estudiado», expresó Alfonso Mata.
«La gente en general no aprecia su valor, aunque sea capaz de pagar ¢12.000 mensuales por teléfono. Los celulares no son un bien necesario, pero están de moda», dijo.
Por su parte José Miguel Zeledón, jefe del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) coincide con este criterio. «Creo que todo el país está perdiendo porque el valor económico del agua no se está pagando, ni en lo relativo a tarifas, ni a los cánones».
Una iniciativa en cuanto a incrementar el monto la tuvo la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Con el visto bueno de la Aresep aumentaron ¢1.90 por cada metro cúbico en su tarifa de agua por el servicio de acueducto.
«El factor de inequidad no puede obviarse, pues hay un problema en las estructuras tarifarias y muchas veces los de menos ingresos subsidian a los que tienen más,» añadió Picado.
«El AyA saca un pequeño monto de la factura de una familia de escasos recursos del sur de San José, para apoyar a una de Los Chiles de Upala, por ejemplo. Pero a una familia adinerada de Heredia no se le rebaja nada para apoyar este subsidio, porque no están en San José y los acueductos rurales se subsidian con dineros recaudados aquí», puntualizó.
Listo informe
Una evaluación de los más recientes casos de contaminación en acueductos fue entregada la semana pasada a las instituciones involucradas.
En agosto pasado se formó una comisión para asesorar al Ministerio de Salud en este campo. Estuvo integrada por Liseth Navas, directora del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA); Ricardo Torres, de la Organización Panamericana de la Salud; Olga Marta Rodríguez, de la Universidad de Costa Rica y Alfonso Mata Jiménez, como representante de la sociedad civil.
De la comisión se separó Lorelly Arce, de la Defensoría de los Habitantes, quien alista otro informe.
El 13 de marzo se presentó el informe al Ministro de Salud, Rogelio Pardo y Mata comentó que el documento contiene fuertes valoraciones por el bien de la ciudadanía.
A pesar de que no quiso adelantar datos sobre el reporte, afirmó que las municipalidades tienen gran responsabilidad en lo que se refiere a la protección de las cuencas y acuíferos de los que se abastecen algunos acueductos.
«Por ley las cuencas están protegidas pero a nadie le importa porque en las municipalidades hay negligencia, incapacidad, ignorancia y corrupción. Se trabaja sin criterios técnicos y sin concepción de desarrollo sostenible», dijo.
LOS CASOS
*Noviembre de 1999: contaminación fecal en acueducto de Grecia; 630 personas son hospitalizadas.
*Setiembre de 2000: el agua llega de color café y contaminada con herrumbre por más de 12 horas a Nicoya.
*Febrero de 2001: contaminación del agua afecta a 1.500 personas en Alajuela.
*Julio de 2001: brote de diarrea por agua contaminada en Ipís de Goicoechea; 40.000 personas afectadas.
