Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal: Concejo de Carrillo conocerá informe de UCR

El próximo 5 de marzo el Concejo Municipal de Carrillo, Guanacaste, conocerá formalmente el Informe Implicaciones del Proyecto de Ampliación del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal,

A pesar de que los regidores esperaban el documento elaborado por la comisión especial del Consejo Universitario, en octubre el alcalde otorgó un nuevo permiso para construir el acueducto.

El próximo 5 de marzo el Concejo Municipal de Carrillo, Guanacaste, conocerá formalmente el Informe Implicaciones del Proyecto de Ampliación del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal, el cual concluye que hay “un vacío de los roles fundamentales de las instituciones públicas costarricense, pues la mayoría han procedido de modo irrespetuoso con los derechos básicos de la comunidad y,  en particular critica el proceder de los jerarcas de AyA.

El documento fue elaborado por una comisión especial nombrada por el Consejo Universitario de la UCR y dado a conocer en noviembre (Ver recuadro Fuerte presencia de capital transnacional).
Sin embargo, desde octubre del año pasado la alcaldía de ese municipio giró permiso para que continúen las obras del polémico acueducto, a pesar de que los miembros del Consejo Municipal esperaban tener conocimiento formal del documento. Empero, las obras no han reiniciado.
Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario y coordinador de la comisión, señaló que “partimos de la base del compromiso político y moral de ir a presentar el informe, desde la Universidad deseamos que prevalezca la objetividad y el sentido común, los criterios técnicos y científicos, pero soy escéptico”.
Añadió que el objetivo principal de la UCR al elaborar este trabajo es que sirva como insumo e instrumento para la toma de decisiones.
Recordó que en los últimos dos años la UCR ha emitido criterio sobre el impacto de la expansión piñera, el proyecto minero en Crucitas o el golpe de estado en Honduras. “El caso de Sardinal se justifica porque tuvo resonancia a nivel nacional pues se vio a la comunidad organizada para hacer frente al proyecto, se dio represión y otros hechos que involucraron a muchos actores sociales y políticos”.

PERMISO OTORGADO

El conflicto por el agua en Sardinal captó la atención nacional a partir de enero del 2008, cuando un amplio grupo de vecinos de esa comunidad logró detener las obras de construcción de un acueducto gestionado por un grupo de sociedades anónimas agrupadas en un fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR).
Las obras estaban concluidas en más de un 70% y desde entonces se ha mantenido un fuerte pulso entre los vecinos de la comunidad, quienes integraron el Comité pro Defensa del Agua de Sardinal;  los empresarios y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Cabe recordar que entre los empresarios que forman parte del fideicomiso, figuran varios donantes a la campaña presidencial de Óscar Arias de cara a las elecciones del 2006 (Ver UNIVERSIDAD del 25 de junio del 2008).
Posteriormente, el Gobierno nombró una comisión interinstitucional, integrada por funcionarios del AyA, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Esa iniciativa produjo un informe que según informaron jerarcas de esas instituciones, señala que el manto acuífero local tiene suficiente caudal y capacidad de recarga para hacer viable el acueducto proyectado.
Este punto es que aborda el Consejo Universitario para lo cual conforma una comisión especial con personas expertas a fin de analizar el caso y plantear sus propias interrogantes. Además, se hizo una gira a la zona en la que la comisión entrevistó a los actores locales (Ver UNIVERSIDAD del 21 de julio del 2009).
Monestel manifestó que no sólo la Municipalidad de Carrillo, sino el AyA, el MINAET, SENARA y el BCR “han coincidido en apuntalar estos modelos de desarrollo inmobiliario, en atropello de la institucionalidad, la Constitución y el medio ambiente sin ningún sustento científico”. Especificó que el AyA “le ha dado la espalda a la comunidad y más bien da un espaldarazo al modelo que termina en concentración de riqueza y exclusión”.
Desde el Concejo Municipal de Carrillo, Joanna Vega, regidora del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que desde la primera sesión de este año, ante una consulta suya el alcalde liberacionista Carlos Gerardo Cantillo, se confirmó que ya había otorgado permiso para continuar las obras.
“Hay muchas cosas que se han manejado por debajo de la mesa, pues no se tomó en cuenta al pueblo sino que se impuso la construcción del acueducto. Los desarrolladores tienen un poder económico fuerte, pero debe primar la posición del pueblo que es de reconocida oposición”, lamentó.
La regidora dijo conocer el Informe de la UCR y destacó que “dice totalmente lo contrario a lo externado por AyA y SENARA sobre la cantidad de agua disponible en el manto acuífero, pero “el alcalde ha minimizado la importancia del Informe”.
Vega informó que de los cinco regidores de Carrillo, tres son del Partido Liberación Nacional (PLN), uno del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y ella del PAC.
Añadió que espera que el día de la sesión en que se presentará el Informe de la UCR haya un ambiente positivo, “pero parece que ya todo está cocinado, al alcalde el informe de la UCR no le importó, no lo quiso esperar, su actitud es temeraria, contraria a la democracia que tanto se proclama en Costa Rica, este acueducto es impuesto sobre el pueblo en beneficio de los desarrolladores y esto perjudicará no solo a Carrillo, sino también a los cantones vecinos”.
Por otra parte, los opositores al proyecto ya presentaron un recurso extraordinario de revisión ante el Concejo Municipal en contra del permiso de construcción al acueducto. De acuerdo con Gadi Amit, de Confraternidad Guanacasteca, es ilegal entre otras cosas porque “fue emitido a nombre del fideicomiso, el cual no tiene personería jurídica, no puede hacerse responsable de una construcción, en este caso del acueducto de Sardinal hacia Playas del Coco”.
Amit también destacó que ese permiso otorgado sólo se refiere a trabajos en la vía pública, como  la colocación de tubería, pero no incluye el resto de la obra que implica construcción de tanques, pozos, casetillas de bombeo y demás, es decir, “el permiso no es para una obra completa, sino parcial”.
El activista también denunció que “no nos quieren dar acceso a los documentos del expediente a partir de los cuales surge este permiso”. 
Por su parte, Juan Félix Castro, del Comité Pro Defensa del Agua de Sardinal, no se explicó por qué si los inversionistas del fideicomiso ya tienen un permiso de la alcaldía, aún no han reiniciado las obras: “creímos que esperaban a después de la campaña política, no sabemos si están esperando a que tome posesión Laura Chinchilla o alguna otra variable política”.
Sobre la presentación del Informe de la UCR, manifestó: “No tenemos muchas expectativas”, sobre el comportamiento de la mayoría de regidores, pero indicó que “sí generará más temor en ellos, pues una vez que se escuche el Informe será un refuerzo más a todas las acciones de denuncia que se han presentado y todo el trabajo legal y administrativo para detener la obra”.
Tras informar que se maneja la posibilidad de elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lamentó que en el ámbito nacional, “no ha habido ninguna muestra de voluntad de diálogo y por eso la única opción que nos queda es impedir en las calles que la obra se lleve a cabo”.


“Fuerte presencia de capital transnacional”


El  Informe Implicaciones del Proyecto de Ampliación del Acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal fue elaborado por especialistas en diferentes disciplinas como la geología, el derecho, la biología o las ciencias políticas.
Entre sus principales conclusiones, destaca una serie de cuestionamientos sobre el trabajo de la comisión interinstitucional que el Gobierno formó para estudiar técnicamente la capacidad del acuífero local. Así, señala que esa comisión mantuvo el criterio de que es posible explotar 70 litros por segundo de agua del acuífero, a pesar de que “subestima” la interferencia entre los pozos existentes, es decir, la distancia mínima que debe existir entre ellos para que el efecto de bombeo de un pozo no afecte a los otros.
Apunta que esa transformación se caracteriza “por una fuerte presencia de capital transnacional, por medio de inversión extranjera en estas actividades, en particular el turismo y las bienes raíces. Además, han contado con el apoyo de organismos financieros internacionales (BCIE, por ejemplo) e, incluso, de la banca estatal costarricense”.
El pronunciamiento del Consejo Universitario, que recoge varios puntos del Informe, se puede accesar en el sitio www.cu.ucr.ac.cr 


 

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