Pablo Cob, presidente del ICE y Gloria Valerín, presidenta de la comisión mixta que analiza las reformas en esa entidad, coinciden en que la ley 15.083 traerá beneficios para futuras reformas en telecomunicaciones, Internet y energía.
El 60% del dinero que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) utiliza para construir su infraestructura será visto como inversión y ya no como gasto según la fórmula del Fondo Monetario Internacional (FMI) que así lo estipula.
La reforma es planteada en el proyecto de ley para el fortalecimiento y modernización de esa entidad, el cual será presentado en la Asamblea Legislativa a finales de este mes, según explicó el presidente del ICE, Pablo Cob y la presidenta de la comisión especial mixta que estudia el tema, la diputada Gloria Valerín, quienes dieron una entrevista conjunta.
Además, ante reclamos sindicales, consideran irrelevante que el artículo quinto del proyecto sobre la «Competencia del ICE» asegure que esta institución «desarrollará y explotará de forma racional, directa o indirectamente, las fuentes de energía eléctrica (…)».
Algunos sindicalistas consideran que la expresión «indirectamente» se prestaría para facilitar la entrada de multinacionales al país en una eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos.
Entre ellos se encuentran Fabio Chaves, de la Asociación Sindical de Empleados del ICE (ASDEICE), Ricardo Segura del Frente Interno de Trabajadores (FIT) y Jorge Arguedas de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC). (Ver nota aparte: «Grandes suspicacias»).
REFORMA BIEN PLANTEADA
Cob explicó que la «limadura de asperezas» con el Consejo Económico del gobierno comenzó con la incorporación en esa instancia de la Vicepresidenta de la República, Lineth Saborío -muy allegada al presidente Abel Pacheco- y de Fernando Gutiérrez, Ministro de Ciencia y Tecnología.
El último acercamiento para negociar se dio hace un año, según recuerda la diputada Valerín, pero no fue sino hasta después que Saborío lideró la comisión cuando se integró mejor el grupo hacia un consenso.
Este «emparejamiento de la cancha» ha sido una tarea ardua tomando en cuenta la posición dura que han mantenido otros integrantes del consejo como el Ministro de Hacienda, Rafael Carrillo y el de Economía, Gilberto Barrantes.
Sin embargo, para Pablo Cob las discusiones tienen un importante avance «de un 80%» para llegar a la fórmula de que el ICE aparezca como inversor y no como deudor.
También se han sostenido diálogos con las fracciones legislativas y organizaciones sociales.
«Los que han querido mantener la fórmula del Fondo Monetario son funcionarios de alto rango, porque ni esa misma entidad exige que el cálculo de las finanzas del ICE se haga de esa manera», explicó Valerín. «Son los de una misma tendencia de pensamiento quienes debieron entender que hay una conveniencia para el país» de cambiar la posición.
«Hemos demostrado -asegura Cob- que el ICE es positivo como deudor en el nivel internacional y que podemos ser impulsores del Plan Nacional de Desarrollo como lo hemos hecho en los últimos 55 años», manifestó Cob.
Para él, este esquema crearía mayor generación de empleo, penetración de servicios, una fuerte reactivación económica y la infraestructura adecuada para atraer inversiones.
SALVARSE FRENTE A UN RETO
El ICE verá duplicada su demanda de energía dentro de 10 años.
«Esto significa que al contabilizar nuestra inversión de esa manera podremos enfrentar muy bien los proyectos para servir mejor a las empresas, los centros educativos, aparte de las zonas residenciales», puntualizó Cob.
Al preguntarle si al aprobarse el 60% como inversión el ICE estaría preparado para enfrentar los retos que implica la firma del TLC, Cob fue enfático en decir que sí.
Para enfrentar esa situación, añadió, se requeriría de que la Ley de Contratación Administrativa sea cambiada para agilizar los procesos administrativos. Este proyecto legislativo se encuentra en espera en la agenda del parlamento.
Otro factor clave para que el ICE pueda ser competitivo dentro de un entorno que cambió en las últimas dos décadas es brindarle mayor autonomía, de manera que no se deba acudir tanto a organismos externos para buscar permisos o justificar la contratación de personal, lo cual causa hasta seis meses de atraso en algunos proyectos.
La otra parte importante es la rendición de cuentas que hace la institución, «la cual debería recibirse de una manera más sistematizada», aseguró el presidente de la institución.
El artículo 21 sobre «Política Financiera» especifica que el ICE deberá capitalizar los excedentes netos acumulados como reservas para el desarrollo que obtenga de la venta de energía eléctrica, de los servicios de telecomunicaciones e infocomunicaciones y de cualquier otra fuente que las produzca.
Agregó que «deberá reinvertirlos en su totalidad en la prestación, expansión y mantenimiento» de los citados sectores.
Según el proyecto numerado 15.083, será siempre la Contraloría General de la República la que deberá revisar sus licitaciones y contratos, aunque de una forma más expedita. La verificación de legalidad de cada proyecto será más corto.
El artículo 29 del texto estipula que «los contratos que celebren el ICE y sus empresas subsidiarias requerirán la aprobación de la Contraloría General de la República, la cual deberá resolver lo que corresponda dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de la solicitud que le presente la administración».
Añade que «la falta de pronunciamiento dentro de este plazo dará lugar al silencio positivo, con la consecuente responsabilidad personal de los funcionarios encargados».
En todo caso se replantea la figura de la Auditoría del ICE en el artículo 35 que habla sobre el nombramiento de un auditor general, otro para el sector eléctrico, para el de telecomunicaciones, de gestión administrativa y financiera.
¿FRASE TRAICIONERA?
El reclamo de los sindicatos en el sentido de que la frase «directa o indirectamente» que se incluye en el artículo 5 del nuevo proyecto de ley y que sería un portillo de entrada para nuevas empresas de energía y telecomunicaciones en el mercado, fue descartado por Cob y Valerín.
«Para nosotros es más importante darle un marco de fortalecimiento al ICE. Esas frases no tienen importancia si no estamos, por ejemplo, circunscritos en una ley de la industria de telecomunicaciones que es necesario crear», dijo Cob.
Según el jerarca, «indirectamente nosotros hemos trabajado con una contraparte para construir el proyecto La Joya o arrendar las últimas 600.000 líneas telefónicas GSM». «Debemos recordar que la Ley 7200 permite funcionar a los cogeneradores privados; por tanto, no le veo problema en quitar la expresión `directa´o `indirectamente´».
Gloria Valerín recordó que en el artículo 34 de dicho plan se estipulan los contratos de colaboración empresarial y alianzas estratégicas.
En ese texto se asegura que «el ICE y sus empresas subsidiarias podrán celebrar contratos de colaboración empresarial y alianzas estratégicas con entes públicos o privados, dentro y fuera del territorio nacional, para la investigación, desarrollo, ejecución y prestación, directa o indirecta, de los servicios de electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones».
Entre algunas ya existentes se encuentran cuatro cogeneradoras eléctricas privadas, dos que pertenecen a cooperativas municipales, así como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
En todo caso, la legisladora independiente Emilia Rodríguez, quien integra la Comisión Mixta del ICE, presentó el 7 de febrero una moción para que la frase «directa o indirectamente» sea eliminada del artículo 5.
Grandes suspicacias
Los sindicalistas del Instituto Nacional de Electricidad (ICE) consideran que el artículo 5 del nuevo proyecto legislativo 15.083 pone en peligro la potestad absoluta de la institución para decidir cuáles actores privados de telecomunicaciones o energía estarán en el mercado junto con ella.
Para Jorge Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC), la expresión que «de manera directa o indirectamente» la entidad desarrollará y explotará de forma racional las fuentes de energía eléctrica es una peligrosa aproximación a lo que traerá el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos.
Para él, poner esa expresión tomando en cuenta el Anexo I del TLC sobre los Servicios Inalámbricos y, más específicamente, los Servicios Transfronterizos e Inversión, es una forma riesgosa de hacer solapada la apertura en el mercado.
En el cuarto párrafo de esa última sección se habla de que «Costa Rica permitirá sobre una base no discriminatoria, a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de otra parte, competir efectivamente para suministrar directamente al cliente, a través de la tecnología de su escogencia, los siguientes servicios:
* Los de redes privadas, a más tardar el 1 de enero del 2006,
* Servicios de Internet, a más tardar el 1 de enero del 2006
* Servicios inalámbricos móviles, a más tardar el 1 de enero del 2007″.
Arguedas asegura que estos últimos significan voz, datos o servicios de banda ancha prestados a través de medios radioeléctricos en bandas determinadas, usando equipo terminal móvil o fijo, usando celular, servicios de comunicación personal, satélite o cualquier otro tipo de tecnología similar que pueda ser desarrollada en el futuro.
La misma advertencia hizo Ricardo Segura, del Frente Interno de Trabajadores (FIT).
Fabio Chaves, de la Asociación Sindical de Empleados del ICE (ASDEICE), manifestó que «si hablamos del monopolio de las telecomunicaciones debería expresarse que esto lo maneja directamente el ICE y no debería prestarse para redacciones o interpretaciones ambiguas».
DIPUTADOS ATENTOS
El secretario de la Comisión Mixta que analiza el fortalecimiento del ICE, Álvaro González, manifestó sobre el tema que para él no es necesario eliminar la susodicha frase porque se le cerraría la puerta a participantes locales necesarios de cogeneración eléctrica.
«El ICE no puede generar solo proyectos de cuatro kilovatios, otros podrían hacerlo por mucho más», manifestó el legislador liberacionista. «De eliminarse la parte privada entonces proyectos como el hidroeléctrico de Boruca no se podrían hacer».
El diputado dijo estar de acuerdo en que el ICE entre en competencia con otras empresas, sean locales, centroamericanas o estadounidenses, porque «se generaría más competencia y mejores servicios».
No obstante, aseguró que la institución aún mantiene problemas con la cobertura de la telefonía -especialmente celular- y la velocidad en que se puede navegar en Internet.
Gerardo González, del Partido Unidad Social Cristiana -quien también pertenece a la comisión mixta- dijo que deberán manejar con mucho cuidado ese tipo de expresiones legislativas que serán revisadas.
«El ICE no se puede modernizar si no se le flexibilizan los aspectos de contratación y administrativos», dijo.
Rodrigo Alberto Carazo, de Unión Patriótica, manifestó su interés en que la palabra «indirectamente» sea sacada del proyecto para que no haya malinterpretaciones o usos indebidos por ella.
«Creo que con las reglas que vino a sentar el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick, el 2 de octubre antepasado, todas las frases sospechosas deben ser eliminadas».
Federico Malavassi, del Movimiento Libertario, le dio una interpretación diferente al asunto y dijo que «sí puede interpretarse que el ICE, directa o indirectamente, se quiere garantizar el arbitrio para dar o no las concesiones».
