Acusado alcalde que apoya polémica construcción de acueducto en Sardinal

La Cámara de Turismo de Guanacaste (CATURGUA) suspendió una conferencia de prensa en la que participaría como uno de los principales invitados el Alcalde

Cámara de turismo suspende conferencia de prensa en que iba a participar el funcionario 

La Cámara de Turismo de Guanacaste (CATURGUA) suspendió una conferencia de prensa en la que participaría como uno de los principales invitados el Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, Carlos Cantillo, a quien la Fiscalía acusó penalmente por supuestos delitos de corrupción.

“Por causas fuera de nuestro control, debemos cancelar la conferencia de prensa que teníamos programada para mañana 22 de julio en el Hotel Barceló San José Palacio. En cuanto establezcamos una nueva fecha para la misma se lo estaremos comunicando”, indicó el pasado miércoles 21 en un comunicado Laura Sánchez, asistente de prensa de la Cámara.

Dos días antes, la organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca había divulgado una acusación penal que la Fiscalía adjunta de delitos económicos, de corrupción y tributarios presentó contra Cantillo por presuntos delitos de corrupción, tras una denuncia de la Contraloría General de la República (CGR), expediente 09-000019-0621-PE.

A Cantillo, un entusiasta impulsor de desarrollos inmobiliarios en la zona, se le acusa ocultar información sobre cuentas bancarias con más de $11,6 millones y ¢167 millones, cuando entregó su juramento sobre bienes y otros haberes, según lo obliga la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito y la Corrupción en la función pública. Al caso se relaciona además delito de perjurio por parte de tres funcionarios y un exalcalde de la municipalidad  de Carrillo, según el documento de la CGR (DFOE-DDJ-DP-09-2009).

La invitación a la prensa era para hablar de la “disponibilidad de agua en la provincia”, y en particular sobre el controvertido acueducto Sardinal- El Coco-Ocotal, cuya construcción está paralizada desde el año pasado por orden de la Sala IV a raíz de una serie de irregularidades denunciadas por los sardinaleños. La comunidad ha librado una lucha para que el agua del acuífero no sea llevada para abastecer proyectos turísticos e inmobiliarios en la costa. La obra la impulsa un fideicomiso privado creado por empresarios con apoyo del Gobierno.

“Se indicarán los beneficios que generará el acueducto para el desarrollo de Sardinal y de manera global para el turismo en Guanacaste y Costa Rica, así como la importancia del recurso hídrico para apoyar el desarrollo de la región”, decía la invitación a la prensa.

“Se contará con la presencia de Óscar Núñez, Presidente Ejecutivo de AyA Acueductos y Alcantarillados), Carlos Cantillo, Alcalde de Carrillo, representantes de las Organizaciones de Desarrollo de Sardinal y El Coco, así como de Ana Saborío, presidenta de CATURGUA, y de ingenieros especialistas para abordar los temas técnicos”, añadía.

A Cantillo, un contabilista que pretende reelegirse por la papeleta del Partido Liberación Nacional (PLN) en las elecciones para alcalde de diciembre próximo, se le procesa junto con los regidores René Contreras y José Francisco Contreras, con quienes comparte supuestamente cuentas bancarias mancomunadas, y a un hombre identificado como Franklin Rivas.

De acuerdo con la acusación, en su declaración a la CGR en cumplimiento de la Ley contra el enriquecimiento ilícito, el alcalde ocultó información sobre cuentas en el Banco de Costa Rica (BCR) por más de $11.657.000 y ¢66.673.000 en cuenta del Banco Popular. Además, depósitos a plazo en el BCR por ¢19 millones entre otros, por un total de ¢167 millones.

El caso fue presentado por la CGR desde el 6 de marzo del 2009 ante la Fiscalía en San José, pero no fue sino hasta febrero del 2010 que se trasladó al tribunal, en Santa Cruz, Guanacaste, y el 30 de junio la representación del Ministerio Público solicitó medidas cautelares.

Cantillo habría recibido depósitos de la empresa Sociedad Altro Invertre S.A., propiedad de los hermanos Anselmo y Riziero Baldini, supuestos dueños del Hotel Las Palmas, ubicado en Playas de El Coco, distrito de Sardinal.

Además, entre el 2005 y el 2006 habría depositado a su nombre y por medio de terceras personas $11.656.869 en sumas superiores a los $10.000, y recibido más de ¢166 millones entre el 31 de mayo del 2006 y el 17 de junio del 2008, según la denuncia.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA), afirmó que “se sigue destapando el chorizo” de la privatización de los bienes públicos, las playas y las fuentes de agua en Guanacaste. Esto es solo una parte de la gran corrupción existente y de las relaciones entre políticos y desarrolladores inmobiliarios en Guanacaste, sostuvo Villalta en el plenario legislativo en relación con esta denuncia.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”, anotó un comunicado de Confraternidad Guanacasteca a propósito del anuncio de la conferencia de prensa de CATURGUA, y advirtió que el “Gobierno repite errores en Sardinal.”

“La alianza AyA, inversionistas, municipalidad, está por sufrir una nueva catástrofe.” En la conferencia de prensa Óscar Núñez, Presidente Ejecutivo de AyA, se sentará a la par del Alcalde liberacionista Carlos Cantillo, quien  pretende reelegirse en el cargo y está denunciado por corrupción, agregó la agrupación.

Afirmó que Núñez al igual que Ricardo Sancho, el anterior Presidente Ejecutivo de AyA, se equivoca al faltarle el respeto al pueblo de Sardinal. “Se reúne a espaldas del pueblo, conversa y llega a acuerdos con los inversionistas que violentaron las leyes, evadieron impuestos y dañaron el medio ambiente. Piensa apoyarlos, para seguir haciendo más de lo mismo. A nosotros, nos falta el respeto y no nos responde, a pesar de que se lo ordenó así la presidenta Laura Chinchilla” en una nota dirigida a Núñez.

Si por la víspera se saca el día, el  nuevo Gobierno seguirá ignorando las leyes, los pronunciamientos de la Defensoría de los Habitantes, la CGR y la Sala Constitucional y tratando de hacer lo que conviene a sus amigos del “sindicato de inversionistas”, acotó la agrupación.

DISPUTA CANDENTE

Gadi Amit, dirigente de Confratenidad, consideró que la denuncia penal presentada demuestra que “estamos tratando con un grupo de corruptos a todo nivel.” 

Dijo que el tema del agua sigue candente en la zona, donde los desarrolladores están intentando por un lado y otro obtener agua sin permiso.

Comentó que el mes pasado intentaron hacer caso omiso de lo que ordenó la Sala, “pero nosotros les paramos las obras que estaban realizando.”  Ellos intentaban conectar unos pozos de playa de El Coco a un tanque del acueducto en construcción para llevar agua a Ocotal, que es la zona que está más urgida de recibir agua del proyecto.

Preguntado sobre si los desarrolladores estarían intentando reanudar las obras contraviniendo el mandato de la Sala IV, consideró que para retomar la construcción del proyecto, los empresarios lo que pueden hacer es presentar un nuevo expediente a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para obtener la viabilidad ambiental, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que la Sala dijo que estaban mal y que tienen que cumplir.

La viabilidad la tramitó AyA con un acuerdo de compromisos ambientales y no corresponde que lo tramite un ente del Gobierno, sino que se tiene que tramitar como obra privada por parte del grupo de empresarios privados y necesariamente debe hacerse un estudio de impacto ambiental.

Se tiene además que hacer el estudio del manto acuífero, estudios de fragilidad, de contaminación de aguas subterráneas y otros que ordenó la Sala. Si cumplen con todo eso, podrían obtener la viabilidad para el proyecto, y obtener luego los permisos de construcción. A la Defensoría de los Habitantes llegó una carta del Servicio Nacional de aguas subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) que dice que ellos van a empezar a hacer el estudio del manto acuífero, y lo mínimo que se lleva es un año, dijo Amit.

 

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