Ciertos sectores sociales denunciaron a UNIVERSIDAD que la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, irrespetó la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al expresar por los medios de comunicación su malestar respecto a cómo habían integrado una comisión externa que investigaría el estado interno de la entidad.
Dicha comisión fue establecida por la junta directiva de la Caja, y tendría como objetivo investigar la sanidad financiera del seguro de salud. Su conformación era tripartita, es decir, integraba a un representante del sector patronal, uno laboral y otro empresarial.
Los nombres que fueron propuestos por la junta directiva fueron Alberto Trejos, exministro de Comercio Exterior y economista, Mario Devandas, economista y representante del sector sindical, y Rafael Carrillo, empresario e ingeniero.
En un inicio todos los postulantes aseguraron estar dispuestos a conformar esa comisión, pero aparentemente, luego de que la Presidenta Laura Chinchilla se manifestara descontenta con la integración del grupo, renunciaron Carrillo y Trejos.De acuerdo con Agustín Páez, miembro de la junta directiva de la CCSS, la idea es que esa comisión técnica elabore un estudio para determinar cómo se encontraba el seguro y luego de un largo proceso de análisis se llegó a los tres nombres propuestos.
El directivo manifestó que después hubo declaraciones de la Presidenta diciendo que no le parecía la integración de esa comisión, que era gremialista. Dado que renunciaron dos de los postulados, la junta directiva tomó la decisión de buscar otra alternativa y revirtió el acuerdo.
Ante esta situación, en la sesión pasada de la junta directiva se acordó buscar una asesoría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para continuar con el proceso de investigación.
“Yo personalmente me opuse a esta decisión, porque considero que las declaraciones de la Presidenta Chinchilla comprometen de manera importante la autonomía de la Caja y la decisión que habíamos tomado sobre la integración de esa comisión no debió variar por presiones del Gobierno”, explicó Páez.
En este sentido, Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) dijo que es preocupante la forma en que la presidenta Chinchilla influyó para que se abortara la primera comisión.
“Consideramos que esto podría ser, posiblemente, una manera de justificar el cambio en el sistema de salud, trasladando los servicios médicos a las empresas privadas a un elevado costo para la institución, además de una forma de esconder que los gobiernos de turno son los responsables directos de los problemas que padece la Caja”, dijo el secretario de UNDECA.
Para el representante de la Central Juanito Mora y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Edgar Morales, la posición del Poder Ejecutivo demuestra una verdadera intromisión en los asuntos propios de una entidad autónoma.
“Nosotros repudiamos y le hicimos saber a la Presidenta Chinchilla que vamos a estar vigilantes para que respeten las decisiones de la institución, pues es a la Caja y a la junta directiva a las que les compete establecer esta comisión. Estábamos muy entusiasmados porque teníamos en este grupo a una persona que vendría a defender los intereses de las personas trabajadoras y nos preocupa la actitud del Gobierno”, comentó Morales.
El dirigente de la Central Juanito Mora explicó que la Caja tiene serias problemáticas, las cuales incluso han sido denunciadas por las organizaciones durante mucho tiempo.
Parte de esos problemas que enfrenta la CCSS son las millonarias deudas que tiene el Estado con la entidad, lo que ha afectado directamente en la falta de equipos, recurso humano, medicamentos, listas de espera y muchos otros.
PROBLEMA CRECIENTE
Por muchos años, el Estado ha mantenido una enorme deuda con la Caja, pues no le cancela los montos por concepto de seguro de salud, cifra que a diciembre del 2010 alcanzó los ¢262.622 millones.
De acuerdo con el economista Mario Devandas, experto en Política Económica con énfasis en Empleo y miembro de la comisión disuelta por la junta directiva, la preocupación del Gobierno debería estar enfocada en buscar alternativas para pagar a la Caja todos esos recursos, lo que le ayudaría a la institución a hacerles frente a los problemas con mayor tranquilidad.
“El principal problema es que el Gobierno no paga y la deuda sigue creciendo, además la Caja ha sido sumamente complaciente al permitir que esto suceda y de paso, acepta la intromisión política que favorece los intereses gubernamentales por encima de la entidad. Por ejemplo, en la época de Eduardo Doryan, se le condonaron los intereses de la deuda al Estado y aún así no han cancelado”, dijo el economista.
Devandas señaló otra serie de escollos que afectan las finanzas de la entidad y por lo que era necesaria la realización de un estudio por parte de la Comisión, como son los propios de administrar una entidad grande y compleja, el cambio en la población que atiende la CCSS. Todo ello exige una modificación en los servicios, concluyó.
También existe una discusión sobre la forma en que se administran los EBAIS (Equipo Básicos de atención Integral), las clínicas periféricas y los hospitales, así como del cambio que han experimentado las ciencias médicas y lo sofisticado de los tratamientos actuales.
Para el economista, la Caja tampoco recibe los recursos que por ley le corresponden; una prueba de ello es que el movimiento sindical negoció en 2001 la Ley de Protección al Trabajador, donde se estableció que las empresas públicas deben trasladar un porcentaje de sus utilidades a la institución; a la fecha ese dinero no se ha girado.
“Pienso que la Presidenta Chinchilla lo que quería era crear una comisión que le recomendara lo que ella esperaba, que no sabría decir lo que es, y evitar a toda costa que la junta directiva nombrara una comisión tripartita, como lo establece su constitución. Verdaderamente es lamentable esta actuación”, acusó Devandas.
COMISIÓN DE OPS
El directivo Agustín Páez afirmó que en principio él no ve con malos ojos la creación de la nueva comisión integrada por representantes de la OPS y que su molestia radica en que el Poder Ejecutivo interviniera en la decisión de la entidad autónoma.
Al igual que el grupo integrado en un inicio, la función es analizar el seguro de salud; sin embargo, aún no tienen claro sobre cuál será la metodología que se utilizará para llevar a cabo el estudio.
Páez detalló que la Caja brindará una contraparte institucional, de manera que les faciliten y den los documentos para llevar a cabo el trabajo. Lo que es cierto, es que esperan que se trate de un informe a corto plazo.
Por su parte, Luis Chavarría de UNDECA señaló que ambos miembros de la comisión vienen de realidades muy distintas a la costarricense y que los sistemas de salud son diametralmente distintos al nuestro.
El dirigente sindical indicó que uno de los investigadores es argentino y el otro es estadounidense, lo que en ambos casos le genera desconfianza, pues en el primer caso la salud pasó a manos privadas, y en Estados Unidos, solo el que tiene dinero puede garantizarse un servicio de salud.
“Nos preguntamos qué recomendaciones pueden dar dos expertos que lo que conocen es el sistema de salud privado; por ejemplo, en Estados Unidos existen 60 millones de personas que no tienen seguro y ni siquiera Obama ha podido instaurar una forma más solidaria. Nos preocupa que sus recomendaciones vengan a favorecer la medicina privada”, añadió Chavarría.
Adicionalmente, Mario Devandas aseguró que él asumió el compromiso con muchas organizaciones sociales para determinar cuál es la situación de la Caja, por lo que con comisión o sin esta continuará el estudio.
Aseguró que es probable que un grupo de personas le acompañen en este proceso y que podrían integrar una comisión ad hoc, donde se tomen en cuenta los conocimientos de muchos expertos y se incluya a los diversos sectores de la sociedad.
