Gobierno aún no divulga proyecto de «Ley general de telecomunicaciones».
Gloria Valerín, diputada y expresidenta de la comisión mixta que analizó- el fortalecimiento del ICE.
Mientras Aracelly Pacheco, jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) se opone a que esa entidad pierda sus potestades de regulación, la diputada y expresidenta de la desaparecida comisión especial mixta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Gloria Valerín calificó- de «vergonzoso» el proyecto de «Ley general de telecomunicaciones» que abrir’a este sector a la competencia privada.Este plan aperturista impulsado por el Consejo Económico de la administración del mandatario Abel Pacheco aún se encuentra tras la bambalina gubernamental a la espera de que este lo haga público, y es una de las exigencias que plantea el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Las organizaciones sindicales del ICE aseguran que este proyecto es ni más ni menos que la privatización de los servicios de telecomunicaciones que brinda la mencionada institución como operador monopólico y bajo principios de universalidad y solidaridad.
Este Semanario ofreció en su edición anterior («Sindicatos del ICE rechazan proyecto de telecomunicaciones») un amplio reportaje acerca de la propuesta gubernamental y de la oposición de las organizaciones laborales del ente. El documento consta de 53 páginas, 123 artículos y una docena de transitorios; aunque su circulación ha sido manejada con gran sigilo por el equipo económico, este periódico tuvo acceso a una copia.
La idea del Consejo Económico es dejar libre la fijación de las tarifas, que no se otorgue ningún tipo de subsidio a los usuarios, eliminar el Departamento Nacional de Control de Radio, y que el manejo y control del citado sector quede en manos de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyos directivos serían nombrados por el Consejo de Gobierno.
Para la legisladora Valer’n, este proyecto es muy peligroso para los intereses del país, y su eventual aprobación significar’a «sin ninguna duda, terminar de sepultar al ICE».
Por su parte, al consultársele el pasado 19 enero a Roberto Dobles, exrepresentante en la comisión mixta por la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) y también expresidente ejecutivo del ICE, en torno al proyecto, dijo que acababa de recibir ese d’a el texto y le llevar’a la semana siguiente analizarlo en detalle.
Entretanto, el presidente ejecutivo del ICE, Pablo Cob, afirmó- a UNIVERSIDAD el pasado 13 de enero que se referiría al proyecto la semana siguiente, ya que se encontraba estudiándolo.
Sin embargo, a pesar de múltiples llamadas y mensajes a sus teléfonos, a su oficina, y de que se le envió- la consulta a su dirección de correo electrónico, al cierre de edición (lunes 23) su secretaria respondió- que las declaraciones las podría dar Carlos Obregón, subgerente del sector de energía y coordinador de una comisión institucional que evalúa el proyecto. No fue posible hablar con Žl ese d’a.
CONTROLES DE ARESEP
Para la reguladora general Aracelly Pacheco, no es conveniente que la «Ley general de telecomunicaciones» quite potestades a la ARESEP y duda de que la liberalización de tarifas beneficie a los usuarios.
A pesar de que el órgano que dirige es el encargado de regular servicios como los de telecomunicaciones, la funcionaria explicó- que en ningún momento esa entidad fue consultada o se le tomó el parecer para la redacción de este proyecto. Lo poco que hasta la fecha conoce de este plan, le ha llegado por v’as no oficiales.
Pacheco comentó que la ARESEP ha defendido con criterios fundamentados la necesidad de que la regulación de las telecomunicaciones está bajo su cargo y mantiene esta opinión aún cuando sea aprobado el TLC ó, porque «ha demostrado ser una entidad con suficiente experiencia, preparación e independencia probada, por lo cual garantiza a los usuarios de estos servicios la ausencia de criterios que no están fundamentados técnicamente».
Ya sea con la estructura actual o con adecuaciones que le permitan fortalecerla y enfrentar mejor los requerimientos últimos en esta materia, siempre han propiciado que la ARESEP mantenga sus potestades reguladoras, puntualizó-.
Ella no ve con buenos ojos la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la cual asumiría las potestades de la ARESEP, pues «somos un país muy peque-o y estimo que en los países grandes en donde amerita tener organismos reguladores especializados por cada uno de los servicios regulados, pueden darse ese lujo; pero, en uno tan peque-o como el nuestro, es suficiente con un órgano regulador».
Acerca de liberar las tarifas, Pacheco adujo que «si estuviéramos en un mercado grande que permitiera una competencia efectiva en beneficio de los usuarios para bajar los precios no tendría objeción. Sin embargo, con un mercado tan peque-o y que puede ser tomado por un operador ha pesar de las normas que regulen la competencia, no veo que sea beneficioso para los usuarios. Siento que mantener la regulación tarifaria ha sido bueno para este país, y de hecho tenemos tarifas muy buenas, o si no las mejores en Centroamérica y de muchos países del mundo».
Es cierto agregó que hay ciertas condiciones o privilegios que maneja aquí’ el operador único; pero, en un rŽgimen abierto y con un mercado tan peque-o, tengo serias reservas de dejar la regulación tarifaria a la libre.
Instó a que se promulgue la mejor ley posible, que beneficie a los usuarios, que no se pierdan los «pocos» beneficios logrados ó en relación con otros países ó y que se establezcan más ventajas a favor de los usuarios y del desarrollo nacional.
PELIGROSO
Mientras tanto, la diputada Gloria Valer’n cree que este proyecto no beneficia en nada a la población costarricense y puso como ejemplo la eliminación del principio de servicio al costo, que «es lo único que ha garantizado a Costa Rica que los servicios públicos puedan ser pagados por la mayoría de la población y que haya partes de los servicios que subsidien a las personas que no pueden pagar la tarifa real».
La preocupación por eliminar este principio ha estado presente en la redacción del proyecto de fortalecimiento del ICE y ahora en este de telecomunicaciones, dado que el sector privado se rige por el ánimo de lucro, record-.
Para la legisladora y también abogada, en el proyecto «hay terribles aberraciones constitucionales, porque despoja a la Asamblea Legislativa de su competencia para otorgar las concesiones a los operadores en el campo de las telecomunicaciones, y crea una supercomisión de regulación que no solo recibe estas potestades, sino para quitar inclusive concesiones ya otorgadas, como podrían ser algunas que el ICE tiene».
Valer’n asevera que el proyecto también acabar’a con los principios actuales de universalidad y solidaridad en las telecomunicaciones, para dejarlas totalmente abiertas. «No se trata de ninguna apertura gradual o selectiva, y se crea una supercomisión reguladora con potestades exorbitantes, para asegurarse de sacar al ICE del mercado», añadió-.
En su criterio, «esta gente (los proponentes del proyecto) se están equivocando, pues no han terminado de entender que en este país una buena parte de nosotros queremos que el
ICE siga dando los servicios y que no se entreguen a las empresas transnacionales de la manera tan indecorosa y descarada en que lo quieren hacer, para que los socios nacionales hagan grandes negocios con esas empresas, con la consecuente desaparición del ICE».
En relación con la supuesta autonomía que tendría la CRT, Valerín argumentó que «no hay tal entidad autónoma; es una que estará en manos de la gente que quiere acabar con el ICE, que quieren que las telecomunicaciones sean privadas».
Este proyecto debe ser desechado y «conmigo que ni siquiera cuenten para nada» (…). «Eso es un descaro, es no tener el mínimo decoro para engañar a la gente. Se quitaron la careta. Son unos sinvergüenzas», exclamó.
