El uso de troncos y contenedores en puentes es una de las anomalías encontradas en la trocha fronteriza (Foto: LANAMME).
La presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, llegó a la comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa a sacudirse de la responsabilidad que desde la oposición le indilgan a la entidad por la construcción sin controles de la cuestionada trocha fronteriza o Ruta 1856.
Mientras tanto, se mantiene la incógnita de fondo en la investigación que realiza la comisión legislativa, y es determinar quién y en qué momento tomó la decisión de construir esa ruta de 160 km a lo largo de la frontera con Nicaragua, sin diseños, planificación ni controles en los gastos, lo que habría dado lugar presuntamente al cobro de multimillonarios sobreprecios por las obras que se repartieron entre funcionarios y contratistas.
Rosales fue la primera funcionaria pública llamada a comparecer, la semana pasada, ante la comisión, que ha convocado a una serie de jerarcas a declarar, con el propósito de establecer responsabilidades por el mal manejo de los recursos empleados en la trocha. Este martes 26 debía hacerlo el Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo.
La presidenta de la CNE remitió la responsabilidad por el uso de los fondos empleados en la obra, al Consejo Nacional de Concesiones (CONAVI). El gobierno ha justificado la obra aduciendo el decreto emitido por el Poder Ejecutivo en febrero del 2011, para responder a la amenaza creada por la invasión de tropas nicaragüenses a la isla Calero en octubre del 2010, y los trabajos de dragado del gobierno de Nicaragua en el río San Juan, en el área fronteriza.
El argumento no convence a diputados de la comisión como el socialcristiano Luis Fishman, quien pone en duda que se pueda cobijar con el decreto la construcción de la trocha fronteriza y la improvisación con que se hizo, incluidos graves daños ambientales que han sido denunciados.
En la comparecencia, la presidenta de la CNE citó leyes y reglamentos para demostrar por qué la fiscalización y control de los fondos empleados en la trocha no le correspondían a esa entidad. Argumentó que el CONAVI construyó con fondos propios el proyecto hasta diciembre del 2011 (¢17.500 millones) y no fue sino hasta febrero pasado que el CONAVI solicitó recursos del fondo nacional de emergencias (¢10.000 millones) para continuar las obras, a lo que luego añadió otra solicitud de ¢9.000 millones.
Esos recursos se le trasladaron al CONAVI mediante la figura de donación, procedimiento avalado por un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), y la Contraloría General de la República (CGR) autorizó que se incorporaran al presupuesto de CONAVI.
“La propuesta que nos hace el CONAVI era utilizar los recursos donados para terminar las rutas, sobre todo en aquellas obras que más estaban preocupando, el manejo de aguas y mejorar el lastreo en algunos sectores, no solo en la ruta fronteriza, sino en todas las rutas nacionales y cantonales que estaban siendo intervenidas, y en ese momento había una paralización de los trabajos”.
Los recursos donados por el fondo de emergencia fueron depositados en la cuenta especial de caja única a favor de CONAVI en dos tractos: el primero de ¢10.000 millones el 6 de marzo del 2012, al amparo del convenio que habían firmado para el efecto las dos entidades, y el segundo el 26 de marzo del 2012 al amparo del adéndum número 1 del convenio. A partir de ese momento, el CONAVI asumió la responsabilidad de administrar y fiscalizar la ejecución de esos fondos, explicó Rosales.
El CONAVI no podría echar mano a dichos recursos sin la aprobación de un presupuesto extraordinario y la CGR le autoriza ese presupuesto el 26 marzo del 2012.
En mayo del 2012, la directiva de la CNE determinó que CONAVI utilizó entre las últimas semanas de abril y la primera de mayo, ¢2.522 millones de los recursos donados, de manera que le solicitó los respaldos estipulados en el convenio para el uso de los recursos.
La información enviada por el nuevo director ejecutivo de CONAVI, José Luis Salas, la CNE la consideró insuficiente, por lo que se le pidió ampliarla y está a la espera de recibirla. La junta de la CNE ha sido reiterativa ante las autoridades de CONAVI en cuanto a la obligatoriedad de rendir un informe al menos trimestral de anticipo de las obras, a partir de los recursos donados con base en el convenio, relató Rosales.
La funcionaria insistió en que no le corresponde a la CNE velar por todos los fondos que en otras instituciones se hayan invertido en la construcción de la Ruta 1856.
OTRA INTERPRETACIÓN
Por el contrario, con base en la Ley de emergencias, los mismos reglamentos y el decreto de emergencia, diputados de oposición opinaron de manera totalmente opuesta, en el sentido de que la CNE no puede desentenderse del control que debe tener en las actividades y obras emprendidas para atender la emergencia decretada.
“Me parece que la ley, el decreto, los reglamentos y el dictamen de la Procuraduría General de la República son claros en que la CNE puede donar recursos, pero también la CNE no puede evadir el control y la fiscalización que debe hacer de esos recursos”, consideró Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana.
Por su parte, Fishman dijo haber quedado más confundido de lo que estaba antes de la comparecencia de Rosales. “Si vamos a seguir actuando de esta forma, de que a mí no me toca, que los recursos los estaba manejando CONAVI y que hiciera lo que quisiera a pesar de una declaratoria de emergencia, eso es terrible para el país”, apuntó.
“No quieren asumir responsabilidades. Por eso ya enviamos una carta a la CGR y a la PGR, para que en definitiva sean esas instituciones las que determinen hasta dónde llegan las responsabilidades de la CNE”, comentó.
Por otro lado, lamentó la actitud de los diputados y diputadas del Partido Liberación Nacional en la comisión, de hacer “defensas a ultranza” de lo actuado con la carretera, lo que desentona con lo que debe ser una investigación seria y responsable de algo tan grave como lo acontecido en la frontera norte.
“Aquí lo que se está es tratando de tapar algo y que no se llegue a las últimas consecuencias”, y garantizo que en una comisión como esta, donde hay mayoría oficialista, “no va a salir absolutamente nada”, afirmó Fishman, vaticinando el previsible resultado de la investigación, donde lo más probable es que habrá un dictamen de mayoría oficialista, absolutorio, y uno minoritario de oposición.
No obstante, el diputado dijo que van a seguir insistiendo para establecer los alcances de la ley y sentar responsabilidades.
EMERGENCIA
La posición de los representantes oficialistas ha sido que existe una campaña de desprestigio por parte de la oposición, exagerando defectos en una obra que solo es una trocha y no está terminada, y que se hizo como respuesta a la emergencia provocada por la amenaza a la soberanía del país por parte de Nicaragua.
“Es una emergencia nacional, es la seguridad del país la que nos puso en movimiento”, dijo la diputada Alicia Fournier, del PLN.
Aseguró que no es momento aún de establecer responsabilidades en la comisión, donde se debería establecer primero por qué se hace el decreto de emergencia, para lo cual se ha llamado a audiencia al canciller Enrique Castillo, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora. “Tendremos que ver cómo se fue construyendo la Ruta 1856 y cómo se fueron rehabilitando los accesos a esa ruta. Creo que nos falta mucho, uno no puede empezar señalando culpables.
Hay dos personas señaladas por el Ministerio Público, pero no han sido acusadas, y hay que ver cómo fueron hechas las contrataciones y dónde hubo algún desvío o mal manejo de los fondos públicos, y es lo que se está investigando, declaró Fournier.
Mientras tanto, el CONAVI informó que en tres meses podría publicar el cartel de licitación para contratar a las empresas que terminarán la trocha fronteriza, con la idea de que las obras, actualmente paralizadas, se reinicien a inicios del 2013.
Según el director del CONAVI, en la obra se han gastado ¢19.000 millones, pero aún faltan cuentas por pagar y desconoce a cuánto podría ascender el costo final. Por el momento, la entidad intenta echar mano de ¢7.500 millones que se encuentran en la caja única del Estado y el Ministerio de Hacienda se los tiene congelados, por lo que ha solicitado que se le liberen.
