«El nombre mismo del TLC no es cierto, porque no se refiere al comercio, sino fundamentalmente a las inversiones extranjeras que ya están en Chile. Lo correcto sería llamarlo Tratado de Libre Circulación de las Transnacionales», dijo Orlando Caputo.
Los tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), tienen como propósito central proteger las inversiones de las empresas transnacionales en los países donde se establecen, y lo hacen «sacando» sus operaciones de las jurisdicciones y competencias de los Estados nacionales.
Esta fue la coincidencia principal que manifestaron la investigadora Lourdes Rigueiro, del Centro de Estudios Internacionales, de Cuba, el economista chileno Orlando Caputo, y su colega mexicano Enrique Dussel, durante un seminario realizado la semana pasada con representantes de organizaciones sociales del país, reunidas en el «Encuentro Popular».
A continuación, su análisis en cuanto a la verdadera cara del «modelo chileno», la experiencia de México con el TLC y el desafío textilero de China, y las implicancias de las negociaciones del ALCA.
El «modelo» chileno
Ahora, ni el cobre
Para el economista Orlando Caputo, lo primero en cuanto a la firma de los TLC por parte de Chile es que dada la concepción «fundamentalista neoliberal, en nombre de la libertad de comercio», se inició una apertura unilateral desde antes de 1996, cuando se firmó su primer tratado con Canadá.
«Chile bajó sus aranceles sin importar si otros países lo hacían, en un momento en que en ese país ya existían grandes inversiones extranjeras,» explicó.
Entonces ¿cuál era la necesidad de firmar un Tratado con Canadá? «Para asegurar las inversiones transnacionales, de modo que no se rigieran solo por las leyes chilenas, sino por acuerdos internacionales», dijo.
Lo mismo ocurrió más recientemente con el TLC firmado con Estados Unidos, en torno al cual el gobierno del presidente Ricardo Lagos «hizo una campaña muy grande, a pesar de que no había novedades.»
Caputo, economista conocido en el continente por ser uno de los autores de la Teoría de la Dependencia, calificó a este último tratado como de «gato por liebre».
«El nombre mismo del TLC no es cierto, porque no se refiere al comercio, sino fundamentalmente a las inversiones extranjeras que ya están en Chile. Lo correcto sería llamarlo Tratado de Libre Circulación de las Transnacionales», ironizó.
Para demostrar su punto, Caputo dijo que cuando se firmó el TLC con Canadá, las inversiones de este país en Chile rondaban los $6.500 millones y las exportaciones canadienses a su país eran de $512 millones. En contraste, las inversiones chilenas en ese país del norte apenas llegaban a $1 millón y las exportaciones eran de $247 millones.
«Las inversiones canadienses en Chile eran 15 veces mayores que las importaciones de productos canadienses. Es claro que lo que se está protegiendo son las inversiones. El capítulo más importante de ese TLC es precisamente el que define las reglas de juego de en cuanto a las inversiones», dijo.
Recordó que la globalización «es el dominio de las transnacionales que producen, por sobre los Estados nacionales en todo el mundo.»
Lo anterior también queda expuesto en el hecho de que «las importaciones que Chile hace de Canadá son realizadas por empresas canadienses o norteamericanas que operan en Chile, y la mayoría de las exportaciones chilenas son de empresas norteamericanas o canadienses que operan en Chile. Es decir, que la disminución de aranceles favorece a las propias transnacionales.»
El economista también detalló que «las empresas nuevas exitosas, que lo son porque recibieron apoyo institucional, con compradas por extranjeros.»
Caputo puso el ejemplo del principal producto de exportación chileno, el cobre, cuyo control fue prácticamente tomado por empresas extranjeras.
«En Chile se aplica el neoliberalismo en forma muy fundamentalista. Esta economía no ofrece ninguna estrategia nacional de desarrollo. Por el contrario, destruyó todo lo nacional creado anteriormente. Antes el cobre era exportado refinado, es decir, con valor agregado. Ahora es enviado como concentrado de cobre, para ser refinado en Canadá, Japón y Estados Unidos», dijo.
Agregó que hasta el primer año de la dictadura militar, en 1974, casi el 100% del cobre era chileno, porque la industria se había nacionalizado. Esto porque en su país se sabe que «quien controla el cobre, controla la economía nacional y el poder.»
Antes el Estado recibía el 50% del valor total de las exportaciones de este mineral. En 1989, tan solo el 5%. Además, los manejos de las transnacionales del cobre hicieron caer el precio del mineral, de modo que si a comienzos de los años 90 una libra costaba 65 centavos de dólar, a finales de esa década costaba tres centavos de dólar.
«Una libra de cobre valía igual que una cocacola familiar, a pesar de que para refinarlo se requieren 300 operaciones», dijo.
Como consecuencia de lo anterior, creció la deuda externa de Chile. «Es el único país de América Latina en que la deuda aumentó en los últimos seis años», agregó, pues pasó de $37 mil millones a $44 mil millones.
«Hoy la pobreza en Chile es mayor, tanto en términos absolutos como relativos, que antes de la dictadura. ¿De cuál «modelo» chileno se habla?», concluyó.
14 años de TLC en México
Apertura no genera empleo
Para el economista Enrique Dussel, el caso de México, que se incorporó al TLC de América del Norte (TLCAN), es decir, con EE.UU. y Canadá, en 1994, ayuda a recordar que como resultado de la producción flexible y de los encadenamientos mercantiles globales, el fenómeno llamado globalización consiste en realidad en «transferir pequeños fragmentos de las cadenas de valor a territorios en otros países, lo cual tiene un efecto sobre todo en el municipio donde se instala», de allí que se hable, más bien, de un proceso de «glocalización.»
Así, por ejemplo, «la IBM tiene miles de proveedores en todo el mundo», uno de los cuales es la empresa INTEL, e hizo alusión a la planta de esta transnacional que opera en La Ribera de Belén, provincia de Heredia.
Pero la experiencia mexicana indica que «generar encadenamientos endógenos es muy complicado» debido al alto costo de la inversión que se requiere para producir los insumos o servicios requeridos. Por el contrario, se ha constatado que estos enclaves «generan un alto grado de polarización territorial y socioeconómica.»
Dussel agregó que «México tuvo nula preparación para integrarse al TLCAN. No se realizaron estudios, los diputados ni siquiera conocían el texto del tratado cuando lo votaron.»
En cuanto a los resultados hasta el momento, dijo que «efectivamente, hoy el único motor del crecimiento de la economía son las exportaciones», y agregó que la composición de éstas «ha cambiado sustancialmente».
Si antes el 30% de ellas era de un nivel tecnológico medio y alto, ahora esto «se duplicó» (principalmente en lo que se refiere a la maquila de automotores, auto-partes e industria electrónica).
Pero, agregó, «el sector exportador no genera empleo, pues las maquiladoras son intensivas en capital y no en fuerza de trabajo.»
«En los últimos tres años se ha producido una caída sustancial, del 25%, en el empleo de en las maquilas», explicó.
Alertó además, sobre lo que llamó «el mito que existe contra el sector agrícola, que le ha costado mucho a América Latina».
«No es mejor exportar «chips» que frambuesas, pues éstas pueden tener mucho más valor agregado», explicó.
Añadió que los casos de México y Centroamérica son muy parecidos, porque la racionalidad de la estrategia exportadora es la misma. Las transnacionales «no pagan impuesto al valor agregado, ni impuesto sobre la renta, ni aranceles, realizan importaciones rápidas temporales para su exportación, y detrás hay procesos muy primitivos.»
Lo anterior repercute en causar problemas fiscales, «pues no contribuyen al fisco. La economía crece en términos de Producto Interno Bruto, pero no contribuye al fisco», enfatizó.
Pero, además, ¿quiénes realizan las exportaciones mexicanas? El economista dijo que de 3 millones de empresas existentes en su país, 3.500 concentran el 96% de las exportaciones, pero principalmente 300 maquiladoras, las cuales, sin embargo, solo producen entre el 5% y el 6% del empleo de su país.
En este contexto, agregó, México y Centroamérica deben encarar el desafío que implica la economía de China. ¿Qué tienen en común Estados Unidos, Japón y China?
«A diferencia de América Latina, en estos países hay un masivo financiamiento -y en el caso de China, apoyo estatal- al sector productivo, porque si no tienes financiamiento, no participas», comentó. «El financiamiento bancario a las empresas muestra una relación de 8 a 1 entre China y México», agregó.
Dijo que en China se está produciendo «una masiva migración de la población rural a las ciudades, lo cual plantea la necesidad de generar empleo en el sector industrial, tanto en función del mercado interno como externo», que es lo que está haciendo el gobierno de ese país para combatir la pobreza. El resultado es que la economía china crece sostenidamente, desde hace varios años, a una alta tasa anual.
En este contexto, China se ha especializado en la cadena de hilo textil y confecciones, donde participa con más del 70% del mercado, y en lo cual «compite directamente con México y Centroamérica».
Esto plantea a la región «un problema estructural serio, pues compiten en terceros mercados, especialmente en Estados Unidos», pero China tiene la ventaja de que invierte «muchos recursos económicos e institucionales en alta tecnología y son importadores netos de energía y bienes de capital.»
A pesar de todos los obstáculos que, de manera discriminatoria, se imponen a este país en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al ingresar a ésta, se verificará una «presión adicional, especialmente en manufacturas, que afectará directamente a América Latina, y en especial a Centroamérica y Canadá.»
Al hacer un balance del impacto del TLCAN en México, Dussel dijo que «un muy pequeño segmento de la economía mexicana se ha integrado, no alivia los problemas estructurales de la economía sino que, por el contrario, los polariza, y no se genera empleo y mucho menos en el sector exportador.»
«Esperar que este tipo de integración y de tratados mejoren la situación del empleo es pedirle peras al olmo», enfatizó.
Puso como ejemplo que mientras hay 18 millones de empleos en la industria textil, en el mundo, en Centroamérica se ubican únicamente 400 mil y en México 600 mil.
Agregó que este tipo de estrategia económica implica «la destrucción del sector agrícola centroamericano.»
«El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica fue negociado por el sector textil. Van a hacer pedazos al sector agrícola», advirtió.
ALCA y TLC favorecen a Estados Unidos
Las negociaciones el ALCA se encuentran estancadas. Es por eso que Estados Unidos recurre, en el «entre tanto», a la firma de tratados bilatelares o plurilaterales en la forma de TLC.
Así lo afirmó la investigadora cubana Lourdes Rigueiro, quien hizo un balance de esta estrategia estadounidense para el continente, que es cuestionada principalmente por el bloque comercial de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, conocido como MERCOSUR, los países que integran la comunidad del caribe (CARICOM), y Venezuela.
Ella explicó que las expectativas de América Latina en el ALCA consisten en lograr un mayor acceso a mercados, atraer inversiones, modernizar su planta industrial, y establecer formas adecuadas de solucionar controversias.
En cambio, para EE.UU, el principal objetivo es consolidar el neoliberalismo, a la luz de hechos geopolíticos y geoeconómicos que lo desafían, como la reciente adopción, por parte de Brasil, de la norma europea -en vez de la estadounidense- para celulares.
En términos más específicos, América Latina pone el acento en el acceso a mercados, especialmente para sus productos agrícolas, y en la lucha por eliminar los subsidios que producen dumping (esto es, el ingreso a un país de productos subsidiados, los cuales, por lo tanto, son más baratos y compiten deslealmente con los productos locales).
Estados Unidos, a su vez, busca liberalizar todos los servicios, proteger sus inversiones, abrir la política de compras gubernamentales y proteger la llamada propiedad intelectual de sus empresas transnacionales.
«Para América Latina, hay un interés económico y comercial. Para Estados Unidos, geopolítico y geoeconómico, en el sentido de controlar los mercados del hemisferio», recalcó.
Pero Rigueiro hizo ver que el continente ingresa a las negociaciones del ALCA en una gran desventaja con respecto a EE.UU, pues, para comenzar, la autoridad para negociar tratados comerciales entregada por el Congreso de ese país al poder ejecutivo (conocida como TPA), «está restringida a no cambiar las reglas de juego comerciales que protegen a los productores estadounidenses.»
Esto implica, por ejemplo, que en el tema agrícola, EE.UU «pone en juego subsidios a las exportaciones que son menores a las medidas de apoyo interno que realmente otorga a sus productores.» Además, mientras en ese país apenas el 1% de la Población Económicamente Activa se encuentra empleada en la agricultura, en el marco del ALCA, América Latina tendría que sacrificar a segmentos mucho más grandes de su población.
La investigadora agregó que el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina «realmente es traspaso de activos a través de fusiones y adquisiciones».
«El 42% de las empresas de EE.UU están formadas por filiales propias en otros países», las que también son responsables en buena medida del enorme déficit comercial de ese país, explicó.
Rigueiro agregó que las negociaciones del ALCA están estancadas principalmente debido al tema agrícola, de modo que existen al menos cuatro visiones encontradas.
En la primera, que ella calificó como estadounidense, si bien es Costa Rica quien la presentó, está respaldada por Centroamérica y Panamá, Perú, Bolivia, República Dominicana, México y Canadá. Consiste en buscar la conclusión de las negociaciones en enero de 2005 para que el acuerdo «entre en vigor lo antes posible», y según la cual «la negociación debe ser amplia y sin diferenciar la importancia de las áreas o temas.»
La visión del MERCOSUR (sin Uruguay), según la cual las negociaciones deben buscar simplemente «cumplir lo estipulado en el marco de la OMC», y si se quiere ir más allá de ello, negociarlo de manera bilateral o plurilateral. También plantea aplicar la cláusula de nación más favorecida a los países latinoamericanos, pero no a EE.UU y Canadá, establecer listas positivas en servicios e inversiones, y utilizar la fórmula Estado-Estado (y no inversionista-Estado) en la solución de controversias.
La visión de Venezuela, que cuestiona la naturaleza del acuerdo, afirma que no debe ir contra las normas constitucionales de cada país, y que deben incluirse medidas compensatorias, dada la disparidad de actores.
Además, la visión de los países del CARICOM, los cuales demandan un trato especial y diferenciado «debido a la pequeñez de sus economías»y, en este sentido, reclaman un fondo de compensación.
Rigueiro explicó que lejos de agilizarse, el estancamiento de las negociaciones del ALCA se obstruye reunión tras reunión. Si en la de Puebla el MERCOSUR propuso el «ALCA light», es decir, que abarcara áreas más restringido que lo originalmente planteado, en la última cita, el grupo sudamericano propuso un ALCA «extra light», en el sentido de discutir únicamente el tema del acceso a los mercados.
Estados Unidos, por su parte, busca más bien acelerar el proceso de eliminar de inmediato las tarifas, especialmente en lo que respecta al 56% de las importaciones agrícolas. Esto tendría un gran impacto en la región, puesto que los bienes agrícolas representan el 64% del total centroamericano, el 68% del Pacto Andino y el 50% del MERCOSUR.
La investigadora también enfatizó en que «los TLC no niegan el ALCA, sino que son el mejor escenario para Estados Unidos, porque fracturan las alianzas y posibles contradicciones de grupos en el marco del ALCA.»
A pesar de todo lo anterior, se lamentó de que «en el nivel gubernamental, ni en acceso a mercados hay una posibilidad de que América Latina actúe conjuntamente. Esto deja un sabor amargo.»
No obstante, agregó que el próximo año, cuando el acuerdo del ALCA deba ser discutido y aprobado por los congresos de cada país, «la movilización popular puede hacer que aprobarlo tenga un costo político muy alto para los gobiernos que lo emprendan.»
