Afirman que colocación de puentes “bailey” en vía San José-Caldera daría excusas a empresa para no pagar multas

 “Lo de Caldera es una estafa y el Gobierno debe llamar a cuentas a los responsables”, declaró el diputado Luis Fishman la semana anterior,

 

La prolongación de los cierres en la recién estrenada carretera San José- Caldera, para reparar hundimientos de la calzada y desprendimientos de paredones, atizó el descontento entre los usuarios de la vía y críticas de diversos sectores que denuncian engaño e incluso estafa en esta concesión.

“Lo de Caldera es una estafa y el Gobierno debe llamar a cuentas a los responsables”, declaró el diputado Luis Fishman la semana anterior, ante la continuación de derrumbes y hundimientos en la vía, que obligaron a un cierre prolongado mientras se colocan dos puentes provisionales para rehabilitar uno de los pasos.

En carta pública dirigida a la presidenta Laura Chinchilla, el legislador socialcristiano le solicitó suspender de sus cargos a los miembros del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y a funcionarios y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que no ejercieron la responsabilidad de fiscalización, vigilancia y supervisión de la concesión San José-Caldera (ver recuadro “No seguir tapando”).

Por su parte, Enrique Molina, ingeniero de la empresa IMNSA, que tuvo a cargo la supervisión de la obra hasta septiembre pasado, aseguró que los puentes provisionales (tipo militar) no son la solución. “Nos están haciendo un engaño a todos cuando nos dicen que era una emergencia y que los puentes había que ponerlos”, dijo Molina.

Lo que tenían que hacer las autoridades era cobrarle al concesionario Autopistas del Sol las multas por el cierre de la carretera, como se prevé en el contrato, y obligarlo a hacer un relleno de buena calidad en el hundimiento, lo que la empresa no tardaría más de una semana en hacer porque tiene capacidad suficiente para ello, afirmó.

Con la colocación de los puentes, lo que se está haciendo es darle excusas a la concesionaria para no cumplir, y cuando se quiera cobrar las multas va a decir que no es culpa suya que el Gobierno haya metido los puentes y la carretera esté cerrada, apuntó.

Añadió que la suspensión del cobro de peajes tampoco preocupa a la concesionaria, porque el contrato obliga al Gobierno a garantizarle un monto mínimo de recaudación por peajes, por lo que al final todos los contribuyentes terminarían pagando.

RELLENO ARCILLOSO

El especialista explicó que en el lugar hay un relleno de unos seis metros de profundidad y 30 metros de ancho, el cual se hizo con tierra desprendida de la ladera. Sobre este relleno pasaron la carretera, pero no aguantó el peso vehicular porque se trata de un material arcilloso que se desliza, lo que provocó el hundimiento.

Lo que en su opinión se debe hacer es sacar esa tierra y rellenar con la piedra adecuada, dejar drenajes y construir un muro pegado a la ladera para evitar nuevos deslizamientos. La solución estaba en un estudio de geotecnia que la misma concesionaria le encargó a la empresa INSUMA desde el 2006, pero no siguieron las recomendaciones.

Molina señaló que durante la construcción de la carretera, la empresa realizó en menos de un mes rellenos en pasos de quebradas que tenían hasta 60 metros de profundidad y 200 metros de ancho, y donde fue necesario depositar hasta un millón de metros cúbicos de material, lo que demuestra que un trabajo menor como éste otro podía efectuarse en pocos días.
En cambio con la decisión del Gobierno de meter los puentes, se da una excusa a la concesionaria para que no pague las multas que está obligada a pagar por el cierre de la vía debido a fallas en la construcción. El contrato prevé multas de 150 salarios base diarios, lo que significa que son unos ¢33 millones por cada día que debía pagar, indicó.

La carretera fue inaugurada el pasado 27 de enero por el entonces presidente Óscar Arias, ocho meses antes de lo previsto, cuando aún no estaba terminada y no se habían resuelto más de 200 anomalías o incumplimientos del contratista que la supervisora había señalado, según se consigna en informes de la supervisora previos a autorización de puesta en servicio de la obra.

En la adenda 5 del contrato que el Gobierno negoció con la concesionaria, le reconoció a esta $26 millones para un tratamiento especial de las zonas en que había que estabilizar los taludes. Además, le dio seis meses adicionales para terminar la obra, de modo que el plazo inicial de 24 meses se extendió a 30.

El inicio de la obra fue el 8 de enero del 2008 y con el plazo adicional debía concluir el 8 de julio del 2010, pero el tiempo adicional no se utilizó y las obras de aseguramiento no se hicieron, lo que provocó que desde las primeras lluvias de la estación lluviosa empezaran a presentarse deslizamientos y aterros que han obligado a constantes reparaciones en la vía.
Las denuncias sobre fallas en esta y otras concesiones hicieron que la Asamblea Legislativa creara una comisión investigadora especial, la cual ya acordó llamar a algunas audiencias de expertos y funcionarios sobre el tema (ver recuadro: “Agilizan investigación”).

En un informe emitido por la Defensoría de los Habitantes el pasado 2 de julio se consigna que ante un requerimiento de información que esa entidad hizo sobre la calidad de las reparaciones hechas por la concesionaria en la sección Ciudad Colón-Orotina, Jorge Peláez, gerente de la empresa constructora dijo que los trabajos se realizaron con base en el informe de geotecnia de la firma INSUMA.

Pero según el ingeniero Molina, lo cierto es que la constructora hizo algunos de los trabajados recomendados por esa consultora, pero otros no. Por ejemplo, se habla de los repellos que han hecho, que son para sostener roca que está fracturada, pero ellos los pusieron en lugares donde lo que había era tierra, por lo que se vinieron abajo y ahora la tierra está pelada nuevamente.

La Defensoría de los Habitantes advirtió en el mencionado informe sobre peligros para la seguridad de los usuarios en dicha carretera. El informe se emitió tras una inspección que funcionarios de la Defensoría realizaron el pasado 14 de abril con un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para establecer con fundamento técnico si existía peligro para los usuarios.


No seguir “tapando”


El diputado Luis Fishman propuso a la presidenta, Laura Chinchilla, designar una comisión conformada con personas de alta honorabilidad y criterio técnico que investigue el proceder del CNC y otros funcionarios públicos, así como de entidades privadas responsables de la supervisión del proyecto San José-Caldera.

El descubrimiento de una falla en el subsuelo no detectada hasta la semana antepasada, que ha generado enormes grietas, y el hundimiento de la superficie de ruedo, se suma a una larga cadena de accidentes, incumplimientos e irregularidades detectadas en el proyecto, desde el momento mismo en que de manera apresurada se procedió a dar por inaugurado el proyecto, antes de la fecha técnicamente establecida para ese fin, señaló Fishman.

“Estoy convencido que un mecanismo para desarrollarnos es concesionar, pero por amor de Dios, ya pasamos el tiempo de los espejitos y los taparrabos, y lo que se necesita es hacer concesiones adecuadas correctas, equilibradas, donde no sea la historia de tigre suelto y burro amarrado.”
Dijo que desconoce quiénes son los encargados de dar las aprobaciones y el mecanismo del CNC, “pero el Gobierno tiene que saber, tiene que sentar las responsabilidades, y no se puede seguir tapando las cosas en este país”.


Agilizan investigación


Los diputados de la comisión investigadora de las concesiones esperan agilizar el trabajo, luego de un acuerdo logrado la semana pasada entre los representantes de la oposición y el Gobierno.

Según Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, al acuerdo se llegó luego de que la oposición llamó a los oficialistas a participar del conocimiento previo de las mociones que se presenten, y ellos aceptaron.
“Ellos vieron que la intención de los opositores no es fastidiar, sino que la posición es de crítica constructiva”, dijo Oviedo.  “Si no hubiéramos llegado a ese acuerdo, ellos tendrían 25  minutos más de tiempo para hablar por cada apelación y hubiéramos estado así todo el tiempo”, añadió.

La comisión acordó la semana pasada el procedimiento por seguir y amplió la lista de audiencias de las personas que se van a llamar. Además de las sesiones ordinarias de los martes, acordó sesionar extraordinariamente dos veces por mes, destacó por su parte Víctor Emilio Granados, diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión que preside el panel.

Las primera comparecencias, a partir de esta semana, serían las del exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, por su conocimiento en materia de concesiones, y la del ingeniero  Enrique Molina, de la empresa IMNSA, que supervisó la construcción de la carretera San José Caldera- hasta septiembre del 2009.

La comisión investigadora aprobó la semana pasada mociones para llamar a las siguientes audiencias, entre otras:
-A la gerente del proyecto San José-Caldera Hadda Muñoz, y al exgerente Stephan Brunner, así como a Guillermo Matamoros y a Luis Diego Vargas, exsecretarios técnicos del CNC.

-A un representante del Colegio de Geólogos, un representante del Colegio de Ingenieros y Arquitectos,  y un representante del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica, para que se refieran a aspectos técnicos relacionados con el diseño, control y aseguramiento de la calidad de la obra.

-También acordó solicitar al grupo anticorrupción de la Unión Panamericana de Ingenieros (UPADI) que consulte a las asociaciones miembros información acerca de las empresas Fomento de Construcción y Contratas (FCC) y otras integrantes del consorcio Autopistas del Sol o sus subsidiarias en relación con concesiones u obras realizadas en otros países.


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