El proyecto de ley de libertades sindicales permanece en la corriente legislativa, mientras dirigentes aseguran que el país perdería credibilidad si no se aprueba pronto.

Organizaciones sindicales abogan por la rápida aprobación del proyecto de ley con el expediente 13475, que brindaría un fuero de protección a las personas dirigentes que conformen agrupaciones de este tipo en empresas privadas.

La propuesta pretende que las personas de juntas directivas no sean despedidas por unirse o fundar dichos gremios.
El proyecto acumula diez años de tramitación en el Poder Legislativo y ha recibido apoyo de varios diputados y diputadas, que podrían conformar una mayoría para que sea aprobado.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) se manifestó en contra de la iniciativa, mientras que el Partido Liberación Nacional ha pretendido efectuarle reformas.

Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) aseguró que el atraso en su diligencia se debe a los reiterados incumplimientos del país con sus obligaciones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Ver nota aparte: “Sería una vergüenza internacional”).

Según Vargas, los despidos injustificados (los cuales trata de combatir el fuero sindical) se presentan mayormente en empresas agrícolas, bananeras, de seguridad privada, transportes y sector industrial.

La protección aplicaría para las personas dirigentes, por ser una práctica común su despido para intimidar así a los demás trabajadores. Se defiende de esta manera que estas personas no sean cesadas por decisiones arbitrarias. 

CONTRADICCIONES

Gilbert Brown, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), explicó que el proyecto de libertades sindicales, surgido en la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), fue consensuado por el sector empresarial, el Gobierno y los grupos sindicales.

Criticó que hay desconocimiento en torno a la propuesta, al creer que la protección abarca a todo el personal, lo cual es falso. A su vez, considera que ha surgido el tema ideológico- político, ya que se da una campaña mediática en la que se ha “satanizado” al movimiento sindical, pues los empresarios lo consideran  el enemigo.

El proyecto ofrece la posibilidad de organizar sindicatos en la empresa privada, donde las asociaciones están más débiles, comentó.

Sobre las consecuencias internacionales que acarrearía la no aprobación del proyecto, señaló que hay presión, a causa de que la administración está comprometida a llevar a cabo reformas en el plano laboral. Si no se muestran avances, la OIT tomará represalias contra Costa Rica.

“Siento que los diputados no entienden ese aspecto y sus repercusiones. A lo interno algunos sectores quieren quedar bien con la unión de cámaras, para que estas no se enojen”.

El dirigente ve pocas posibilidades de que el plan se apruebe con celeridad, debido a la inminente campaña electoral, pues no estaría en la agenda de discusión.

Si se aprueba, el proyecto debe ser analizado por la OIT. Si lo considera pertinente, la organización puede solicitar modificaciones, aunque ya sea una ley, finalizó.

URGENTE PROTECCIÓN

Aquiles Rivera, Secretario General del Sindicato del Sur y Secretario de Asuntos Jurídicos de la Central Social Juanito Mora, declaró que el proyecto ha estado estancado, ya que hay desinterés de los empresarios por el bienestar de los sectores trabajadores.

Refutó que las grandes industrias se han organizado para tomar parte de la función política y que son una extensión del sistema neoliberal.

Aseveró que desde su agrupación buscan ir “más allá” de lo que establece el fuero sindical. Buscan que la protección se amplíe a las personas empleadas, para evitar prácticas desleales en el sector privado.

“Hay abuso de las empresas, el balance se inclina en contra de los trabajadores y el país quedaría totalmente desprotegido. El Gobierno tiene que aprobarlo para lavarse la cara”, subrayó.

Albino Vargas, Secretario General ANEP:

“Sería una vergüenza internacional”

¿Por qué urge que el proyecto se apruebe? ¿Qué consecuencias traería al país que esto no suceda?

– Costa Rica se ha burlado reiteradamente de la OIT en los últimos cinco gobiernos. El país le ha mentido, y parece ser que ya se le acabó la paciencia y le dio un ultimátum para que rinda cuentas en el 2010.
Si se burla nuevamente de la OIT, quien va a sufrir las consecuencias es el nuevo gobierno, porque la rendición es en junio.
Este gobierno tiene que dejar resuelto el compromiso, votando este año el proyecto de ley. Si no lo hace, el país, que tiene una imagen internacional de respetuoso de los derechos humanos, recibirá una condena con implicaciones en el plano moral.
Sería muy vergonzoso, incómodo y difícil de explicar a la comunidad internacional que la OIT nos condene por violar los compromisos internacionales.
Además, en el 2010 el Banco Mundial va a estrenar un indicador de protección al trabajador y va a medir a los países por el grado de protección y seguridad en el empleo.

¿Qué futuro le vislumbra al proyecto?
– Yo espero que se vote, se va a tener que votar, quiérase o no. Pero además es muy vergonzoso para Liberación Nacional oponerse a este proyecto, porque contradice los postulados en la materia de su carta fundamental, en lo relativo al papel de los sindicatos en sociedades democráticas.

¿Cómo ha actuado el Gobierno al respecto?

– Aquí está la mano de Óscar Arias y la de su hermano, ellos son los que en definitiva están dictando línea para que el proyecto no se vote. Me parece que son desleales con su heredera política, Laura Chinchilla, porque si ella llega a la presidencia, le tocará dar la cara por el país y asumir la vergüenza de una condena internacional.

Mayoría de candidatos apoya fuero sindical

Consultados por UNIVERSIDAD, los aspirantes a la Presidencia manifestaron su posición sobre el proyecto de ley de libertades sindicales.

Rafael Ángel Calderón (PUSC): “Estamos totalmente de acuerdo, el jefe de fracción está apoyando el texto. El partido siempre ha protegido la libre sindicalización, y estamos a favor, siempre que se apruebe tal cual se presentó a la Asamblea, y que no se afecten las cuestionas de fondo;  y que el fuero se aplique solo a los dirigentes”.

Laura Chinchilla (PLN): “Con buenos ojos he visto el proyecto de ley que pretende reformar el capítulo de garantías sindicales. Es importante que exista un acuerdo tripartito (patronos, trabajadores y Estado), que garantice una decisión democrática. De no resultar factible esto, en mi gobierno se continuaría con la apertura al diálogo. En aquellos casos en que el país se vea imposibilitado de cumplir con los compromisos adquiridos, tendremos que explicar a la OIT las razones y buscar un camino conjunto con los sectores en pugna”.

Otto Guevara (ML): “Si la Asamblea Legislativa aprueba este proyecto, yo lo vetaría. Si se convierte en parte del ordenamiento jurídico, afectará negativamente el empleo en Costa Rica  y ahuyentará la inversión que genera puestos de trabajo. No es cierto que vayamos a tener sanción en el nivel internacional en vista de que ya existe en nuestro Código de Trabajo una serie de disposiciones que defienden el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente y a conformar sindicatos”.

Ottón Solís (PAC): “Sí estoy de acuerdo si el proyecto le da protección solo a los dirigentes, y parece que como está, le da resguardo a todos los trabajadores, según expertos en la materia. Antes de ver otras alternativas en caso de que no se apruebe, hay que hacer todo lo posible para que se convierta en ley”.

Óscar López (PASE): “De ser presidente, pondría a todos los diputados oficialistas a impulsar el proyecto. Sin sindicalismo no hay democracia, los sindicatos son fundamentales en una sociedad pluralista, en tiempos en que hay amenazas a los sectores trabajadores. Si no se aprueba, espero que haya una actitud beligerante para que Costa Rica sea sancionada por la OIT. En un gobierno mío, retomaría el proyecto y entraría en franca negociación”.