Ambientalistas califican de sospechosa moratoria petrolera del Gobierno

“Maniobra de distracción”, “atolillo con el dedo”, y “adefesio jurídico”, son algunos de los calificativos que varios expertos, a coro con el movimiento ambientalista, 

“Maniobra de distracción”, “atolillo con el dedo”, y “adefesio jurídico”, son algunos de los calificativos que varios expertos, a coro con el movimiento ambientalista,  han puesto al decreto de moratoria a la explotación petrolera, anunciada por el Gobierno el pasado 1 de agosto.

Tal y como está redactado el decreto, “es como prohibir la caza de elefantes en Costa Rica”, ironizó el biólogo Freddy Pacheco, catedrático de la Universidad Nacional (UNA), quien asegura que la concesión otorgada a la petrolera estadounidense Mallon Oil para efectuar exploraciones en territorio nacional, está “incólume”.

Las críticas se centran en dos aspectos principalmente. En primer lugar, que el decreto declara una moratoria a la “explotación petrolera”, pero no a la “exploración”, lo que deja abierto un portillo. Y tampoco congela la búsqueda o extracción de otros hidrocarburos como el gas natural.

 

 

En segundo término, aseguran que contiene una contradicción seria al detener todos los trámites que se estén realizando en relación con esa actividad, al tiempo que garantiza respetar los derechos adquiridos por las empresas.

Ante esas objeciones, el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), René Castro, asegura que la voluntad expresa y clara del gobierno es detener toda actividad petrolera en el país por lo que resta de la administración Chinchilla, y que el proyecto de Mallon “no va”.

“Ellos no tienen un contrato firmado y no han concluido etapas legales. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental. Y la moratoria dice con claridad que se paralizan todos los trámites en SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) y en otras instancias del Ministerio (MINAET) o en cualquier dependencia pública”, indicó Castro.

Posteriormente,  pasados esos tres años, “si el país quiere considerar modelos de extracción avanzados como los de Noruega, Chile o Brasil, tendrá que hacer una modificación drástica y profunda de su legislación”, declaró el ministro (ver entrevista en esta página).

TLC Y SALA CUARTA

No obstante, una cosa son las palabras dichas o escritas y otra cosa es la realidad jurídica del país, rebaten los críticos.

Para empezar, debe tenerse en cuenta que Costa Rica tiene suscrito y en vigencia un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el cual establece que se deben respetar los acuerdos y contratos realizados entre el Gobierno y las empresas estadounidenses, recordó Pacheco.

“Es cierto que Mallon Oil no tiene un contrato firmado, pero tiene una concesión del Estado para explorar en busca de petróleo en una extensión de 9.900 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y eso es un acuerdo. Es muy probable que se apoye en el TLC para hacer valer ese derecho que ya tiene”, afirmó.

Además, “el decreto tiene una contradicción tremenda: por un lado suspende todos los trámites tendientes a la actividad petrolera en el país y, por otro ordena respetar los derechos adquiridos por las empresas. Esto nos lleva a una discusión jurídica muy compleja”,  valoró Pacheco.

Para el abogado ambientalista Alvaro Sagot, el problema en el fondo es más bien sencillo: “el Gobierno ha querido dejar una puerta abierta para que Mallon presente una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, por falta de fundamentación y razonabilidad”.

“Entonces, el Ministro va a venir a decirnos que lo siente mucho, que él redactó la moratoria, pero que la Sala Constitucional le obliga a respetar la concesión otorgada con anterioridad a Mallon y que hay que terminar el trámite para la firma del contrato. Esto lo podría detectar hasta un estudiante de derecho”, advirtió Sagot.

Para el abogado, el Gobierno dispone de un recurso legal importante para detener claramente la actividad petrolera en el país. Se trata de un fallo de la Sala Constitucional  relacionado con el caso del proyecto minero Las Crucitas, el cual otorga al Poder Ejecutivo la potestad exclusiva de decidir si autoriza o no las actividades extractivas.

Sin embargo, para hacer uso de ese poder discrecional, el Gobierno debe emitir un decreto claro y sin contradicciones, para no dejar portillos a una acción legal de la empresa, indicó el jurista.

MANIFIESTO

Ante las dudas generadas por la iniciativa del jerarca del MINAET, una veintena de organizaciones ambientalistas y decenas de ciudadanos firmaron un manifiesto en el que  piden a la presidenta Laura Chinchilla decretar una moratoria general para todos los hidrocarburos,  tanto en fase de exploración como de explotación.

De igual manera, le solicitan “iniciar un diálogo franco, abierto, participativo y honesto con las organizaciones sociales, ecologistas y el sector académico costarricense, entre otros, sobre el modelo adecuado de desarrollo de país sin más preludios”.

El planteamiento lo suscriben, entre otros, organizaciones como Preserve Planet y Oil Watch  Costa Rica, y personalidades como el expresidente Abel Pacheco; el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, y el coordinador de la comisión legislativa de Medioambiente, el diputado Claudio Monge.


René Castro, ministro:

No hay trampa, la moratoria es en serio

El ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, René Castro, asegura que la decisión del Gobierno de detener cualquier actividad relacionada con la exploración y extracción de petróleo en el país, es “clara y contundente” y piensa que los ambientalistas terminarán convenciéndose al respecto.

Las contradicciones que ellos advierten en el decreto no son tales. Cada palabra en  el decreto está justificada por distintas circunstancias, pero el fondo es el mismo, el proyecto de la empresa Mallon Oil para sacar petróleo de Costa Rica está suspendido, expresó Castro a este Semanario. La siguiente es una síntesis de la entrevista:

Los ambientalistas critican que el decreto no declara una moratoria a la exploración.

-No pusimos exploración porque pensamos que hay varias instituciones de Costa Rica: la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, RECOPE, el ICE, que han venido planteándose la conveniencia para el país de saber cuál es su base de recursos naturales e incluso elaborar mapas geofísicos.

Por ejemplo, no sabemos cuánta agua subterránea tenemos, mucho menos sobre petróleo, gas o minerales. Y un país incluso cuando decide no extraerlos lo mínimo que hace es saber cuál es su base de recursos no renovables. Segundo, en la lógica de las empresas privadas, no tiene sentido explorar si no pueden explotar. Entonces nosotros pensamos que era suficientemente claro el mensaje expresado de esa manera.

En particular sobre la empresa Mallon. ¿Cómo le afecta el decreto?

-Ellos no han concluido etapas legales -por ejemplo los estudios de impacto ambiental-, y la moratoria dice con claridad que se paralizan todos los trámites en el Ministerio y en cualquier lado. Falta con ellos sentarse a ver el detalle específico, ver como se minimiza una eventual indemnización en esta etapa, pero eso hay que trabajarlo en forma específica.

¿Por qué no se incluyeron en el decreto otros hidrocarburos, como el gas natural?

-Hemos recibido la idea de RECOPE y del ICE de que el gas podría ser un sustituto interesante de los combustibles fósiles que actualmente se utilizan. Como no hay una solicitud para explorar gas natural de parte de nadie, no tenía sentido decretar una moratoria de lo que no hay y cerrar las puertas a la posibilidad de utilizar un combustible más limpio del que estamos usando, aunque por ahora sólo sea una idea.

Los ambientalistas piden algo más que un decreto, una nueva legislación que garantice la prohibición de este tipo de actividades.

-Nosotros estamos impulsando que haya una reforma a la ley, que se modernice, pero el país tiene que decidir si modernizarse significa ir a un modelo similar a Noruega, Brasil o Chile, que vienen creciendo fuertemente no sólo en lo económico, sino que vienen mejorando en su equidad interna y en normas ambientales. Es un modelo probado que es mejor que el de muchos otros que se basan en una economía extractiva.

Hay otro modelo que propone lograr el desarrollo de largo plazo sin una economía extractiva, pero lamentablemente ese segundo modelo solo existe en los libros de texto. Es inédito, nadie se ha atrevido a seguirlo.


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