El debate para consagrar en  el artículo 50 de la Constitución Política el acceso al agua como un derecho humano arrancó el miércoles de la semana pasada en el plenario de la Asamblea Legislativa, luego de que la Comisión especial del Agua dictaminó afirmativamente un proyecto consensuado, que se estudió en esa instancia.

No obstante, el camino no parece fácil para la iniciativa, un tema que consumió ocho años en el parlamento, pues la diputada del Movimiento Libertario Mireya Zamora, lo adversa, por no incluir al sector privado en la reforma constitucional.

Zamora había presentado un proyecto de reforma hace dos años, luego de que “vio morir” a una niña en la zona norte costarricense por parásitos, a causa de la ausencia de agua potable en una comunidad de la región.

No obstante, el proyecto de la legisladora sólo contemplaba consagrar en la Carta Magna el acceso al agua como “derecho humano”, pero no hacía ningún otro aditamento, como sí lo contenía una iniciativa presentada después por el exdiputado José Merino, recientemente fallecido.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta,  dijo que tras intensas negociaciones se logró que la Comisión Especial dictaminara de manera afirmativa, el 1 de octubre, una propuesta de consenso bajo el expediente 18.468.

Esta propuesta pone a Costa Rica a tono con el reconocimiento hecho hace dos años por la Organización de Naciones Unidas al derecho de las personas al acceso al agua y su saneamiento, y establece una serie de principios conceptuales para la protección de los recursos hídricos del país. (Ver nota aparte: El agua es la principal riqueza de Costa Rica, dice geólogo Allan Astorga)

“Se trata de blindar el acceso al agua como un principio de bien común, que no podrá ser privatizado, y librar así este recurso de las amenazas que le acechan”, dijo Villalta durante un foro realizado el miércoles de la semana pasada en la facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.

Por su parte Rolando Castro, integrante del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), organización que también participó en el foro, dijo que es urgente para Costa Rica establecer en el artículo 50 de la Constitución el precepto de que el agua es un recurso de interés estrictamente público.

“Se trata de un recurso estratégico que debe resguardarse, porque en el futuro, las luchas serán alrededor de esta riqueza”, explicó.

Hazel Díaz, del Área de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes, dijo que en esta institución  hay alarma por la cantidad de denuncias que se reciben de los ciudadanos por los problemas con el agua potable. Incluso, reveló que se realiza un estudio sobre contaminación con arsénico de muchos acuíferos en varias partes del país.

Díaz recordó que los conflictos en torno al agua ya vienen sucediéndose en Costa Rica desde hace varios años. Mencionó las luchas de los pobladores de la comunidad de Sardinal de Guanacaste en defensa de sus acuíferos y para impedir que desarrolladores turísticos los dejaran sin el recurso, así como los casos de contaminación por la presencia de empresas piñeras en la región del Caribe.

En  el foro participó Xinia Briceño, presidenta del Movimiento Asada Milano, una comunidad de Siquirres que vive un drama a causa de la polución de los mantos acuíferos derivados de las actividades piñeras de la empresa Del Monte.

Briceño denunció que debido a la contaminación con agroquímicos de las reservas naturales de agua, la población de Milano, conformada por unas 300 familias, tienen varios años sin tener acceso al agua potable pese a que la Sala Constitucional ordenó a Acueductos y Alcantarillados garantizar ese derecho y al saneamiento del acueducto.

“Debido a la contaminación, la población se  surte de agua de un camión cisterna que llega a la comunidad cada 48 horas. Algunas personas presentan síntomas de enfermedades, ya no sabemos qué hacer”, relató.

El diputado Villalta dijo que es urgente la movilización popular y la presencia de ciudadanos en las barras de la Asamblea Legislativa para ejercer medidas de presión.

“Sin la presión popular nunca se logrará aprobar el proyecto sobre el agua”, advirtió el legislador, tras recordar que pese a haber conseguido el apoyo de al menos 50 legisladores, se puede empantanar el debate.

El diputado del Movimiento Libertario Danilo Cubero, dijo  a UNIVERSIDAD que la palabra “privado” es la única diferencia entre su agrupación y el resto de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.

No obstante, dijo estar convencido de que se podrá buscar una salida favorable en torno a la iniciativa para blindar los recursos hídricos de Costa Rica.

En términos similares se manifestó el también libertario Adonay Enríquez.

En declaraciones a UNIVERSIDAD, la diputada Zamora dijo que debe consignarse en el proyecto de reforma que el agua es un bien de interés “público y privado”, porque “ambas cosas van de la mano”.

El diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana, también aplaudió la iniciativa por considerar que protege “una de las principales riquezas” del país.

Geólogo Allan Astorga:

Subsuelo tico almacena 400.000 millones de metros cúbicos de agua

El geólogo Allan Astorga dijo a UNIVERSIDAD que el proyecto 18.468 es estratégico, pues resguarda, con rango constitucional, la principal riqueza del país.

Estas son las apreciaciones del experto sobre la iniciativa.

¿Qué importancia tiene para usted consagrar en la Constitución este derecho?

– Es muy importante, porque le da rango constitucional al hecho de que todos tenemos derecho a accesar agua para su uso racional.

Pese a que está establecido en algunas de las leyes ya vigentes, el que lo esté a nivel de Constitución es muy importante, por el tema de los tratados de libre comercio, de cuya redacción podría derivarse una interpretación diferente, es decir, el agua como un bien privado, y no público.

¿Una palabra, privado, que defiende la diputada Mireya Zamora, seguro encenderá el debate en el plenario, ya que se establece como un bien de dominio público y por tanto, bajo égida total del Estado? ¿Deben plantarse los diputados en que el Estado sea el garante de la preservación de este bien estratégico?

– Definitivamente que sí. Cuando el agua se convierte en un bien privado, se pueden dar muchos conflictos. Es como si alguien quisiera privatizar el aire.

El problema con el agua, es que para algunos podría ser un gran negocio. En general, el agua embotellada cuesta igual o más que el petróleo o sus derivados.

Un país tan rico como Costa Rica en agua, no solo requiere que se formalice que el agua es un recurso que pertenece a todos los costarricenses, tanto de las generaciones actuales como de las futuras, sino que, casi igual de importante, debe garantizarse el manejo eficiente  y efectivo del recurso. Dado que sin una correcta administración, el recurso se puede perder.

¿Hay alguna estimación (algún gráfico o mapeo) de las reservas de aguas de Costa Rica, en especial las subterráneas?

¿Podrían correr peligro en un futuro estas reservas si no se preservan adecuadamente?

– Aproximadamente el 76 % del territorio del país es área de recarga acuífera. Eso quiere decir, que al menos, bajo 3/4 partes del país se presentan acuíferos sedimentarios y volcánicos en el subsuelo superior.

Las estimaciones realizadas sobre la cantidad de agua subterránea almacenada en esos acuíferos del subsuelo son impresionantes, de aproximadamente 400.000 millones de metros cúbicos.

Esto es una cantidad de agua muy grande que representa como una enorme reserva de agua limpia que tiene el país. Lo malo es que son vulnerables a la contaminación y se localizan bajo áreas donde se dan muchas actividades humanas (urbanas que usan tanques sépticos, industrias, agroindustriales, en particular de agricultura intensiva – piña, banano, café, etc.) que sin las adecuadas medidas de gestión ambiental están provocando su contaminación.