El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, grupos ambientalistas  levantaron un “altar a la semilla criolla” para apoyar la presentación del proyecto de Ley de Moratoria a liberación de transgénicos.

La lucha contra los transgénicos promovida por diferentes grupos ambientalistas  y ecologistas tomó un nuevo aire con la presentación de un proyecto de Ley para detener la liberación de organismos genéticamente modificados.

El expediente 18.941 ingresó a la corriente legislativa el miércoles anterior, justamente en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación, en medio del clamor de sus promotores para lograr una moratoria nacional,   debido a la “incertidumbre científica”  sobre su impacto a la salud humana y al medio ambiente.

La iniciativa cuenta con el aval de diputados del Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana.

“No podemos seguir jugando con fuego, permitiendo la liberación de organismos que no existen de forma natural; los gobiernos han sido unos irresponsables, sin ninguna capacidad para regularlo”, criticó el legislador José María Villalta, del Frente Amplio.

En enero, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), órgano asesor del Servicio Fitosanitario del Estado, votó a favor de la solicitud de la empresa D&PL Semillas Ldta, propiedad de la transnacional Monsanto, para sembrar tres variedades de maíz transgénico (Yieldgard II,  el amarillo Roundup Ready y el amarillo CCR).

Tal acción subió el tono de la protesta de los grupos ambientalistas quienes argumentaron que el permiso “violentaba la voluntad del pueblo”, que en su mayoría se oponía al uso de los organismos genéticamente modificados.

En esta coyuntura,  Mauricio Álvarez, representante de la Federación Conservacionista para la Conservación del Ambiente (FECON) y el diputado Villalta interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 117, 118 y 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, y pidieron aplicar el “principio precautorio” contra la autorización para introducir las variedades de maíz solicitadas por D&PL Semillas Ltda.

Según el razonamiento expuesto: “los maíces transgénicos en cuestión pueden polinizar las variedades nativas del país afectando de esta manera el sistema agroalimentario nacional… y la siembra de los mismos constituye una burla a los principios a favor de la salud humana contemplados en los artículos 46 , 50 y 89  de la Constitución Política.

“Desprotegen severamente el ambiente porque no contemplan la realización de evaluaciones de impacto ambiental que analicen de forma integral y sistemática las consecuencias de las acciones de liberación”, menciona el documento.

A esta acción se une otra de la Defensoría de los Habitantes. Concluye la  Defensoría que,  “ante la posibilidad de que la liberación de organismos genéticamente modificados pueda afectar la biodiversidad y tener injerencia en la salud pública y en la calidad de vida de la población”, es obligación del Estado revisar la normativa y realizar evaluaciones de impacto ambiental.

En febrero, la Sala Constitucional acogió ambos recursos y actualmente se encuentran pendientes de resolución, manifestó Mónica Álvarez, vocera del Poder Judicial.

“ENORME PESO SOCIAL”

Un total de 63 cantones se han  declarado libres de transgénicos, eso representa más del 80 por ciento de municipios del país. Aunque la declaratoria que realicen los Concejos del país no es vinculante,  algunos especialistas consultados consideran que el pronunciamiento implica un acto político con un “enorme peso social” que no puede pasar inadvertido, pues responde a la voluntad de las comunidades que ya han dicho “no”.

Activistas, como Fabián Pacheco, defienden la declaratoria que hacen los gobiernos locales.

“El caso de la Municipalidad de Alvarado, el Alcalde (quien vetó la declaratoria “libre de transgénicos” del Concejo en febrero) llevó el caso a un Contencioso Administrativo y el resultado fue en detrimento de la declaratoria”, lamentó Pacheco.

“Para qué democracia si lo que un gobierno local considera adecuado para su cantón no va a ser acatado por el Gobierno Central; no olvidemos que lo que hay detrás es un negocio multimillonario moviendo sus tentáculos haciendo que las leyes se muevan a  su favor”, cuestionó Pacheco.

“No son solo 63 gobiernos locales, hay más de 300 regidores que han dicho  que no quieren transgénicos”,  advirtió Pacheco.

En su momento, el Alcalde Felipe Martínez había manifestado su oposición a la declaratoria hecha por los miembros del Concejo, entre otros aspectos porque consideró que su prohibición “representaría una obstrucción al libre comercio”,  contraria a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Para Renzo Céspedes, especialista en comercio internacional, este argumento carece de sustento jurídico.

“Es mentira, si fuera así, ya los EEUU habría enviado a un panel  a Europa por esto.  Se  puede restringir siempre que el país tenga  un objetivo legítimo que proteger. El  Código  de medidas sanitarias de la OMC permite la aplicación de restricciones”, aseguró.

MORATORIA

El proyecto declara una moratoria nacional sobre la liberación y cultivo de organismos modificados, la cual será suspendida hasta que “exista certeza y consenso científico sobre los diversos riesgos”, para todo el territorio de Costa Rica.

De aprobarse este proyecto, se dejarían de sembrar cultivos transgénicos en Costa Rica, aunque, según Pacheco, no  tendría repercusión sobre las importaciones de granos transgénicos que ya se traen al país como maíz o soya.

“No se podrían aumentar las áreas de algodonales transgénicos que ya existen, ni otros cultivos como el frijol que se pretende traer de Brasil, el cual está  supercuestionado, tampoco se podrá liberar mosquitos transgénicos, hasta que no haya un consenso científico mucho más maduro sobre este tema”, advirtió.

Por su parte, Alex May, presidente de la CNTBio, dijo a UNIVERSIDAD que desconocía el texto del proyecto. “No ha sido analizado en el seno de la Comisión,  por  lo que no hay ningún criterio sobre el tema”, afirmó.

ES INNECESARIA

El mismo día que se presentó el proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, representantes de la organización empresarial CropLife entregaron a los asistentes un comunicado de prensa expresando su oposición al expediente.

Para CropLife, entidad que reúne a las nueve transnacionales de agroquímicos e insumos más grandes del mundo, como Bayer y Monsanto,  “la moratoria para el uso de plantas genéticamente mejoradas es innecesaria, ya que los países recurren a una moratoria cuando existen dudas razonables sobre una tecnología cualquiera. Sin embargo, el uso de este tipo de plantas está ampliamente estudiado y probada su seguridad tanto para la biodiversidad como para el consumo humano”.

“La moratoria sería un gran retroceso para el país en materia de ciencia y tecnología”, advirtió Martín Zúñiga, Director Ejecutivo de la división de Latinoamérica  de CropLife.

Asimismo, aseguraron que en Costa Rica, solamente “se siembra para exportación de semilla”.

El Proyecto en breve:

Artículo 1: Se declara una moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados. Se suspende hasta que exista certeza y consenso científico sobre los diversos riesgos.

Artículo 3: Las investigaciones científicas con organismos vivos modificados se permitirán exclusivamente en ambientes confinados controlados. No se podrán hacer ensayos en campo ni liberar en el ambiente.

Artículo 4: Se declara de interés público y nacional el fomento de prácticas agroecológicas.

Artículo 5: La liberación o cultivo de organismos vivos modificados sin autorización será sancionada de acuerdo al artículo 99 de la Ley 7317.