Melvin Jiménez es obispo de la Iglesia Luterana desde abril del 2008. Para el abogado recurrente su condición de obispo le impide ejercer constitucionalmente el ministerio de la república al no pertenecer al “estado seglar”.  (Foto: David Bolaños)

Sala IV debe definir condición de “seglaridad” en nombramiento de ministro de la Presidencia.

El fallo del recurso de amparo interpuesto contra el nombramiento de Melvin Jiménez no solo definiría la participación de religiosos en los ministerios del Poder Ejecutivo, también sentaría jurisprudencia sobre la participación de clérigos en todos los poderes de la República.

El principal debate gira en torno a cómo definir el “estado seglar”: un requisito planteado en la Constitución Política para magistrados, presidentes y vicepresidentes de la República y el presidente y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. La condición también se exige para los ministros de gobierno, en el artículo 142, y es la base del alegato que Álvaro Orozco −abogado y teólogo católico− planteó contra el nombramiento del obispo luterano Melvin Jiménez.

Para Orozco, ser de “estado seglar” es no tener órdenes clericales de ninguna religión, por lo que su nombramiento sería inconstitucional. El abogado alega que este requisito aplica para los sacerdotes de cualquier credo, puesto que los constituyentes “nunca atendieron a la religión respectiva del clérigo que excluían”.

Pese a ello, el Poder Ejecutivo considera que el estado de seglaridad significa la no pertenencia a la clase sacerdotal de la Iglesia Católica, dado que es la oficial del Estado Costarricense. Agrega también que el ministro Jiménez había tramitado “una solicitud de dispensa del orden presbiteral y episcopal dentro de la Comunión Luterana”, por lo que aun cuando se considere el estado seglar como un requisito para todas las religiones, Jiménez no tendría condición clerical.

Empero, Orozco admite que su preocupación por el nombramiento de Jiménez se debe a las opiniones del ministro en temas relacionados con la defensa de los derechos humanos para las comunidades sexualmente diversas y los derechos reproductivos

DEBATE HISTÓRICO

El debate acerca de la participación de clérigos en importantes cargos del Estado no es reciente. El requisito de la seglaridad para estos puestos se arrastra desde la Carta Magna de 1871.

De hecho, en las actas de la Asamblea Constituyente de 1949 quedó registrada esta discusión, cuando se consideró si tal requisito debía ser exigido a los diputados.  El escritor y diputado constituyente José María (Billo) Zeledón señaló que “esta medida no significaba ataque alguno contra la Iglesia [Católica] o contra sus representantes, ya que el término “seglar” es muy amplio y cobija, no sólo a los miembros de la Iglesia Católica, sino a los Ministros de todos los cultos”.

Para el abogado constitucionalista, Manrique Jiménez, cuando se habla del “estado seglar” lo que se procura evitar es el clericalismo, es decir, la invasión de distintos estados religiosos en la política. Jiménez defiende que este artículo incluye a todas las religiones.

“Si para los ministros se aplica el criterio de que es solo para católicos, estaríamos en el absurdo de que el presidente, todos los ministros e incluyendo el presidente de la Asamblea podrían ser obispos de religiones no católicas”, evalúa.

No solo eso. El abogado Rubén Hernández sostiene que un fallo que determine que la condición de seglaridad aplica solo para católicos podría caer en discriminaciones para los clérigos de este credo.

“El constituyente quiso en el caso del Ejecutivo excluir la influencia del clero y si ello es cierto parece absurdo pensar que se quisiese excluir, únicamente a los sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Qué sentido tendría? (…) Interpretar de otra forma crea una discriminación”, advierte.

En el mismo sentido, el abogado experto en derecho público, Jorge Enrique Romero, sostiene que la Constitución es clara en que para ser ministro de gobierno se requiere ser del estado seglar, y por eso “el ministro  de gobierno  que es  obispo de una religión  cristiana no católica,  tiene  claramente  ese    impedimento.  Su estado religioso no queda invalidado por el hecho de pedir  un permiso a su jerarquía, para  desempeñar  el  cargo citado en el Poder Ejecutivo”.

El abogado José Antonio Solera planteó un recurso de coadyudancia a favor del Presidente de la República y de Melvin Jiménez. Según él, una eventual remoción de Jiménez le afectaría directamente como ciudadano pues podría perjudicar “la buena marcha del gobierno” y la “eficiencia de la administración”.

Entre casi cuarenta argumentos a favor del Ministro de la Presidencia, Solera recuerda un caso de 1987 en el que el presbítero católico Hugo Bonilla buscaba obtener la licencia para ejercer el notariado, pero -al no contar con el requisito de la seglaridad- se le impedía desarrollar este ejercicio profesional.

Bonilla alegó que la norma reñía con el artículo 33 de la Constitución, donde se establece que “todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. La Corte Plena falló a favor del sacerdote: hoy Bonilla es catedrático de la Escuela Libre de Derecho.

Para Solera, este requisito “es un resabio histórico y anacrónico de la época decimonónica cuando se gestaron intensas luchas de poder entre el clero de entonces y nuestros gobernantes liberales”, justificó. “Es un asunto que históricamente está desfasado y fuera de contexto y se opone a Instrumentos Internacionales suscritos por Costa Rica”, agrega.

REPLANTEAMIENTO DEL RECURSO

El pasado viernes 23 de mayo, la Sala Constitucional suspendió el análisis del recurso de amparo planteado por Orozco. De acuerdo con el fallo de los magistrados, la consulta debe plantearse como una acción de inconstitucionalidad, puesto que es la vía correcta para “las impugnaciones contra los llamados Actos de Gobierno”.

Orozco cuenta con 15 días hábiles para replantear su consulta y, al cierre de esta edición, aseguró que trabajaba en el nuevo documento.

UNIVERSIDAD contactó a Melvin Jiménez para conocer su postura sobre el debate, pero afirmó que no brindará declaraciones hasta que la Sala emita un criterio sobre el caso. Agregó que será completamente respetuoso del fallo y que seguirá las indicaciones que detalle el Presidente de la República.

Amparo ataca opiniones progresistas de jerarca

Daniel Salazar Murillo [email protected]

Si Melvin Jiménez estuviera en contra de la fecundación in vitro (FIV), las uniones entre personas del mismo sexo, o el aborto terapéutico en Costa Rica, Álvaro Orozco no habría interpuesto un recurso contra su nombramiento.

“Francamente no. Ya sería… Ya sería meterme ya… Hay que respetar la Constitución, estoy de acuerdo, pero no podemos hacer todo. Podría ser que firmara, pero no sería algo que me quite el tiempo con las otras cosas que tengo que hacer”, afirmó en una entrevista a Semanario UNIVERSIDAD.

Orozco es abogado y teólogo católico y ha tenido una activa participación en movimientos religiosos. Aunque dice no ser familiar de Justo Orozco, colaboró voluntariamente en su partido y ayudó al también exdiputado y excandidato presidencial Carlos Avendaño.

Álvaro es uno de los fundadores del Movimiento Inspiración Católica Familia y Vida y plantea que su principal preocupación con el nombramiento de Jiménez no es su pertenencia al estado clerical, sino las posiciones que defiende.

“El señor Melvin puede ser una persona muy honesta, correcta… pero la ideología de la Iglesia de él, que no es la iglesia luterana –sino surgida del luteranismo-, se ha convertido en una extensión del movimiento pseudocatólico pro-choice [pro-elección]”, critica.

“La iglesia de él está a favor del aborto terapéutico, de la FIV, del movimiento gay. No es una cuestión religiosa, de estar en contra de evangélicos, cristianos, ni nada de eso: es el peligro de que una ideología así bajo capa de religión meta todo eso”,  objetó.

Orozco ha estado detrás de, al menos, nueve recursos de amparo. Apoyó a los partidos cristianos cuando el abogado Marco Castillo solicitó la desinscripción de Renovación Costarricense y Restauración Nacional. Su último recurso lo presentó en contra del izamiento de la bandera de la diversidad en Casa Presidencial: lo hizo el 15 de mayo, un día antes de que se desarrollara la actividad.

El abogado y activista católico lamenta que Melvin, aún con un eventual fallo positivo de la Sala, pueda continuar colaborando como viceministro o asesor.

“Puede ser asesor, también, pero va a seguir promoviendo todo eso. ¡Pero él iba a ser el coordinador de los ministros! ¡Iba a ser el vocero del gobierno!” reclama. “El no puede gobernar… Solís con ese señor sería un enredo”, cerró.