Con una caminata el pasado lunes 5 de marzo, los vecinos de Mora, Santa Ana y otras comunidades opuestos al cobro del peaje echaron a andar una serie “acciones de resistencia pacífica”, incluida una próxima demanda judicial para pedir la anulación del contrato de concesión de la carretera San José-Caldera, anunciaron miembros del comité de lucha.
Acompañados de cánticos patrióticos, portando banderas de Costa Rica y carteles de protesta, cientos de manifestantes del sector de Santa Ana y Ciudad Colón desfilaron por la ruta 27 (carretera a Caldera) desde la entrada a Brasil de Mora hasta el túnel de Pozos de Santa Ana, donde culminó la protesta, que fue apoyada por los alcaldes de Mora y Santa Ana.
A más de dos años de inaugurada la vía San José Caldera, la concesionaria Autopistas del Sol inició el 1 de marzo el cobro del peaje en el cruce a Ciudad Colón, luego que el tribunal contencioso administrativo falló en contra de conceder una medida cautelar solicitada por los alcaldes y vecinos para impedir el cobro, que estaba suspendido tras protestas que protagonizaron residentes de la zona.
Juan Carlos Antillón, vecino de Ciudad Colón y representante del comité de lucha, afirmó que la marcha del lunes es apenas el arranque de una serie de acciones para lograr la anulación del contrato de concesión. “Nosotros fuimos a una primera instancia para resolver un incidente que planteamos ahí (sobre la medida cautelar). Ese incidente no tuvo éxito pero tenemos todo el derecho a ir a una demanda ordinaria y a eso vamos”, dijo.
Recordó que el cobro del peaje se frenó cuando se inauguró la carretera, porque el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) determinó que había que hacer un estudio tarifario para ver si se justificaba o no el peaje, y no lo han hecho. “Nosotros lo hemos pedido y no lo hicieron. Le dijimos al tribunal que pidiera ese estudio y no lo quiso pedir”, afirmó.
“El contrato de concesión está viciado de nulidad, pero nosotros no teníamos ahí la facultad de argumentar eso, porque se trataba de una medida cautelar y solo se podía tocar asuntos circunstanciales relativos a la medida cautelar. Ahora vamos por el fondo y vamos a pedir la nulidad del contrato, a nombre de las comunidades, y si las municipalidades quieren adherirse y coadyuvar al proceso lo pueden hacer. O al revés, si las municipalidades demandan la anulación del contrato, nosotros entramos como coadyuvantes”, dijo.
La nulidad se pedirá por todos los incumplimientos que hay y los perjuicios que han tenido las comunidades, y las acciones se harán conforme a la declaratoria de “resistencia pacífica, permanente y activa” que hicieron, con el propósito de que la participación de las comunidades cada vez sea mayor, explicó Antillón.
Varias comunidades a lo largo del trayecto de la carretera a Caldera reclaman que han quedado aisladas con la construcción del proyecto, pues a dos años de inaugurada la obra no se ha cumplido con la construcción de puentes peatonales, calles paralelas y otras obras previstas con las que se suponía que ciertas poblaciones no iban a quedar aisladas y se evitaría que las personas estuvieran obligadas a cruzar la calle en medio del tráfico a alta velocidad.
Roxiris Vargas, integrante del comité y vecina de Pozos de Santa Ana, dijo que además de pedir la anulación del contrato mediante un juicio ordinario, pedirán que se exijan responsabilidades a los que firmaron el contrato.
Un caso similar se está dando con la minera Crucitas, en que la Fiscalía inició una investigación y el exministro de Ambiente Roberto Dobles ha sido llamado a declarar por el decreto de conveniencia nacional que firmó para ese proyecto, y seguramente será llamado a declarar también el expresidente Óscar Arias, afirmó.
Según Vargas, la gran mayoría de la gente está a favor de la causa que han emprendido, porque el peaje no tiene por qué existir donde está; pero las personas de lugares como Ciudad Colón, Piedades y Brasil de Mora, entre otros, se ven obligadas a pasar por ahí porque es la entrada y salida hacia el trabajo y son localidades “dormitorios”.
Otra representante, Georgina Marín, de Ciudad Colón, relató que en los primeros días la gente estuvo utilizando la antigua carretera a Piedades y Santa para no pagar el peaje, pero hay mucho peligro ahí, y han hecho un video donde se muestra lo que debe hacer un camión para pasar.
Dijo que junto con la parte legal van a emprender una serie de acciones comunales como conversatorios y otras actividades de información, para que las personas estén al tanto de la situación y de lo que se firma.
Por su parte, Antillón relató que muchos tratan de utilizar la carretera que pasa por Piedades porque además de no pagar a veces es más rápido, ya que en el peaje se están formando enormes filas en ciertas horas y es un “desastre”, porque a la entrada y salida son cinco casetas de cobro, y gran cantidad de carros compiten por uno de los cinco carriles en una zona de amortiguamiento de escasos 75 metros.
“No previeron nada de eso y esto es un desastre. Lo que pasa es que los tribunales no quisieron venir a hacer una inspección, y una cosa es mostrar la fotografía y otra verlo en el terreno; eso es una curva donde pasa solo un vehículo y con costos pasa un camión articulado”, refirió aludiendo a la ubicación del peaje.
