Seguros están respaldados por el Código de Trabajo y la Constitución Política.
De acuerdo con lo negociado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), en enero próximo corresponde iniciar la apertura del mercado de los seguros a la competencia en nuestro país, aunque en materia del Seguro de Riesgos del Trabajo (RT), la situación aún no está clara.
Esto porque los RT son seguros sociales; es decir, que de acuerdo con la legislación nacional deben estar administrados por el Estado costarricense y no son sujetos de comercialización.
En este sentido, para poder lanzar este tipo de seguros a la competencia, sería necesario que los diputados de la Asamblea Legislativa modifiquen varios artículos del Código de Trabajo, que los definen como beneficios laborales y derechos sociales, blindados por el artículo 73 de la Constitución Política; por lo tanto, su modificación podría ser incluso inconstitucional.
Todo este tema salió a la luz, luego de que el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Guillermo Constenla, envió una nota al diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jorge Gamboa, dando una serie de argumentos por los cuales es necesario que se legisle para las nuevas condiciones del mercado en competencia y se realicen las modificaciones que sean pertinentes.
Por su parte, la Superintendencia de Pensiones también remitió al despacho de este diputado una carta, en la cual afirmaba que no era necesario crear ningún proyecto especial, sino que el TLC por sí mismo, derogará los artículos del Código de Trabajo que obstaculicen el libre comercio en esta materia.
Al revisar la información, el legislador Gamboa determinó que el Código de Trabajo defiende el tema de los seguros de Riesgos de Trabajo a través de sus artículos 193, 204, 205 y 208, los cuales tendrían que ser modificados para permitir su comercialización.
“Quienes defienden la apertura creen que haciendo un reglamento y modificando el Código de Trabajo es suficiente para la apertura comercial de los RT, pero no están considerando que este tipo de seguros entran en nuestra Seguridad Social y deberían saber que si intentamos cambiar esos artículos, entrarían a comercializarse no solo Riesgos de Trabajo, sino todos los seguros sociales que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicó Gamboa.
Para el diputado del PAC no es viable comercializar los seguros de Riesgos del Trabajo, pues es una garantía que se le da a la población costarricense, sobre todo a los de menos recursos.
En su criterio, sacar a la libre competencia estos seguros es retroceder en materia de derechos laborales. “Mientras Estados Unidos nos está copiando el sistema de Seguridad Social, nosotros queremos ir hacia atrás con nuestras políticas”.
“Lo fundamental es que los seguros sociales son una responsabilidad del Estado, que es a quien le corresponde administrarlos; pero, el INS plantea de forma muy sutil, que se debe abrir el camino a comercializar los RT, aunque eso signifique cambiar el Código de Trabajo; no estamos dispuestos a ceder a esto”, indicó Gamboa.
OPOSICIÓN AL CAMBIO
Según el legislador del PAC, tanto el INS como la Superintendencia de Seguros (SUGESE) están sondeando qué tan resistente será la oposición a este tema, y a partir de ahí desarrollar la estrategia para comercializar los seguros de Riesgos del Trabajo.
Sobre este tema, la SUGESE envió la nota al diputado Gamboa, asegurando que la apertura de seguros no tendrá problemas para la puesta en marcha a partir de enero, pues en su criterio únicamente habrá que hacer un reglamento para comercializarlos.
Esta información la confirmó el asesor legal del legislador, Diego Pacheco, quien sostuvo que un reglamento no es posible, ya que hay demasiado rango constitucional en los seguros RT, al estar amparados por la Constitución y al haber incluso dicho la Sala IV que en materia de derechos humanos laborales no se pueden desmejorar las condiciones, pues se estaría violentando el principio de progresividad.
“Lo que plantea la SUGESE es sumamente grave, pues el Superintendente se apoya en un criterio de su departamento legal, donde indican que el TLC deroga tácitamente todas las normas del Código de Trabajo que resulten obstáculos al libre comercio, aduciendo que el Tratado por ser un acuerdo internacional, tiene más peso sobre esta legislación. Pero omiten que el Código de Trabajo está amparado por la Constitución, es de mayor jerarquía”, argumentó Pacheco.
No obstante, la situación no es sencilla, dado que de acuerdo con el TLC, en el momento en que se dé la apertura de Seguros, el INS deberá abrir los seguros sociales al resto de las aseguradoras; de lo contrario, estaría incurriendo en competencia desleal.
Por este motivo, el INS en la carta enviada al diputado Gamboa sostiene que es urgente la modificación de los artículos del Código de Trabajo, en vista de que si no se hace así las aseguradoras privadas se aprovecharán de la CCSS, por ser la entidad que atiende gran cantidad de los casos de Riesgos del Trabajo.
Pacheco afirmó que es al Estado a quien le corresponde atender estas situaciones y suministrar la Seguridad Social, por lo que no se puede imponer tope a las prestaciones hospitalarias de rehabilitación y en el caso de una empresa privada prevalecerían los principios de selectividad; es decir, muchos trabajadores no podrían ser cubiertos por este seguro, por el riesgo del trabajo que realizan.
“No es lo mismo un seguro social que uno comercial. La ley reguladora del mercado de seguros establece las reglas para los comerciales y en su transitorio 3 se indica que debe elaborarse un reglamento para comercializarlos, y aunque RT está incluido en el TLC los seguros sociales no son sujetos al comercio de los hombres”, dijo Pacheco.
Sobre este particular, el asesor legislativo aseveró que en la consulta realizada a la Sala IV sobre la inconstitucionalidad del TLC, no se incluyó el tema de Riesgos del Trabajo, por lo que esta podría ser la semilla que se traiga abajo el acuerdo internacional.
UNIÓN LEGISLATIVA
Ante estas dos misivas enviadas al diputado Gamboa, su despacho redactó una carta, en la cual manifiesta la preocupación de que la gestión de los seguros de Riesgos del Trabajo no se trata únicamente de un simple monopolio, sino de una parte medular de la seguridad social y que su rango constitucional la debería excluir de la comercialización.
“Entramos a cuestionar las medidas que han adoptado el INS y la SUGESE para cumplir el mandato del TLC sin perjudicar los principios recogidos en la Constitución Política y desarrollados en el Código de Trabajo; o si tienen pensada la defensa técnica de un reglamento que es potencialmente ilegal, durante el trámite de un eventual juicio contencioso administrativo”, denunció el legislador.
Esta nota fue apoyada por otros diputados de la Asamblea Legislativa, pertenecientes al PAC, a la Unidad Social Cristiana (PUSC), al Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y al Frente Amplio.
Al respecto, el diputado Luis Fishman, del PUSC, aseguró que tienen serias dudas sobre la regulación del seguro de Riesgos del Trabajo, para definir si es necesario establecer alguna regulación en este tema.
“Riesgos del Trabajo están establecidos en el Código de Trabajo y la Constitución desde la década de los cuarenta y es un derecho que no debería sustraerse y pasar al sector privado. En mi criterio, se debe mantener este precepto y de ser necesario realizar alguna reserva”, advirtió Fishman.
UNIVERSIDAD solicitó una entrevista con el presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, y se le enviaron las consultas por correo electrónico; a pesar de que en la oficina de prensa informaron que respondería, al cierre de esta edición no lo había hecho.
