El diputado Manrique Oviedo reclamó el pasado 27 de febrero que ni el MOPT, ni el BID, ni Cal & Mayor le han entregado el segundo estudio con firmas y sellos de esta firma mexicana, que según el MOPT justificó el aumento de costos del proyecto de la Ruta 32 (Foto: Katya Alvarado).
La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó la semana antepasada el proyecto de ley para aprobar el convenio y ahora este debe pasar a discusión del plenario legislativo. Allí “indiscutiblemente le serán presentadas mociones”, adelantó la semana pasada en conferencia de prensa Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Vamos a presentar un informe de minoría y cuando el proyecto ingrese al plenario valoraremos las acciones a tomar”, dijo Oviedo, quien insistió en acusar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de mentir a los costarricenses en relación con el costo del proyecto y de no entregar la información que sustente el costo de la obra, la cual no le han entregado a pesar de haberla solicitado en reiteradas ocasiones.
El diputado objeta que el diseño y la construcción de la Ruta 32 (tramo Río Frío-Limón) se vaya a contratar con la empresa estatal China Harbour Engineering Company (CHEC), que enfrenta acusaciones de corrupción en otros países.
Asimismo, cuestiona que la obra se haya presupuestado en $485 millones (unos ¢255.000 millones), lo que supondría un sobreprecio de más de $100 millones, en relación con los $320 millones (¢207.800 millones) que había calculado en febrero del 2012 la empresa mexicana Cal & Mayor, contratada por el MOPT para revisar el anteproyecto de la ampliación de la Ruta 32, con una donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto se financiaría con un préstamo de $395 millones (¢207.770 millones) del gobierno chino, con una contrapartida de cercana a $90 millones del parte del Gobierno costarricense.
Oviedo acusó al MOPT y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) −entidad encargada de ejecutar el proyecto− de estar empeñados en justificar el presupuesto para pagar a la firma china, con el alegato de que hay un nuevo informe de la empresa mexicana, que actualizó el precio en febrero del 2013.
El informe “si existe, no lo hemos visto; no ha sido añadido al expediente y, por lo tanto, seguimos a la espera del mismo”, insistió Oviedo.
Por el contrario, Pedro Castro, jerarca del MOPT, sostuvo que es falso que al diputado no se le haya entregado la información, pues desde el 22 de enero último se le remitió, y el pasado 25 de febrero se envió toda la información a la Comisión de Asuntos Hacendarios, que había solicitado el mencionado informe.
Pero, según Oviedo, el MOPT sigue “mintiendo” a los costarricenses, ya que lo enviado es un documento elaborado con información originada por el MOPT y Conavi, que hasta faltas de ortografía tiene en la portada, y por ningún lado hay firmas ni sellos de la empresa mexicana, la cual tampoco le ha enviado el citado informe que solicitó.
INACEPTABLE
Mientras tanto, el Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional, integrado por seis entidades públicas y privadas, expresó su preocupación respecto al trámite legislativo del proyecto de ley sobre la Ruta 32 en la Comisión de Asuntos Hacendarios, en vista de que aún no se aclaran temas técnicos y legales de gran importancia para el desarrollo de esta vía trascendental para los limonenses y para todo país, señaló.
“Esta obra es necesaria, pero no debemos proceder sin tener un precio justo, las condiciones técnicas claras y bien definido el costo total que representará para el país”, advirtió el Grupo Consenso, conformado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Cámara Costarricense de la Construcción, Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, y Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.
Este grupo técnico cuestionó que la comisión legislativa dictaminara el proyecto de ley “sin contar con planos de anteproyecto, sin tener un cálculo de cantidad de materiales, ni estudios de precios y costos, costo y cantidad de los terrenos por expropiar que debemos pagar, y sin determinar la necesaria reubicación de servicios públicos a lo largo de la obra”.
Asimismo, calificó como inaceptable que la comisión aceptara como razonable el costo acordado con la empresa CHEC, en la suma de $485 millones.
Por otro lado, un grupo de empresarios, abogados y otros profesionales de la provincia de Limón, iniciaron un movimiento de apoyo al proyecto impulsado por el Gobierno para la Ruta 32, al que llamaron Fuerza Caribe y que contempla movilizaciones de apoyo de pobladores limonenses, para defender el desarrollo del proyecto acordado con los chinos.
Johnny Vargas, uno de los voceros del grupo, dijo que no existe sobreprecio en la ampliación de la menciona vía. “Ya hemos tenido reuniones con el Conavi y nos han aclarado todas las dudas”, afirmó.
A su juicio, las manifestaciones del Grupo Consenso se deben a que a las empresas constructoras les preocupa que otra compañía internacional les quite su trabajo. “Por eso es que ellos están en contra, y lo que nos duele es que ingenieros costarricenses se pongan a hacerle el jugo a esta gente, cuando los chinos vienen a hacer la obra con precios más bajos y con eficiencia, así como hicieron el estadio (nacional, en San José); nosotros estamos de acuerdo en que lo hagan, dijo Vargas, empresario de maquinaria de Pococí, Limón.
Lamentó que “se ha satanizado cualquier obra que el Estado saque, y por eso el Gobierno se ha vuelto inoperante, porque intervienen grupos ecologistas, intereses políticos, intereses de las empresas, y todo el mundo interviene para pararse encima de la escoba a la Presidenta de la República y que no haga nada”.
EMPRESAS
Para el ingeniero Ricardo Castro, de la Cámara Costarricense de la Construcción, es “una gran mentira” decir que están defendiendo el interés de las empresas constructoras, en el caso de la ruta 32.
De acuerdo con el representante, lo que están haciendo con el pronunciamiento es defender los intereses de todos los costarricenses, de los que ellos son parte, y no tienen inconveniente de que vengan empresas extranjeras, pues de hecho ya hay varias trabajando, incluso una china, pero debe ser en pie de igualdad y conforme a las leyes, expresó Castro.
Lo que sucede es que “esta es una carretera en la que se está embarcando al país”, advirtió Castro, y no es válido el argumento de que se está contratando la obra sin licitación pública para evitar atrasos con las apelaciones que se suelen presentar a los proyectos.
Los atrasos en los proyectos son por problemas del MOPT y no por las licitaciones, y prueba de ello es que otras instituciones públicas como la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras, no tienen apelaciones en las obras que contratan por licitación, alegó.
“Una contratación −sea de diseño o de construcción− que los costarricenses tenemos que pagar, tiene que ser licitada”, recalcó.
Otro inconveniente es que el convenio faculta al gobierno de China para decir si Costa Rica comete alguna falta o no, y para fijar las multas; las diferencias legales que surjan en la ejecución del proyecto se resolverían conforme a la legislación china y no la nacional.
Por otra parte, contrario a lo que se dice, las condiciones financieras no son buenas, ya que hay opciones de financiamiento más favorables, de lo cual es ejemplo el préstamo por $500 millones que Japón le otorgó al Instituto Costarricense de Electricidad, a un interés de 0,6% anual, plazo de 40 años y 10 años de gracia, mientras que el préstamo chino es a una tasa combinada de 3,5%, 20 años plazo y 5 de gracia, señaló Castro entre otras críticas.
