Leonardo Garnier durante la capacitación de docentes de Educación para el Hogar. (Foto: Facebook MEP)

Haremos uso de todos los mecanismos legales que tenemos a mano, para evitar que se aplique el próximo año la reforma curricular a la materia de Educación para el Hogar, aseguró a UNIVERSIDAD Beatriz Ferreto, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), al referirse a la posibilidad de que este sindicato inicie un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo en contra del Consejo Superior de Educación,  tras la aprobación del nuevo programa de estudio.

La APSE sostiene que el Ministerio de Educación Pública (MEP) busca forzar a las docentes de esta materia, a trabajar en un área ajena a su formación, con lo cual propicia un clima de inestabilidad, ya que con el cambio curricular los contenidos que se brinden en clases serán nuevos, y no serán para lo que fueron formadas las educadoras, afirman en el sindicato de educadores.

Además, la APSE critica que para la aplicación del nuevo programa tan solo se estén brindando capacitaciones cortas, para preparar a los docentes en las nuevas áreas por  impartir, que son: vida saludable, seguridad física y emocional, y educación financiera.

“A mí me capacitaron en una mañana, porque hoy es día de pago y se iban temprano, así que usted dirá qué aprendí”, aseguró Yanira Rosales Alvarado, profesora de Educación Familiar y Social, del Liceo el Roble de Heredia.

“Por supuesto que no se trata de «unos pocos días»; dedicaremos el resto de este año a realizar actividades de capacitación, sobre todo para cubrir los temas que son novedosos en el programa y enfatizar el enfoque de mediación pedagógica que se plantea, tal y como se ha hecho con todas las asignaturas que hemos reformado”, defendió el ministro de Educación, Leonardo Garnier.

Sobre la demanda que interpondrá el sindicato, su presidenta, Beatriz Ferreto, no quiso adelantar mayor criterio sobre el contenido.

El Consejo Superior de Educación está encabezado por el ministro Garnier, así como por exministros de esta cartera, representantes de la educación primaria, secundaria, universitaria, y miembros sindicales de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). Este órgano durante el mes de febrero aprobó los nuevos contenidos que serán aplicados en la materia de Educación para el Hogar, que pasaría a llamarse Educación para la Vida Cotidiana.

Dicho programa lo elaboró la firma consultora Procesos, presidida por la exasesora de la Casa Presidencial, Flor Isabel Rodríguez, dentro del proyecto denominado “Ética, estética y ciudadanía”, financiado con ¢417 millones  provenientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y del Fondo Fiduciario España-PNUD, hacia un desarrollo integrado e incluyente en América Latina y el Caribe.

También se usaron ¢494 millones donados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el aporte realizado por la entidad bancaria BAC-Credomatic, según reveló a UNIVERSIDAD esta semana el ministro  Garnier (véase recuadro “Reforma financiada con fondos del BAC-Credomatic”).

SIN CONFIANZA

Garnier dice estar extrañado de la decisión de la APSE, ya que “ese programa estuvo en discusión largo tiempo; además, las organizaciones gremiales tienen representantes en el Consejo Superior de Educación”, aseguró.

En este sentido, educadoras reclamaron al representante sindical en dicho Consejo, al considerar que el voto “se vendió” al bando opuesto. ¿Cómo es posible que el programa se aprobara por unanimidad? ¿Por qué si Mario Alfaro es miembro permanente de dicho Consejo aparece el señor Álvaro Álvarez firmando la aprobación?, cuestionó en nota enviada a la ANDE, Rocío Mora, profesora de Educación para el Hogar.

Garnier calificó de falso el argumento esgrimido por el sindicato, de que con el nuevo programa se afectaría laboralmente a las educadoras, dado que “el propio Consejo Superior de Educación indicó que el MEP debería hacer las gestiones ante el Servicio Civil, para que hubiera una absoluta homologación de puestos”.

De igual manera, reafirmó las potestades del Consejo Superior de Educación para aprobar, y aseguró que “nadie  más puede aprobar un programa oficial”.

No obstante, para Ferreto tanto el Consejo como el MEP y hasta la empresa consultora Procesos, son responsables de las consecuencias que esta aplicación del nuevo programa pueda generar en las educadoras que imparten esta materia.

“El hecho de que don Leonardo diga que no van a tener ningún problema no nos da a nosotros ninguna certeza; tenemos múltiples ejemplos de que las palabras se las lleva el viento”, espetó Ferreto.

Por otra parte, el sindicato de educadores presentará otra demanda en contra de la Dirección de Recursos Humanos del MEP, debido a que existe una directriz que se aplicaría durante el próximo curso lectivo, y con la cual se indica que no habrá plazas en propiedad para educación especial. “Ya no solamente hay un tope con el cual no se puede accesar a las 40 lecciones que imparten los profesores, si no que ahora no se otorgan las plazas en propiedad”, criticó Ferreto.

Sobre esta aseveración de la APSE, Garnier manifestó que “cualquier documento que genere confusión a este respecto, se aclarará como es debido”. El sindicato prevé que en un mes interpondrán la denuncia en contra del Consejo Superior de Educación, por la reforma al currículo de la materia de Educación para el Hogar.

Diputados confirman investigación

La comparecencia del ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, se mantiene en pie pese a los cambios en la conformación de dicha comisión, y así lo confirmó la  nueva presidenta, la diputada del Partido Movimiento Libertario, Patricia Pérez.

A Garnier se le convocaría por haber otorgado una “carta de referencia” a Flor Isabel Rodríguez, presidenta de Procesos -empresa que desarrolló los nuevos programas curriculares-, que le sirvió a la consultora para obtener un contrato con la  Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) por ¢17 millones, para asesorar en relaciones públicas a dicha institución.

Al consultársele al ministro sobre su posible comparecencia ante esta comisión, Garnier nada más expresó: “No me han comunicado nada al respecto”.

En dicha comisión también serían llamados a dar cuentas Luis Liberman, vicepresidente de la República, y Adrián Chinchilla, hermano y asesor de la presidenta Laura Chinchilla.

Reforma financiada con fondos del BAC-Credomatic

El nuevo programa educativo de Educación para el Hogar fue financiado con fondos de la entidad bancaria BAC-Credomatic, según lo confirmó  a este Semanario el ministro de Educación, Leonardo Garnier.

Con los ¢417 millones aportados por el PNUD solamente se logró transformar los programas de Educación Cívica, Educación Física, Educación Musical y Artes Plásticas, según detalló Garnier.

“En la ejecución del proyecto con el PNUD no se llegó a transformar los programas de Educación para el Hogar; solamente se hicieron unos primeros talleres, pero no fue posible ni con Hogar ni con Artes Industriales”, explicó el ministro.

Agregó: “Recibimos la oferta de BAC-Credomatic de apoyar en la elaboración de los programas de Educación para el Hogar, que tendrían un componente de educación financiera”. El BAC contrató a grupos de especialistas para trabajar con funcionarios del MEP en la elaboración de los programas.

Ante la consulta de cuántos fondos fueron destinados por la entidad bancaria para lograr la consolidación del nuevo programa, Garnier dijo que “siendo fondos privados, no tenemos acceso a los montos invertidos”. El equipo lo coordinó Virginia Rojas, viceministra de Educación durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier.

Esta situación genera dudas entre profesores de Educación para el Hogar, así como entre los agremiados de APSE. “¿Cómo podemos ver esto con beneplácito? La empresa privada cuando invierte, por lo general  lo hace por intereses económico-financieros o intereses ideológicos”, cuestionó la presidenta de este sindicato, Beatriz Ferreto.

Pese a que este Semanario intentó obtener el criterio de un representante de la entidad bancaria, al momento de hacer la consulta se indicó que Roxana Víquez Salazar, encargada del Departamento Responsabilidad Social Corporativa Regional, no se encontraba.