La Comisión de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa solicitó al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) información sobre el concurso de antecedentes que realiza para nombrar en puesto fijo al secretario técnico de la institución. Esto ante sospechas de que los términos del cartel se hayan modificado para nombrar a Edwin Rodríguez, quien ha ejercido como secretario técnico interino en los últimos dos años, situación que directivos de la entidad negaron tras consulta del Semanario.

Al concurso de antecedentes, se presentaron siete postulantes y el nombramiento se iba a dar en estos días, pero la directiva del CNC decidió pedir autorización a la Contraloría General de la  República (CGR) para posponer por dos meses la decisión, informaron fuentes de la entidad.

El concurso de antecedentes se realiza en momentos en que han trascendido informes de la auditoría interna de la institución, la cual  apuntó una serie de fallas en el cumplimiento del contrato y la fiscalización de la concesión de proyecto vial San José-San Ramón, a cargo del consorcio Autopistas del Valle. Por esa razón,  se recomendó iniciar procesos administrativos contra los funcionarios responsables, requerimiento que no fue atendido por los jerarcas del CNC.

En otro informe, la auditoría advierte que el CNC no lleva un control efectivo de los ingresos por peaje obtenidos por la concesionaria Autopistas del Sol en la carretera San José-Caldera, no ha recibido información sobre la coparticipación de ingresos por el peaje que tiene derecho el Estado según el contrato, y ha habido atrasos en la información que la concesionaria está obligada a entregar, sin que la administración haya tramitado el cobro de multas previstas en el contrato, entre otras anomalías.

Los ingresos por peajes reportados por la empresa en poco más de dos años de funcionamiento apenas superan los $80 000 (¢40 millones), suma que es casi igual a lo que costó la contratación del sistema de cámaras para controlar el tránsito de los vehículos por las estaciones de peaje y que no ha funcionado regularmente por falta de mantenimiento. Un control que no ha ejercido la empresa contratada para ese efecto, un consorcio de la firma CACISA, que a la vez es también la supervisora de la concesión dada a Autopistas del Sol, según el informe.

A su vez, la CGR en un informe (DFOE-IFR-IF-14-2011) enumeró una serie de  fallas en la gestión del CNC para el desarrollo y fiscalización de las concesiones en el país (ver recuadro “Advertencias de la Contraloría”). El nuevo documento se añade a otras advertencias que había hecho el órgano contralor sobre las debilidades institucionales del CNC para gestionar los proyectos de concesión de obra pública.

Por iniciativa del diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana), la Comisión de ingreso y gasto público consultó al CNC, entre otros puntos, las razones técnicas por las cuales se eliminó del concurso para secretario técnico el requisito de tener experiencia financiera, que se exigió cuando se eligió a los anteriores secretarios técnicos, Rocío Aguilar y Luis Diego Vargas, siendo el CNC una organización con un modelo de proyectos evidentemente financieros.

En la respuesta la enviada el pasado 29 de octubre, Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y presidente de la junta directiva del CNC, indicó que “al requerirse de los participantes experiencia certificada en la formulación, evaluación y negociación de proyectos de concesión de obra pública con servicios públicos, esto abarca el ámbito financiero, por lo cual se valoró de forma integral la experiencia”.

Otra de las preguntas fue quién elaboró los términos del cartel, quiénes son los integrantes de la comisión nombrada para evaluar las ofertas y cuál es su relación jerárquica con el secretario técnico interino.

La respuesta fue que los integrantes son Juan Carlos Pacheco, viceministro de inversión pública del Ministerio de Hacienda; Rodolfo Molina, miembros de la junta directiva en representación del sector de empresa privada; Carmen Madrigal, proveedora institucional, y Mario Granados, asesor jurídico del CNC.

A la vez, ahora se le dio el mayor puntaje (35 %) al ítem “experiencia en concesiones”. Modificación que tendería a favorecer a Rodríguez, quien es ingeniero eléctrico y entre sus atestados destaca el haber estado involucrado en los procesos de concesión, como funcionario del MOPT.

Roberto Gallardo, ministro de Planificación y miembro de la junta directiva del CNC, descartó que se trate de un concurso adecuado para nombrar a Rodríguez en forma permanente.

“No debe ser tan así, porque se presentaron siete postulaciones. Si la cosa estuviera tan adecuada a alguien, no habría tanta participación”, argumentó.

Dijo que sí han valorado en el CNC que el secretario técnico tenga un perfil que le permita organizar el trabajo de especialistas. Si se le da mucho énfasis al tema de las finanzas, alguna gente podría decir que por qué no está la formación técnica en ingeniería, por ejemplo.

“Lo que hemos creído es que la persona que maneja el trabajo administrativo del CNC debe tener esa capacidad de organizar el trabajo multidisciplinario, debe tener un gran conocimiento acerca de la figura de la concesión, porque hemos estado discutiendo lo hecho hasta ahora en el CNC y lo que va a hacer en el futuro. Consideramos que hay algunas cosas que reforzar, algunas que corregir, y desde nuestra perspectiva debe haber una valoración de las características de la persona que vaya a llevar este proceso”, manifestó Gallardo.

Criterio coincidente expuso Rodolfo Molina, representante de la empresa privada en la directiva del CNC y miembro de la comisión evaluadora del concurso. Molina dijo que se requiere principalmente que el secretario técnico sea un organizador, una persona que sepa trabajar con grupos, no un experto en finanzas.

“Se requiere que el secretario técnico de concesiones tenga experiencia en concesiones, en toma de decisiones, y que sea un organizador básicamente. Un especialista en finanzas se puede conseguir, y de hecho todos los proyectos van respaldados con gente especializada en finanzas”, adujo.

Para Molina, uno de los principales problemas del país es la coordinación interinstitucional, “entonces necesitamos gente que pueda organizar ese trabajo y, lógicamente, con experiencia en lo que estamos tratando, que en este caso son concesiones”.

PERSONAL DE CONFIANZA

Uno de los problemas del CNC, que apuntan empleados de la entidad, es que la actual administración continúa la práctica de contratar personal de confianza para realizar labores sustantivas de la institución, lo cual no permite fortalecer la capacidad institucional ni la capacitación de personal.

En vez de ello, se contrata a personas para cumplir lo que el secretario técnico quiere, asisten a capacitaciones que el personal de planta no tiene oportunidad de recibir y en cualquier momento se van a trabajar a otro lado sin que la institución se beneficie.

Es una situación que ha señalado la CGR informes anteriores, donde ha llamado la atención sobre la debilidad de la institución para manejar los proyectos de concesión, y ha recomendado hacer una reestructuración para mejorar la gestión del CNC.

Los jerarcas han alegado que el CNC tiene entre manos proyectos muy grandes y complejos, para los que se necesitan especialistas que la entidad no tiene, por lo que hay que contratar afuera.

Pero hay empleados que manifiestan preocupación, porque dicen que se están dando contrataciones a dedo, sin procesos de selección ni evaluación, como gerente de proyectos y otros, y en algunos casos es para realizar labores en las que ellos tienen capacitación, pero se les margina, se les relega a cumplir labores ajenas a sus puestos y luego se afirma que no están capacitados para realizar el trabajo que necesita la institución.

Otro motivo de preocupación que manifiestan es el excesivo control que ejerce el secretario técnico en las contrataciones, con apoyo de un reducido grupo de funcionarios de confianza, aunque se alegue que se respeta la formalidad de los procesos de contratación.

Uno de los casos mencionados es el de una abogada que estaba en periodo de prueba para trabajar en la institución y el secretario técnico le dio una evaluación negativa, a pesar de que la evaluación en periodo de prueba le corresponde al superior inmediato del funcionario, en este caso la directora la oficina jurídica de la institución, según un criterio emitido por el Servicio Civil.

En un juicio contencioso administrativo que entabló la abogada, esta alegó que el jerarca le había pedido no resolver sin informarle a él primero un criterio jurídico que le correspondió hacer sobre una contratación de un asesor jurídico para la directiva del CNC, y como ella hizo un informe negativo sobre la contratación, el jerarca pidió que no la contrataran. Después, la profesional desistió del contencioso, aparentemente porque obtuvo otro trabajo y prefirió abandonar la causa.

Otro caso es la contratación en mayo pasado de una abogada por ¢100 millones para dar asesoría jurídica al CNC en el proceso arbitral para dirimir el reclamo por $90 millones (¢45 000 millones) que presentó Autopistas del Sol por supuestos incumplimientos del contrato en la concesión San José-Caldera.

Aunque se alega que estas contrataciones cumplen las formalidades, llama la atención que la profesional era abogada de KPMG, empresa que dio asesoría jurídica a APM Terminals ante el CNC en el proceso de concesión de la terminal de contenedores de Moín, de donde la profesional renunció para asumir la asesoría en el CNC.

Además, antes de ser contratada ya se mencionaba que sería la asesora jurídica del CNC en el proceso arbitral, y a unos empleados del CNC los pusieron en la semana santa pasada a fotocopiar el expediente del caso para entregárselo a ella antes de presentar su oferta de servicios, que efectivamente fue la que obtuvo el contrato.

Advertencias de la Contraloría

Entre otros la CGR hace los siguientes señalamientos:

-Las principales decisiones de la junta directiva son tomadas por los representantes del sector no gubernamental, en conjunto con el ministro del MOPT. Esto debido al alto porcentaje de ausentismo de miembros del sector gubernamental en las sesiones, tales como el presidente del Banco Central que se ausentó del 78 % de las sesiones, el ministro de Hacienda al 73 % de las sesiones, y ministro de Planificación al 28 %. Esto implica su escasa participación en la definición de lineamientos, políticas y medidas estratégicas para subsanar las deficiencias en la gestión del CNC.

-Una inefectiva promoción y divulgación de proyectos, carencia de un proceso de planificación estratégica efectivo, inadecuada estructura orgánica para una efectiva gestión administrativa y supervisora.

-Incumplimiento de principios y procedimientos de la normativa de contratación, demoras excesivas en el inicio de los proyectos de concesión, deficiente gestión de consultores y supervisores contratados, ineficiente capacidad de fiscalización y control de un proyecto en construcción.

-Durante el período 2006-2010, la junta directiva prácticamente no discutió sobre acciones concretas ni emitió directrices tendentes a tratar de resolver la débil gestión técnica y administrativa que caracteriza actualmente al CNC, y que no le permite lograr la eficiencia y efectividad en los procesos de concesión de obra pública que desarrolla, cuyas consecuencias repercuten negativamente en el desarrollo de la deficitaria infraestructura nacional.

Durante el período entre 1999 a 2010, el CNC, a pesar de haber contado con el apoyo de consultorías y estudios preparativos para proyectos de iniciativa pública y privada, por un valor de aproximadamente $15 000 000, únicamente ha puesto en operación dos proyectos de concesión: San José-Caldera y la terminal granelera de puerto Caldera.

La CGR concluye que el CNC no ha logrado cumplir adecuadamente su papel de institución especializada en la promoción y ejecución de la política de concesiones del país, por la ausencia de una adecuada gestión de los proyectos, por toma de decisiones tardías e inoportunas, falta de una política clara en cuanto a su compromiso y responsabilidad de respetar los tiempos señalados en los contratos, y una tardanza generalizada en el desarrollo de los proyectos.