De casa propia, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, busca trasladarse a una de alquiler.
Aunque el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Fernando Herrero, ha dicho que “todo ha sido público y transparente”, la diputada del Partido Acción Ciudadana, Leda Zamora Cahaves, realiza indagaciones para determinar si hay intentos por favorecer el alquiler de un edificio en el centro de oficinas Multipark, perteneciente al Grupo Financiero Improsa.
La intención de trasladarse de un edificio propio a uno de alquiler –situado en Escazú- que costará más de ¢1.000 millones anuales a la ARESEP, es cuestionada por legisladoras como Zamora Chaves y Lorena Vásquez, de la Unidad Social Cristiana.
La corporación Improsa tiene entre sus dueños a la familia Ortuño, de la cual forma parte Alfredo Ortuño Victory, quien fue tesorero de campaña del mandatario Óscar Arias y también donante de ¢7 millones. Luego del triunfo electoral en el 2006, el gobernante lo nombró representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Ortuño Victory también se desempeñó en el 2006 como secretario de la junta directiva del Banco Improsa y como encargado de la campaña para aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el referendo del 2008.
En el caso del edificio que desea alquilar la ARESEP en el Multipark, este pertenece a la empresa Improsa Capital, filial de la Corporación (diario La Nación, 01-10-09).
El regulador general, Fernando Herrero, alegó en una aclaración pública que hizo la semana pasada, la necesidad de contar con instalaciones apropiadas, “para atender bien a los usuarios y para que los funcionarios puedan hacer bien el trabajo”.
Según Herrero, antes de buscar un nuevo edificio se evaluaron las instalaciones actuales y las necesidades, y el estudio concluyó que el espacio del edificio propio ubicado al costado sur del Parque Metropolitano La Sabana, era insuficiente.
Después de esto afirmó que la institución elaboró un listado de los posibles edificios disponibles en San José y sus alrededores. Se anunció en la prensa la recepción de ofertas y se nombró una comisión técnica interna para analizar las opciones.
“Todo ha sido público y transparente (prueba es que se discute sin que hayamos tomado decisión alguna). Con la opción identificada, se le solicitó a la Contraloría indicar los siguientes pasos que debemos tomar. Uno de ellos es pedir un avalúo a la Tributación Directa, para que el precio no sea arbitrario”, explicó.
Por concepto del eventual alquiler en Multipark, la ARESEP pagaría entre $142.000 y $170.000 mensuales, gastos que se financiarían por medio de las tarifas que la entidad cobra por la regulación de los servicios públicos.
“En tiempos de crisis, lo que menos se puede hacer es afectar los costos de los servicios públicos”, cuestionó la diputada Lorena Vásquez en declaraciones al diario La Nación.
Por su parte, la legisladora Leda Zamora rebatió la excusa dada por Herrero, en el sentido de que con la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) ahora requieren de más espacio. A su parecer, si esto fuera cierto, podrían buscar un edificio que albergue únicamente a la SUTEL, que no necesariamente debe estar junto con la ARESEP.
A ella le llamó la atención de que solamente la edificación del grupo Improsa cumplía con las necesidades del órgano regulador, y que la ARESEP teniendo edificio propio, vaya a salir de allí a pagar altos alquileres, a lo cual hay que sumar el costo de las remodelaciones y del traslado.
Chaves ve con recelo este posible traslado, porque “de repente estas empresas que se metieron a hacer desarrollos inmobiliarios, a raíz de la crisis no les está yendo muy bien, y buscan a alguien que pague las pérdidas, y nada mejor para eso que el papá Estado”.
Por todo esto prepara para los próximos días, una solicitud de información al regulador Fernando Herrero, para aclarar sus dudas al respecto.
