Hace un mes, la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano (aquí junto a la diputada de Acción Ciudadana, Epsy Campbell) compareció ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en donde rindió cuentas sobre el esquema de fideicomiso de la empresa estatal. (Foto: Katya Alvarado)
Si acomodáramos en fila billetes de ¢1.000, las pérdidas para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por el atraso en la puesta en marcha del proyecto Red Abierta de Nueva Generación (Range) alcanzarían para hacer una hilera de 2.331 kilómetros, suficientes para escalar 263 veces el punto más alto del planeta, el monte Everest.
Por ahora, los ingresos que la institución cuantificó que dejaría de percibir son $35 millones, aproximadamente ¢18.000 millones, al tipo de cambio del Banco Central del pasado5 de noviembre.
Según la documentación de la medida cautelar provisionalísima presentada por el ICE ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Goicoechea (Expediente Nº13-0013-06-1027-CA), las estimaciones de pérdidas por el atraso en la ejecución del proyecto ascienden a $14 millones para el año 2014 y $21, 3 millones a partir del 2015.
Dichas pérdidas alcanzarían para sufragar en su totalidad el presupuesto que se le asignaría para el 2015 al Ministerio de la Presidencia o la Casa Presidencial; incluso es hasta tres veces más grande que todo lo que podría gastar el otro año la Defensoría de los Habitantes.
Range es una iniciativa que facultaría al ICE a construir una red de acceso de banda ancha en las zonas de San Pedro, Santa Ana, Escazú y Central Oeste. Con la ejecución de los objetivos propuestos con el proyecto Range, se permitirán ofrecer servicios interactivos adicionales a los servicios tradicionales de voz, tales como Internet de banda ancha, voz por IP, servicios de video, entre otros.
Un criterio de la División Jurídica del ICE, a cargo de Julieta Bejarano, emitido en 2012, provocó un diferendo con la Contraloría General de la República (CGR) que atrasó la puesta en marcha del proyecto hasta que el conflicto fue resuelto en los tribunales en el 2013.
La tarde del jueves 16 de octubre, Julieta Bejarano, directora Jurídica del ICE, visitó la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. En hora y treinta minutos expuso y fue interpelada sobre su participación en la formulación de los esquemas de fideicomisos de la empresa eléctrica.
Bejarano salía airosa de la ráfaga de preguntas planteadas por el diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, hasta que se le cuestionó sobre el impacto económico que el criterio legal emitido por su oficina provocó para el proyecto Range.
“¿Está usted consciente que ya hay un perjuicio para el ICE? Esto tiene un problema de tres años de atraso”, expuso el legislador Arguedas.
−“Posiblemente. Pero, también, tengo que decir aquí señores diputados, que cuando…, tal vez quiero explicar por qué surgió esta diferencia”, contestó la funcionaria del ICE. Arguedas interrumpió y no dejó seguir a Bejarano e inmediatamente agregó: “nada más, sí está consciente…”.
Bejarano contestó abruptamente. “Eso atrasó, claro. Eso atrasó, entre otras cosas”. El congresista Arguedas concluyó: “Sigue atrasando. Hasta mayo del año 2015 puede entrar el proyecto”. Ella solamente pudo manifestar: “Sí, sí”.
RANGE NACIÓ RANCIO
El ICE suscribió un contrato para un fideicomiso de hasta ¢30.000 millones con el Banco de Costa Rica en el 2012, con el objeto de desarrollar Range, una iniciativa para dotar de una red de fibra óptica.
En ese momento, la oficina jurídica dirigida por Julieta Bejarano señaló en una nota enviada al jefe de la División de Banda Ancha, Iván Flores, que el contrato de la Unidad Ejecutora de este fideicomiso no debía ser conocido por la Contraloría General de la República (CGR).
“Para efectos de validez y eficacia del contrato no se requiere el refrendo de la Contraloría y bastará con la suscripción de ambas partes”, reza la nota firmada por Bejarano. El ICE se amparó entonces en las potestades que le otorga la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones.
La Unidad Ejecutora contratada para el desarrollo de ese fideicomiso fue Consultores en Infraestructura GIP Ltda., una empresa fundada por la misma Julieta Bejarano, durante el 2005, a la cual renunció en el 2010 para regresar a ocupar el cargo de directora jurídica del ICE (véase recuadro: ¿Qué es GIP Ltda.?).
La tesis de la Dirección Jurídica del ICE fue rebatida por la Contraloría en junio del 2012, cuando la División de Contratación Administrativa emitió un criterio en donde asegura que la firma de contratos de fideicomisos no está eximida del refrendo de ese órgano.
Posteriormente, el gerente general del ICE, Alejandro Soto, pidió que el caso fuera conocido por la contralora de la República, Marta Acosta; pero, en el 2013 la CGR decidió declarar nulo el concurso de ofertas promovido por el fideicomiso, porque no había sido refrendado.
La diferencia de criterios entre su Dirección Jurídica y la Contraloría provocó que el ICE acudiera al Tribunal Contencioso Administrativo, para solicitar medidas cautelares a la resolución de la CGR. La respuesta del Tribunal fue rechazar la petición.
El caso se resolvió en noviembre del 2013, cuando dicho Tribunal homologó un acuerdo conciliatorio entre ambas partes y la Contraloría accedió a revisar el refrendo del fideicomiso ICE-RANGE-BCR.
Finalmente, el 26 de febrero pasado, el fideicomiso fue refrendado por la Contraloría, aunque en su resolución hizo la salvedad específica de que dicha validación tiene efectos futuros, pero “no se convalida en forma alguna lo ejecutado sin refrendo”.
Aun así, entre el 2012 y 2013 el fideicomiso ejecutó ¢352 millones, sin el aval de la Contraloría, y de los cuales ¢146 millones correspondieron al pago de honorarios a la empresa GIP Ltda., según confirmó en su momento a UNIVERSIDAD el Banco de Costa Rica; lo anterior ahora se mantiene en investigación por parte de la División de Fiscalización de la CGR, informó la oficina de prensa del ente contralor.
Pese a que se le solicitó un criterio a Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE, sobre las pérdidas que depara el atraso de esta iniciativa, no hubo respuesta por parte de la oficina de prensa de la institución, ni de los correos enviados al mismo jerarca.
Obregón formó parte del comité de vigilancia de dicho fideicomiso entre el 2012 y hasta abril del presente año; y por asistir a las reuniones recibía el pago de dietas.
En julio pasado, ante las consultas de este periódico por el mismo tema, el presidente del ICE aseguró que “el conflicto es producto de la variación de criterio del órgano contralor”.
¿Qué es GIP Ltda.?
Consultores en Infraestructura GIP Ltda. es una empresa fundada por los extrabajadores del ICE, José Miguel Mena, Marco Antonio Jara, Álvaro Barrantes, Edwin Molina y Julieta Bejarano.
La sociedad es constituida en la vivienda de Bejarano en diciembre del 2005 y cada una de las partes acuerda aportar el 20% de las acciones. Hasta el 2004 Bejarano había sido directora legal del ICE; en esa fecha se acogió al retiro voluntario.
La empresa asegura que nace para canalizar las inquietudes profesionales de cinco de sus fundadores, quienes antes de fundar GIP ya habían tenido bajo su responsabilidad la Unidad Ejecutora del fideicomiso de Titularización Proyecto Hidroeléctrico Peñas Blancas y el fideicomiso P. H. Cariblanco.
Entre el 2005 y 2010 asumieron como Unidad Ejecutora de proyectos como el Hidroeléctrico Toro 3, Hidroeléctrica Canalete, Térmico Garabito. Posteriormente se encargaron del proyecto Range.
Bejarano regresó a la empresa estatal eléctrica en el 2010, para asumir nuevamente la Dirección Jurídica y por ende renunció a sus acciones en la empresa GIP.
