Magistrados cuestionaron el uso de explosivos en la mina y su impacto a la biodiversidad de la zona.

El representante de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Eduardo Murillo, reconoció ante la Sala Constitucional que esta entidad no realizó un estudio de “costo-beneficio” como lo establecen los reglamentos, para el proyecto minero en Las Crucitas.

La omisión por parte de SETENA quedó evidenciada tras las consultas de los magistrados de la Sala Constitucional el pasado 17 de noviembre, día en que terminó la audiencia pública sobre este caso.

SIN COSTO-BENEFICIO

Durante esta sesión, los magistrados interrogaron al representante de SETENA sobre los impactos que tendrá el proyecto minero Las Crucitas en corredor biológico San Juan-La Selva, en los ecosistemas de la lapa verde y de otras especies que habitan la zona.
Eduardo Murillo, jefe del departamento de Evaluación Ambiental de SETENA, respondió ante la consulta de un magistrado, que tras el desarrollo de la mina, el área impactada por el proyecto no quedará igual, aunque tendrá una recuperación.
Al cuestionársele sobre otras experiencias de minas con tajos de casi 60 metros de profundidad, el funcionario puso como ejemplo el tajo Pedregal, en San Antonio de Belén.
Esto causó estupor entre los asistentes, pues este tajo fue señalado por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y por la propia SETENA en el 2002 por daños a un manto acuífero.
Cuanto el magistrado Fernando Cruz preguntó si existe un cálculo sobre el valor de la biodiversidad que se verá impactada por el proyecto, Murillo respondió que se utilizó una matriz de valoración de impacto ambiental que utiliza la SETENA.
Pero al solicitar Cruz el costo económico del impacto a la biodiversidad, Murillo respondió: “Es que no se contabiliza la biodiversidad. Lo que se cuenta en el caso de SETENA, en términos económicos y de recuperación, son las medidas de mitigación”.
“Pero lo que vale, ¿lo que se va a impactar tiene un costo económico?”, insistió el magistrado.
“Sí, pero eso no es parte del Estudio de Impacto Ambiental”, reconoció Murillo.
El geólogo de la Universidad de Costa Rica y exsecretario general de la SETENA, Allan Astorga, explicó a la Sala IV que en SETENA se confundió el instrumento que se debía utilizar, y por tanto, nunca se realizó la valoración del “costo-beneficio”, como es debido.
“Yo diseñé los instrumentos que SETENA utiliza junto a una comisión mixta, y esa matriz de valoración de impacto ambiental no es la que se usa para la valoración del “costo-beneficio”, es una manera de ponerle números al impacto ambiental”, afirmó Astorga.
El geólogo se refirió al capítulo 14 de la guía para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental de la SETENA, llamada “Valoración de costo-beneficio ambiental”.
Este especialista en evaluación ambiental explicó que en este capítulo un economista ambiental, junto al equipo consultor, debe hacer todos los análisis económicos del proyecto en relación con su impacto social y ambiental.
“Eso es clave porque ahí el economista ambiental le pregunta a un biólogo cuanta área de bosque, el tipo de bosque, la biodiversidad y le tiene que poner un valor a eso. Eso no se hizo para Crucitas, no existe un estudio de costo-beneficio, ni siquiera para el primer estudio, y menos cuando el proyecto cambió el diseño de la mina”, dijo Astorga a los magistrados.
“Si este estudio no se hizo, SETENA no puede contestar cuál es la valoración real de la biodiversidad, porque no se hizo, ni existe un documento que ponga números reales al tema de biodiversidad y a otros componentes de impacto”, concluyó.
Para el geólogo es extraño que para el caso de Crucitas no se haya realizado este tipo de estudio, cuando en otros como el oleoducto de RECOPE y la instalación de Intel, este análisis sí se realizó.

¿Y LOS EXPLOSIVOS?

Otra de las preocupaciones de los magistrados se centró en el uso de explosivos en la mina y su impacto en la biodiversidad de la zona, sobre todo lo relacionado con la lapa verde.
El representante de SETENA y la regente ambiental del proyecto, Sandra Arredondo, aseguraron a los magistrados que este aspecto fue contemplado en la evaluación ambiental, y será ejecutado por una empresa especializada en el manejo de explosivos.
Arredondo dijo que no es posible decir cuántas detonaciones por día se realizarán, pues esto depende de una plantilla de explotación que se determina conforme aparezca la roca dura.
De acuerdo con Arredondo, estas explosiones controladas no tendrán impacto más allá de 500 metros alrededor de la zona del proyecto; pero según el biólogo Javier Baltodano, las vibraciones, detonaciones y el uso de vehículos de carga de alto volumen, afectarían a las aves de la zona.
Baltodano citó un estudio realizado en la carretera Braulio Carrillo, en el que se pudo determinar una afectación “severa” para las aves a dos kilómetros a ambos lados de la carretera solo con el ruido de los vehículos, y problemas medios en un área de hasta cinco kilómetros.
Los representantes del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y Baltodano discutieron sobre los impactos sobre el corredor biológico San Juan- La Selva, donde se ubica el proyecto.
Por su parte, el Ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, defendió ante los magistrados la potestad y capacidad técnica de SETENA para avalar la modificación de la mina sin un Estudio de Impacto Ambiental nuevo.
Tras el cierre de la audiencia no quedó claro en qué momento se pronunciará la Sala IV sobre este caso.

Geóloga niega haber revisado expediente

La geóloga Marta Chaves negó haber participado en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental que el proyecto minero Crucitas presentó ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
En el documento se asegura que el informe fue revisado por la ingeniera Sonia Espinoza (hoy secretaria general de SETENA), el ingeniero Eduardo Murillo y la geóloga Marta Chaves.
El geólogo Allan Astorga, presentó a la Sala Constitucional, un documento en el que Chaves niega haber revisado el estudio de Crucitas como se indica en el Acta No. 0012 – 2008 SETENA, de la Sección Ordinaria de la Comisión Plenaria de la SETENA celebrada el día 25 de enero del 2008.
En un memorándum interno de SETENA del 1 de abril del 2008, enviado al ingeniero William Villegas, Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA, Chaves señala que respecto del criterio sobre la información ambiental presentada por el Proyecto Crucitas a la SETENA en diciembre del 2007, “dicha solicitud no fue atendida ni evaluada por mi persona o por el Departamento de Administración de Proyectos”.
Para Astorga, esta situación es grave, no solo por el hecho de que no hay un documento firmado por la geóloga en el que haya revisado el proyecto Crucitas, sino que tampoco consta que el proyecto fuese revisado por ningún profesional en geología, como es debido.
Según el experto, si el proyecto fue revisado por un geólogo, SETENA debe presentar el documento firmado por un profesional en esta materia, según lo establece la Ley Orgánica del Ambiente.