El Estado gastó millones en la concesión para ampliar la carretera a San Ramón, sin que durante nueve años arranquen las obras. (Foto: archivo)

Tras nueve años desde que el  Gobierno adjudicó la concesión para ampliar la carretera San José-San Ramón al consorcio Autopistas del Valle, y sin  haberse puesto ni una piedra del proyecto, se acumularon incumplimientos del contratista y del estatal Consejo Nacional de Concesiones (CNC), con costos millonarios para el erario público y para el desarrollo del país, según constatan informes emitidos por la auditoría interna de esta entidad.

A estos costos se añadirían los cargos por el finiquito del contrato decidido por el Gobierno, luego de las protestas de comunidades disconformes con los peajes que se iban a cobrar en la carretera, y por el que OAS −la empresa brasileña que obtuvo la cesión del contrato de Autopistas del Valle− le está cobrando al Gobierno más de $40 millones (¢20.000 millones).

Informes de control interno de la auditoría del CNC presentados a la junta directiva de la entidad, evidencian notables fallos en la administración y en los controles del contrato de la concesión, adjudicado en el 2004 a Autopistas del Valle (ver recuadro “Ruta falseada.”).

Llama la atención, por ejemplo, un estudio de la auditoría (Informe N°- AI-INF- CI-002-2011) sobre el cumplimiento de las “condiciones precedentes” del contrato (actividades y procesos previos al arranque de las obras) y que debían hacerse en la primera etapa, llamada de transición.

Este periodo era de 12 meses, pero antes de que se cumpliera el plazo, Luis Diego Vargas, entonces secretario técnico del CNC, suspendió el período de transición, aduciendo que era necesario hacer una revaloración de las condiciones precedentes, y el plazo se siguió prorrogando posteriormente, sin que se fundamentara la necesidad de la menciona revaloración, señala el informe.

Al cierre de dicho estudio de la auditoría en el 2011,  pasados ya 6 años desde el inicio de la concesión, la concesionaria no había cumplido con los planos, estudios técnicos, diseño del proyecto, planos y permisos definitivos, informe de personal clave para la ejecución de las obras, presentación de la copia certificada del contrato de préstamo para el proyecto, entre otras obligaciones previstas en el contrato para esa etapa inicial.

Por su parte, la administración estatal no había completado las expropiaciones de terrenos, ni la entrega a la concesionaria del acta de la vía existente, con el inventario y el estado de la infraestructura, que eran parte de sus obligaciones en el contrato.

Ante el tiempo transcurrido y la falta de una definición −por parte de la administración− para cumplir con la liberación del corredor vial, la concesionaria le solicitó al CNC en febrero del 2011 el inicio del procedimiento de extinción del contrato de concesión, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública.

Como no recibió respuesta en el plazo de ley, la empresa comunicó al CNC que daba por entendido que la solicitud había sido rechazada, por lo que se reservaba el derecho de iniciar los trámites de extinción del contrato, de conformidad con las cláusulas de dicho acuerdo.

No se encontró evidencia de que el CNC hubiera respondido a esas gestiones de la empresa, indica el informe, lo cual se convierte en una muestra de los incumplimientos que se suelen producir en la ejecución de estos contratos −por ineficiencia o por cálculos de los funcionarios− y que ponen en desventaja al Estado en las negociaciones con los contratistas, como la que se realizó luego en este caso, donde se hizo una revaloración de las obras y del contrato.

HALLAZGOS

Entre otros “hallazgos” de la auditoría, menciona que el CNC no tenía actualizados y validados los manuales de procedimiento para condiciones precedentes de la concesión, ni el instructivo del procedimiento de supervisión que debía hacer la gerencia del proyecto y la supervisora, con el resultado de que el control de la institución se vio debilitado.

De acuerdo con el documento, la gerente del proyecto, Hadda Muñoz, entregó en forma extemporánea algunos de los informes que tenía que presentar cada mes sobre el avance del proyecto, sin que se diera justificación para ello, pero igualmente se le pagó. Tal fue el caso de los informes del 2009, que los entregó en octubre unos, y otros no tienen fecha de recibido, y por los que se le pagó ¢20.5 millones.

Otro ejemplo fue el informe final de labores del periodo junio 2008 a diciembre 2009,  que fue entregado nueve meses después, y el mismo día que lo presentó se giró la orden de devolverle la garantía de cumplimiento del contrato, indicándose que el informe “cumplía con lo estipulado” en el contrato.

Por otra parte, a la empresa Cacisa-Cano se le contrató por $4.4 millones (¢2.200 millones), para la supervisión del contrato en sus tres etapas (transición, construcción y operación); pero, sin haber concluido la transición, ni estar cumplidas las condiciones precedentes, se le pagaron $2.6 millones (67 % del monto total), pese a no haber presentado algunos informes que debía entregar, o haber entregado algunos con datos y fechas inconsistentes, según detalla el estudio de la auditoría.

Según el contrato, el pago que correspondía por los servicios de supervisión en la etapa de transición era de $608.843, y aparentemente se dio un pago en exceso de $ 2 millones, asunto que la auditoría pidió a la directiva del CNC investigar, entre otras recomendaciones para corregir las fallas y sentar las posibles responsabilidades.

Consultado Carlos Mora −quien era el auditor del CNC hasta hace un mes cuando se pensionó− acerca de cuál fue la reacción de consejo directivo de la entidad ante dichos informes, dijo que no hubo respuesta.

Añadió que los informes se los llevó la Fiscalía, como parte de la documentación que recogió durante un allanamiento que realizó el mes pasado al CNC. La Fiscalía investiga una denuncia sobre supuestas irregularidades en la negociación con OAS, que denunció un abogado particular.

Roberto Gallardo, ministro de Planificación y miembro del consejo directivo del CNC, ante la pregunta de si dicho consejo ha tomado alguna medida en respuesta a los informes de la auditoría sobre esa concesión, dijo que de memoria no recordaba y que  habría que ver las actas.

“Los informes de auditoría siempre suscitan una reacción del Consejo”, aseguró sin embargo Gallardo, tras anotar que en su caso él llegó al CNC en marzo del 2012, por lo que desconoce si hubo informes de fecha anterior.

Ruta falseada de la concesión San José-San Ramón^*

•El cartel de licitación de la concesión San José-San Ramón se publicó el 5 de febrero del 2002 y tras varias prórrogas a la fecha para la apertura de ofertas, esta se realizó el 20 de enero de 2004.

•Se presentó un único oferente: el consorcio denominado Autopistas del Valle (integrado por las sociedades Concesiones Viales  de Costa Rica S.A. −subsidiaria de FCC de España, socio mayoritario−, Itinere Costa Rica S.A., Soares Da Costa Concesiones Costa Rica S.A., y M&S Concesiones S.A., los mismos integrantes del consorcio Autopistas del Sol, concesionario de la carretera San José-Caldera).

• El 7 de junio del 2004 la junta directiva del CNC adjudicó la licitación a Autopistas del Valle; el 28 del mismo mes aprobó el contrato de la concesión, y el 18 de abril del 2005 la CGR le dio el refrendo.

•El 2 de mayo del 2005 el CNC da inicio al período de transición por un plazo “máximo” de 12 meses, para el cumplimiento de las condiciones precedentes del contrato; pero, antes de que se venciera el plazo se suspendió a partir del 3 de abril del  2006.

•Posteriormente, el 3 de octubre de 2006 el secretario técnico del CNC amplía la prórroga de suspensión del plazo del período de transición, hasta tanto se haga por parte de la administración una “nueva valoración” del cumplimiento de las condiciones precedentes.

En el 2013 Autopistas del Valle hizo la cesión del contrato de concesión a la empresa brasileña OAS, con el visto bueno del CNC y el refrendo de la Contraloría General de la  República, y tras protestas de comunidades disconformes con la concesión el Gobierno  se vio obligado a descartarla y ahora negocia el finiquito con la empresa.

*Fuente: informes de la auditoría interna del CNC y archivo.