En las instituciones públicas y privadas de Costa Rica el hostigamiento o acoso laboral es más frecuente de lo que trasciende, principalmente en sectores como el Ministerio de Educación (MEP), Ministerio de Seguridad Pública (MSP), y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, en la mayoría de los casos las víctimas no denuncian por lo engorroso del proceso y temor a las represalias, según datos de la Defensoría de los Habitantes y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El abogado Erick Briones Briones, especialista en derecho laboral, señaló que en el país no existe legislación específica para sancionar el hostigamiento laboral, pero la normativa laboral y convenios internacionales adoptados por Costa Rica protegen al trabajador, y permiten plantear denuncias.

No obstante, Briones apuntó a la necesidad de contar con una ley sobre el hostigamiento laboral, conocido también como “mobbing”, y que en países como España se sanciona con penas de cárcel, y se considera como una enfermedad profesional.

En la Asamblea Legislativa se han presentado siete proyectos sobre acoso laboral desde el 2003, en su mayoría ya archivados. Actualmente,  la comisión de la mujer discute uno presentado por la diputada Mireya Zamora, del Movimiento Libertario, y la comisión de asuntos sociales tramita otro proyecto de “Ley contra el acoso laboral en el empleo y el hostigamiento en el campo educativo”.

El proyecto es impulsado por la Asociación de Acoso Laboral (que asiste a víctimas del mobbing), el cual fue firmado por más de 30 diputados y diputadas, incluida la libertaria Marielos Alfaro, quien espera que sea convocado por el Poder Ejecutivo a las sesiones extraordinarias que empiezan en diciembre, cuando sería aprobado sin dificultad, dado el amplio apoyo que tiene de los legisladores, dijo.

El abogado Briones indicó que la ventaja de este proyecto es que no solo abarca al MEP sino a todo el sector educativo; pero el problema de estos proyectos es que no contemplan la creación de un fuero para la víctima que denuncia y los testigos, como sí lo preveía un proyecto anterior presentado por la exdiputada Grettel Ortiz.

Sin esa protección todo el mundo va a tener miedo, situación que impera actualmente, ya  que por temor la gente prefiere no denunciar o negociar sus prestaciones, comentó.

La falta de legislación adecuada y una cultura que invisibiliza el acoso laboral como una práctica denigrante que destruye psicológica y hasta físicamente a las personas -con severos daños para el entorno familiar y el clima laboral de las mismas organizaciones-, inciden en la escasa denuncia de los hechos. Sin embargo, estas han registrado un aumento a medida que el tema ha empezado a ser tratado en los medios de comunicación, comentó Briones.

Así, mientras que en el 2005 las denuncias recibidas en el MTSS fueron solo 11, en el 2009 ya habían aumentado a más de 100, y este año a junio llegaban a 113.

En la Defensoría de los Habitantes en el 2008 fueron 28, el año pasado se tramitaron 39 y en lo que va de este año ya van más de 34.

MIEDO

Cecilia Ramírez, presidenta de la Asociación de Acoso Laboral, sostiene que las víctimas del mobbing son numerosas, pero la mayoría tienen miedo de hablar.

“A mí me llaman, pero cuando uno les dice todo el camino que tienen que recorrer (con la denuncia) entonces prefieren callarse. Y es que las huellas psicológicas que eso deja son terribles”, relató Ramírez.

La víctima generalmente se siente impotente y aislada del colectivo de trabajo, pues los compañeros y compañeras temen involucrarse o se ponen del lado del jerarca hostigador para no ser la próxima víctima.

La Asociación empezó a trabajar en el 2005 como  una comisión interdisciplinaria con representantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Nacional (UNA), a raíz de situaciones de acoso laboral.

Hay denuncias serias, como la de Mirna Gutiérrez, profesional de la regional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en Puntarenas, a quien le han cambiado el lugar de trabajo varias veces, le suspendieron el pago de viáticos y ha tenido que cumplir hasta labores de conserje, en represalia por haber denunciado en  el 2003 persecución de su jefe, luego de que se negó a disimular en un informe irregularidades en los gastos del personal.

Vale mencionar que el Consejo Universitario de la UNA nombró una comisión sobre acoso laboral. Instituciones públicas como la Universidad de Costa Rica, la CCSS y el MSP, están elaborando sus respectivos reglamentos. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de la Presidencia ya cuentan con un reglamento para prevenirlo.

Roxana Chacón, directora de asuntos laborales de la Defensoría de los Habitantes, explicó  que se ha caído en el error de creer que porque no hay ley específica no se puede investigar y sancionar el acoso laboral. Pero existen normas jurídicas en Costa Rica y también convenios internacionales aprobados por el país, que protegen a los trabajadores.

Hizo hincapié en la necesidad de que se capacite al personal y de que los jerarcas asuman el compromiso de evitar las prácticas de hostigamiento en las instituciones. En ese sentido, la Defensoría realiza un programa de capacitación en instituciones como el MSP, donde se han presentado unas 600 denuncias de acoso laboral, apuntó.

En la administración pública estas denuncias se tramitan como un procedimiento administrativo más, donde el denunciante es tomado como testigo,  y como tal no se considera parte del caso, ni tiene acceso al expediente, por lo que muchas veces queda en la indefensión, tal como denunciaron a este Semanario personas que han sufrido “un calvario” en el MOPT y el MEP por este motivo.

En la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), donde el 70% de las personas agremiadas que acuden a la oficina de trabajo social y asistencia psicológica es por casos de acoso laboral, la jefa de la oficina jurídica, Marcela Loría, expresó que en el MEP no hay preocupación y la problemática no se resuelve.

La legislación por sí misma es insuficiente, pero la problemática del acoso laboral no se acaba con atención jurídica, sino que requiere de un abordaje multidisciplinario, porque son diversos los daños que provoca. Por eso en la ANDE se ofrece asistencia psicológica y de trabajo social, cosa que el MEP no hace, agregó.

“En el congelador”

A Sonia Salazar, jefa de admisión de la UNA, la tienen trabajando con el mismo puesto y el mismo salario en la unidad de videos de la Universidad, con tareas que no tienen nada que ver con su profesión.

La enviaron a laborar a una húmeda bodega de cosas viejas, sin ventilación y sin Internet, en detrimento de su salud. Por ejemplo, la enviaron a hacer un video a un basurero, sin advertirle a qué lugar iba, por lo que no llevó ni mascarilla.

Cada vez que me toca hablar de esto es muy duro, dan  ganas de llorar, estoy con psiquiatra y al final se queda uno solo. Lo que siento es que lo meten a uno como en un congelador, a que se le  arratone el cerebro, porque no lo ponen a hacer nada importante”, se quejó Salazar.

Relató que la persecución en su contra empezó luego de que en el 2009 se denunció que familiares de jerarcas habían sido admitidos como estudiantes de la Universidad, sin cumplir requisitos; después pretendieron que ella presentara una propuesta para que los estudiantes ingresaran sin título, a fin de tapar la irregularidad, pero ella se negó.

Tres años de lucha 

Oraida Alfonso es educadora de terapia del lenguaje en la Escuela Porfirio Brenes, de Moravia, en donde  lleva tres años luchando contra situaciones de acoso laboral del jefe y no ha sido sino recientemente que ha sido escuchada y se ordenó medida cautelar a su favor.

En su criterio falta un departamento de salud ocupacional o un comité con personal preparado en las instituciones, para mediar en un conflicto desde la base, y  que “así no tenga que llegar uno hasta donde yo llegué, con todo este desgate emocional, psicológico, de salud y  familiar que he vivido”.

“Yo empecé con la directora de la unidad supervisora, luego fui a la oficina de la mujer y al centro de atención a la mujer en el INAMU, acudí a la Sala IV, al oficial mayor del MEP, al director regional que nunca me dio respuesta, a la viceministra académica y a la administrativa, y pedí un traslado. Llevo tres años quejándome…”

Acoso laboral: manifestaciones y consecuencias

Por acoso en el trabajo se entiende cualquier manifestación de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo.

Manifestaciones:

-Un ataque a la víctima de manera contínua durante un lapso importante de tiempo (al menos seis meses).

-Posición de poder del o los acosadores o acosadoras (no necesariamente superior jerárquico).

-Agresión física o verbal, rumores, descalificaciones o ridiculización en público, por actitudes o forma de vestir de la víctima.

-Traslados bruscos de lugar de trabajo, ubicación en lugares de trabajo sin condiciones para laborar, cambio de categoría del puesto, obligar reiteradamente a trabajar en horas fuera de la jornada sin reconocer el trabajo extraordinario, apertura de procedimientos disciplinarios por cualquier cosa, evaluaciones negativas de su desempeño, asignación de tareas distintas a las que por su puesto le corresponden, recargo de tareas o con una dificultad mayor de manera que se hace difícil o imposible su cumplimiento, exclusión de posibilidades de ascenso profesional, capacitación o representación que le correspondería por su nombramiento.

Consecuencias:

-Deterioro profesional y psicológico de la víctima, pérdida de autoestima, angustia, depresión, aislamiento del resto de compañeros de trabajo, depresión, insomnio, necesidad de asistencia psicológica o psiquiátrica y de incapacitaciones con la consiguiente merma de ingresos, temor y sentimiento de impotencia que a menudo lleva la víctima a ausentarse o definitivamente dejar su trabajo.