Autorizan puesta en servicio de terminal con obras sin terminar en Liberia

Con casi ocho meses de atraso y algunos trabajos aún pendientes, el Gobierno aprobó la puesta en operación de la nueva terminal del aeropuerto

Con casi ocho meses de atraso y algunos trabajos aún pendientes, el Gobierno aprobó la puesta en operación de la nueva terminal del aeropuerto internacional Daniel Oduber de Liberia de parte del concesionario Coriport, autorizado a iniciar operaciones a partir de este 12 de enero.

Tras una revisión “cuidadosa en extremo” de la unidad interinstitucional de control, el pasado 30 de noviembre se aprobó la recepción provisional, el 28 de diciembre se aprobó la recepción definitiva y el 3 enero el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) aprobó la puesta en servicio de la terminal, dijo Luis Carlos Araya, viceministro de Transporte Aéreo y Marítimo Portuario.

No obstante, al concesionario se le concedió un año de tiempo para construir un incinerador previsto en el contrato, y en dos meses tendrá que entregar ciertos equipamientos gubernamentales, así como revestimientos en vidrios y paredes de cuartos de vigilancia, algunos cambios en instalaciones de electricidad, entre otras obras.

Además, se irá a una conciliación técnica para dirimir cuatro aspectos que los técnicos de la administración pública consideran que se deben cambiar, puntualizó Araya.

Coriport es un consorcio de capital estadounidense, canadiense y costarricense que se adjudicó la concesión del edificio terminal de Liberia durante 20 años. El principal accionista es ADC-HAS (Houston Airport System), empresa perteneciente a la alcaldía Houston, EE.UU., y que también lidera el consorcio que tiene la concesión del aeropuerto Juan Santamaría por 25 años.

El viceministro Araya afirmó que los trabajos pendientes en la terminal de Liberia “son puntos que no atentan contra la seguridad de los pasajeros, la seguridad operacional ni el nivel de servicio del aeropuerto”.

Dijo que se trata de detalles en el acabado de los pisos, una pared que hoy es liviana y debe ser de mampostería; sustitución de parte de la tubería eléctrica, que hoy está en policloruro de vinilo (PVC) y debe ser de hierro, de acuerdo con las recomendaciones de los técnicos.

También, están en el análisis algunas zonas del pavimento en la zona del bulevar, el parqueo y de equipaje, donde los técnicos consideran que el pavimento deber ser mejor. En más de 1.000 ítems que se revisaron esos son puntos “insignificantes”, consideró.

Para que coadyuvara con la unidad de control en el proceso de recepción provisional del aeropuerto, se contrató por $40.000 una empresa consultora de ingeniería.

Contractualmente, no se determinó qué tipo de incinerador requería el aeropuerto, y después de largas horas de deliberación, Coriport estuvo de acuerdo en poner un incinerador de la más moderna tecnología. A cambio de esto, se le dio el año de tiempo para que pueda hacer los estudios correspondientes y traer un incinerador de esa categoría, dijo Araya, quien a la vez aseguró que no es cierto que la obra se haya recibido con una planta de tratamiento a la mitad de la capacidad prevista en el contrato.

Detalló que la empresa se comprometió a corregir en dos meses la visibilidad de vidrios en los cuartos de vigilancia en áreas de migración, aduanas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Salud. Asimismo, la colocación de películas adhesivas en vidrieras y puertas, en la oficina de la Cruz Roja, cubrimiento plástico en “pasillos estériles” (que separan a los pasajeros salientes y entrantes), recubrimiento de la tubería eléctrica expuesta y eliminación de cables expuestos en luminarias del primer nivel.

En cuanto al costo final de la construcción dijo que todavía no se tiene el dato. “Se está contratando una empresa experta en esa materia para que nos diga exactamente y determine el monto”.

Recordó que la inversión eran $35 millones (¢17.500 millones), de los cuales $27.4 tenían que ver con la construcción del edificio, pero dijo creer que el costo superó ese monto.

Es necesario recordar que cuando se licitó esta concesión en el 2010, las autoridades informaron que el costo del edificio sería de $17 millones.

Situación similar se dio con el aeropuerto Juan Santamaría, concesionado inicialmente por 20 años al consorcio Alterra, que debía entregar las obras terminadas en 2004, pero incumplió. Tras reiteradas negociaciones, el Gobierno aprobó la cesión del contrato a una nueva concesionaria. Con ello, la concesión se extendió a 25 años y la compañía obtendrá ingresos por $1.300 millones, el triple de lo previsto inicialmente, según ha denunciado el exministro de Obras Públicas, Rodolfo Silva, en diversas publicaciones.

Con ese acuerdo, el Gobierno se comprometió a no construir un nuevo aeropuerto internacional antes del 2026, aeropuerto que según un estudio encargado por el mismo gobierno costarricense debía construir para el 2018 en Orotina, a fin de atender la demanda de tráfico aéreo, pues el Juan Santamaría está al máximo de su capacidad y congestionado.

En relación con el aeropuerto de Liberia, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, señaló que por cada día hábil de atraso en la construcción y entrega de las obras, el concesario deberá pagar una multa de $3.333, y la Dirección de Aviación Civil puso al cobro $70.000 de multa por el atraso de los primeros 27 días.

Corresponderá al Consejo Nacional de Concesiones cobrarlos, y el concesionario podrá apelar en el plazo de 30 días, según el contrato. El segundo cobro por el atraso de los meses restantes se iniciará en los próximas días, dijo el ministro, quien estimó que esas multas en unos $500.000 (¢250 millones).

Valga señalar que las multas que pone al cobro la administración no necesariamente se cancelan, dado que el concesionario puede presentar apelaciones y ganarlas por descuidos o errores de cálculo o procedimiento de parte de los funcionarios, como se ha visto por ejemplo en el caso de la concesión del puerto de Caldera o la vía San José-Caldera.

NIVEL

El ministro Jiménez destacó que la nueva terminal recibió clasificación internacional de categoría B (hasta ahora era F) por su nivel de servicio, y se convierte en el mejor aeropuerto secundario en la región centroamericana, lo que incentivará la llegada de las líneas aéreas, turismo y más servicios.

Las nuevas instalaciones permitirán aumentar de 900 a 1.500 el número de pasajeros que se puede atender simultáneamente. Son 23.000 metros cuadrados de construcción en dos plantas, con áreas verdes y de servicios. Cuenta con cuatro mangas para abordaje, dos salas de espera, dos de abordaje y un área de ingreso para pasajeros con 24 counters o puestos para uso de las aerolíneas.

Jiménez dijo que el concesionario tendrá cinco meses para decidir qué hacer con la antigua terminal donde se atendía a los pasajeros. Entre las opciones que se valoran está la de ubicar allí una terminal para vuelos corporativos y una terminal de carga, puntualizó por su parte el viceministro Araya.

Según las cifras oficiales, el Gobierno recibirá ingresos de $229 millones en los 20 años de concesión, a razón de $11,5 millones (¢8.500 millones) anuales. Con esos fondos, se costearán los gastos de operación y mantenimiento de la pista, que seguirán a cargo de Aviación Civil, así como el mejoramiento de otros aeropuertos secundarios del país. Por su parte, los ingresos de Coriport serán $267 millones en dos décadas. “Pero al final a nosotros nos queda el aeropuerto y Coriport se va”, justificó Araya.

En el 2011, el aeropuerto de Liberia recibió 530.000 pasajeros, 20% más que en 2010. Aerolíneas como Air Canada, Jet Blue, Sun Country y Air Berlin han incluido a esa terminal dentro de sus itinerarios y en junio próximo Copa iniciará dos vuelos semanales conectando con países suramericanos, anunció el ministro de Turismo, Allan Flores.

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