Red de Biodiversidad busca que Solís cumpla promesa de campaña

Avanza campaña por el etiquetado de alimentos transgénicos

Más de 10 mil firmas se recolectaron y entregaron al Presidente y a los ministros de Economía, Agricultura y Salud.

“Con el propósito de tener la información necesaria para elegir los productos que compramos y

consumimos, para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias, les solicitamos respetuosamente

implementar la obligación del etiquetado de todos los productos que contengan transgénicos

(organismos vivos alterados genéticamente) en nuestro país».

Más de 10 mil personas han suscrito esas palabras desde el lanzamiento en abril de la campaña impulsada por la Red de Coordinación en Biodiversidad, con el fin de que se etiquete aquellos productos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM).

La solicitud es dirigida no sólo al presidente Luis Guillermo Solís, sino también a los ministros de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), Agricultura y Ganadería (MAG) y Salud (Minsa).

El texto añade que la petición se basa en “el deber del Estado y de las diferentes instituciones del Gobierno de proteger la salud y la vida de las y los consumidores”, así como la necesidad de que se garantice el derecho “a tener información oportuna, clara, completa y veraz, especialmente sobre lo que comemos”.

Jaime García, biólogo quien forma parte la Red, explicó que la incitativa busca que se cumpla un compromiso de campaña aún pendiente de Solís. “Nos aferramos a esa promesa”, dijo el científico y apuntó que de acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor y la Constitución Política, por la vía de un decreto sería posible que se implementara un reglamento al respecto.

“Puede que lo traten de elevar a que sea proyecto de ley, pero buscamos que sea un decreto”, acotó.

García informó que la primera entrega de firmas se realizó el 19 de mayo. En esa oportunidad remitió a los mencionados ministerios 702 firmas y según informó ya se han recolectado más de 10 mil.

La solicitud incluye además una propuesta concreta de un reglamento al respecto, titulada “Reglamento de trazado y etiquetado de organismos genéticamente modificados”, elaborado por Hazel Hernández, Ana María Lobo y Juan Pablo Morales, estudiantes de la Maestría en Derecho Ambiental de la UCR.

Esa propuesta establece la obligación de que se etiqueten tanto productos envasados que contengan o estén compuestos por OGM, como aquellos que se presenten envasados al consumidor final.

En ambos casos la etiqueta propuesta rezaría: «este producto contiene organismos modificados genéticamente», o bien cuando el OGM es parte «este producto contiene [nombre del o de los OGM] modificado genéticamente».

UN MUNDO TRANSGÉNICO

De acuerdo con el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés) -una organización no gubernamental dedicada a la promoción de este tipo de cultivos-, la producción global de transgénicos es liderada por Estados Unidos con 73,1 millones de hectáreas (ha), seguido por Brasil con 42,2 millones, Argentina con 24,3 millones y la India y Canadá cada uno con 11,6 millones de hectáreas.

La información disponible en su sitio web añade que en el caso de la soja, el 82% del área global dedicada a ese cultivo es ocupada por variedades transgénicas. En el caso del algodón se trata del 68% y del maíz un 30%.

El mercado mundial de este tipo de productos es dominado por Dow Chemical, Bayer, Monsanto, Syngenta, BASF, y Dupont.

Sala IV da luz verde a trámite de algodón transgénico

Al cierre de edición, el biólogo Jaime García informó que la Sala Constitucional rechazó un recurso planteado por él y Fabián Pacheco para suspender el curso de dos solicitudes para sembrar cultivos transgénicos en el país, mientras se aclara un vacío legal al respecto.

Ambos forman parte de la Comisión Técnica Nacional en Bioseguridad (CTNBio) y desde el pasado 18 de noviembre UNIVERSIDAD informó que plantearon el recurso en vista de que ese mismo tribunal, en setiembre del año pasado, declaró inconstitucional una disposición del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, el cual declaraba confidencial toda la información que las empresas presentan ante la CTNBio cuando hacen tales solicitudes.

El argumento de García y Pacheco consistía en que la CTNBio no debería estudiar ninguna solicitud en tanto no se aclare qué parte de la información que presentan las empresas es confidencial.

Mientras tanto, la CTNBio ha dado curso a solicitudes para sembrar algodón transgénico presentadas por subsidiarias locales de Bayer y Dow Chemical.

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