AyA fiscaliza mal los acueductos rurales

Un  proyecto de ley  (17.914) ha puesto en alerta a las organizaciones comunales, las cuales denuncian que no se les ha consultado y significaría

Un  proyecto de ley  (17.914) ha puesto en alerta a las organizaciones comunales, las cuales denuncian que no se les ha consultado y significaría un “nuevo impuesto que ellos tendrán que costear”. (Foto: Yanory Obando)

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no ha cumplido con su  tarea de fiscalizar y dar asistencia técnica a los acueductos rurales que operan en el país,  por lo que  casi la mitad de ellos  tiene importantes debilidades, que ponen en riesgo el suministro y la calidad del líquido vital en los próximos 20 años.

Según  un informe de auditoría recientemente emitido por la Contraloría General de la República (CGR),  el cumplimiento de fiscalización y soporte que el AyA −como ente rector− ha brindado a las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (Asadas),  tendría  una nota roja en su calificación.

Por otro lado, la situación financiera, legal, de infraestructura y control de calidad en la que operan un buen número de los 1500 acueductos rurales que hay en el país,  los hace vulnerables a la contaminación y no mejora las perspectivas del suministro de agua para el 24 % de la población nacional que se abastece mediante esta modalidad.

Según el reglamento de Asadas del 2005, el AyA puede delegar la administración, operación y mantenimiento de los acueductos a las asociaciones comunales, con su  supervisión para que todos los sistemas cumplan con los requisitos de servicio público.

En la actualidad, la operación del sistema nacional de acueductos y alcantarillado recae legalmente en cuatro figuras de administración: la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), el AyA, las Asadas y las municipalidades.

DÉBIL VIGILANCIA

Debido a la “insuficiente fiscalización, asesoría y capacitación” de parte del AyA para asegurar el aprovechamiento del recurso hídrico y la adecuada prestación del servicio de agua en las comunidades rurales, la CGR dispuso que la Presidencia Ejecutiva de la institución proceda al ordenamiento del sector.

De igual manera, el órgano contralor ordenó al AyA  no delegar la administración de los acueductos del Área Metropolitana, pues contraviene lo  establecido por su misma  ley constitutiva.

Según la Contraloría, existen “incongruencias en la conformación de acueductos comunales”, dado que existen 576 entes operadores en condiciones económicas que no permiten un enfoque empresarial ni su sostenibilidad, 748 cuya tarifa no es la establecida por la Aresep −las cuales en su mayoría cobran tarifas inferiores−, y 565 entes que operan sin estar vigentes en el ordenamiento jurídico.

Asimismo, 277 son Asadas sin convenio de delegación suscrito con el AyA, 259 son Comités Administradores de Acueductos Rurales, 16 se reportan en categoría “por definir” y 13 son asociaciones de distinta naturaleza,  incluidas cooperativas prestadoras del servicio de agua, principalmente en la región Huetar Norte. Además, únicamente el 10 % de un total de 1490 operadores han sido objeto de evaluación.

Al respecto, mediante una respuesta de la oficina de prensa del AyA enviada al cierre de esta edición, la institución contestó solo algunas de varias preguntas enviadas por correo electrónico a solicitud de esa.

Edgar Brenes, de la mencionada oficina, comentó que “uno de los aspectos más críticos para la fiscalización de las Asadas, es que no existe una estructura financiera sólida e independiente para cubrir los costos de esta gestión que el AyA está obligada a ejecutar desde su posición rectora. El AyA  desde una posición de solidaridad ha tomado recursos de los usuarios directos para financiar, cuando lo correcto es que todos los operadores de acueducto del país lo hagan.  Por lo anterior, el AyA presentó  el Proyecto de Ley de Asadas, donde se incorpora la creación de un Canon de Rectoría para la fiscalización de todos los operadores de acueducto del país”.

¿AGUA SEGURA?

Si el concepto de agua segura se puede traducir en la tranquilidad que el usuario tiene de saber que el agua que saca del grifo y pone en su vaso no lo va a enfermar, el escenario no es tan claro y más bien su vislumbra  “vulnerable”.

Según el informe de la CGR,  se  identificaron limitaciones técnicas en los acueductos comunales que afectan la cantidad, calidad y continuidad del servicio de agua.

“La capacidad de algunos de estos acueductos es insuficiente para abastecer a la comunidad, y hay aproximadamente 187 cuyas fuentes captadas se estima que no tendrán la capacidad para abastecer a los abonados en los próximos 20 años”, advierte el informe.

Por otro lado, la Contraloría indica que  el AyA no cuenta con información sistemática, que revele la condición de los acueductos comunales.

Datos del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, detallaban −en el 2012− que unos 370 acueductos comunales presentaron contaminación microbiológica, física y química, entre ellas el arsénico, que detonó la alarma en 23 comunidades de Guanacaste y San Carlos a inicios de este año.

Otros datos identificaron amenazas de contaminación por lixiviados para las captaciones en 607 casos; de contaminación por agroquímicos en 543 casos; de erosión por deslizamientos en masa e inundación en 521 casos; de contaminación por aguas grises y negras en 181 situaciones; por alteración de las zonas de recarga en 20 sitios, y contaminación por hidrocarburos en 9 ocasiones.

Darner Mora, director del Laboratorio Nacional de Aguas del  AyA, comentó al respecto que el control de calidad del agua le corresponde a cada ente operador. “Sin embargo, ante la escasez de recursos, muy pocos acueductos rurales realizan su propio control de calidad del agua”, acotó.

No obstante,  afirma que  el 80 % de la población abastecida por estos acueductos bebe agua segura, al provenir de fuentes de buena calidad. “Pero, existen  aún muchos acueductos que no tienen desinfección, lo cual los hace vulnerables a la contaminación microbiológica”, agregó.

Por su parte, el Ministerio de Salud es la institución que vela por el cumplimiento de los controles de calidad del agua para consumo humano.

Eugenio Androvetto, director del área de Protección al Ambiente Humano de dicho Ministerio, admitió que la supervisión de la calidad era un aspecto que se había “quedado al margen en la estructura anterior, que eliminó la parte ambiental”.

“Con el cambio de ministra, una de las primeras cosas que se hizo fue la creación de la Dirección de la Protección al Ambiente Humano, que empieza a funcionar en febrero del 2013”. ¿Cómo operaba antes de febrero? “No tengo idea, no estaba en mis manos, pregúntele a los responsables?, contestó.


Asada de El Llano, de Desamparados

“Con más recursos funcionaríamos mejor que el AyA”

Johnny Hernández, de la Asada de El Llano de Desamparados: “Sufrimos por la falta de recursos para invertir en infraestructura y comprar terrenos para proteger las nacientes”. (Foto: Yanory Obando)

Johnny Hernández asegura que los 10 años de experiencia en la operación del acueducto de su comunidad,  le dan el criterio suficiente para saber que el manejo del agua en una zona poblada como su cantón es un asunto serio, ante una escasez que parece inminente.

Desde el año 2000, el acueducto de El Llano de Desamparados funciona como una Asada, lo cual les ha permitido tener personería jurídica y con ello, lograr donaciones y créditos para asegurar una infraestructura que resulta “costosa” para un pueblo tan pequeño.

“Casi no tenemos ayuda del AyA, nunca vienen, todo tiene que correr por nuestra cuenta; les enviamos un estudio hídrico en el 2010 y a esta hora no nos han contestado”, criticó Hernández.

La Asada de El Llano abastece a 500 familias y cuenta con una estructura bastante equipada y moderna, la cual han conseguido  en muchas ocasiones “pagando a cuotas”, según afirmó la tesorera, Xinia Hernández.

“Necesitamos asesoría, más profesionales; si al menos eso nos dieran, ya sería bastante; no podemos en estos momentos financiar una planta de tratamiento que cuesta ¢100 millones”, lamentó.

Hernández se quejó además porque las tarifas de la Aresep −las cuales se le ajustan cada tres años−, no responden a las necesidades de los entes administradores. “Si las Asadas tuviéramos más recursos, estaríamos mejor que el AyA”, aseveró.


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