Una manifestación de personas en apoyo a las familias campesinas de Bambuzal partió de la UCR el pasado 29 de junio.
La alegría de regresar a sus hogares fue efímera para las 112 personas que han permanecido refugiadas en la Catedral Metropolitana por más de 70 días, y que el pasado 3 de julio planeaban volver a la finca Bambuzal amparados en una resolución agraria emitida en 2002, la cual fue anulada en menos de 24 horas tras una apelación de la firma bananera estadounidense Standard Fruit Company.
Los campesinos, que habían anunciado el 30 de junio pasado su regreso pacífico a la finca, vieron frustradas sus intenciones porque sólo un día después de su decisión, la Standard presentó una apelación que fue resuelta a su favor casi de inmediato por el juzgado agrario de Guápiles.
La medida cautelar de diciembre del 2002 permitía a las familias permanecer en sus parcelas y cultivar la tierra, y a la compañía la autorizaba a cortar el bambú de esos terrenos que requiere para su producción de banano, hasta que se resolviera el juicio agrario que debe demostrar la verdadera propiedad de la finca.
Así lo explicó a UNIVERSIDAD el representante legal de las familias de Bambuzal, Héctor Monestel, quien agregó que «en un hecho sin precedentes, la Standard solicitó el traspaso del expediente desde San José hasta Guápiles el jueves 1, y para el viernes 2 ya el juez había levantado la protección a los campesinos, pero no a la compañía».El otro asidero legal de las familias campesinas es una resolución de finales de junio anterior emitida por el Juzgado Penal de Heredia que anula la medida cautelar impuesta en abril pasado que les prohibía acercarse a menos de 10 kilómetros de la finca.
Con las dos resoluciones (la de diciembre de 2002 y la de junio pasado) las personas se sentían respaldadas legalmente para volver a sus parcelas y permanecer allí hasta que en el juicio agrario se definiera si esas tierras realmente pertenecen a la bananera o no.
«Al anularse una de las medidas legales a su favor volver a Bambuzal sería como meterse a la boca del lobo, por eso nos quedamos en la Catedral», subrayó Monestel.
«Esa resolución, tomada en 24 horas, nos deja sin un sustento legal para llegar a Bambuzal, pero demuestra la clara complicidad entre el Poder Judicial y la bananera», afirmó.
Esta medida demuestra que «en Costa Rica la justicia pronta y cumplida sólo está al servicio de los grandes intereses, pues las apelaciones y acciones judiciales interpuestas por las familias de Bambuzal han tardado siempre meses para resolverse,» detalló.
«Es clara la corrupción, la podredumbre y la complicidad descarada del gobierno de este país con los intereses de las grandes empresas y en contra de los pobres», fustigó la Presidenta de la Asociación de Campesinos de Bambuzal, Ileana Murillo,
El representante legal de la Standard, Juan Carlos Rojas, insistió en que las tierras de Bambuzal son propiedad privada, pues la trasnacional las compró en 1967, por lo que los campesinos no tienen ningún derecho sobre ellas.
¿PROTECCIÓN PARA QUIÉN?
Otro de los motivos que impidieron a los campesinos regresar a las tierras que han sido su hogar desde el 2001, fue la alerta que dieron otros vecinos de la zona de Sarapiquí sobre el desplazamiento de un fuerte contingente policial a la finca para evitar su ingreso.
Según detalló Murillo a UNIVERSIDAD, la madrugada del sábado 3 recibieron información de que había al menos unos 600 oficiales de seguridad entre policías y guardas de la Standard esperándolos en la entrada de la finca.
Murillo reconoció que las familias sintieron temor de ser víctimas de una nueva y violenta represión como las que sufrieron en el 2001, 2003 y abril pasado, y que les han dejado como saldo dos personas muertas en encuentros con la policía durante los desalojos impulsados por la Standard.
Por su parte el director de la Fuerza Pública, Wálter Navarro, negó categóricamente que se hubieran desplazado oficiales adicionales a la zona, pero confirmó que la policía no puede permitir el regreso de las familias a Bambuzal.
«No es cierto que tuviéramos 600 oficiales, sólo la cantidad normal que patrulla la zona; lo que sí tenemos es una orden judicial que establece claras medidas cautelares que debemos hacer cumplir. Estamos en un país de derecho y hay que hacer cumplir la ley», dijo.
La Standard reconoció que reforzó la seguridad en la finca con 60 efectivos de seguridad adicionales para evitar la entrada de los labriegos.
«La decisión de las familias de no invadir Bambuzal fue la adecuada, pues su ingreso sería una violación a la medidas cautelares dictadas por un juez. Nosotros no trabajamos para la Standard, nuestra misión es mantener el orden público y acatar las disposiciones judiciales emitidas por los tribunales», expresó.
Navarro insistió en que la gente no puede culpar a la Fuerza Pública de las medidas que se toman, pues estas son ordenadas por el Poder Judicial.
«No podemos resolver el problema de la propiedad de la tierra; nos duele ver personas durmiendo mal, comiendo mal o en huelga de hambre, pero lo único que podemos hacer es tratar de tener una posición neutral como corresponde», enfatizó.
INTERESES CRUZADOS
Monestel cuestionó la autoridad de la bananera para prohibir el ingreso de las familias a Bambuzal, pues indicó que la trasnacional vendió siete hectáreas de su finca madre, de más de 5.000 hectáreas, a la empresa Hidroenergía General, vinculada con el Grupo Saret para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en la zona.
Aseguró además que el principal argumento de la trasnacional, que ha sido que las familias no pueden estar allí porque la empresa necesita las cañas de bambú para apuntalar el banano, no es válido, pues desde 1990 la Standard utiliza tecnología que desplazó el uso del bambú en la producción de la fruta.
«No sabemos bien cuáles sean los intereses detrás de esa tierra, porque también hay un fideicomiso firmado con el Banco Cuscatlán. Sólo sabemos que hay intereses fuertes de por medio y que no desistiremos en nuestra lucha por la dignidad y la justicia», defendió Monestel.
Por la indiferencia sufrida en las instancias judiciales costarricenses, los campesinos de Bambuzal denunciarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
