Los campesinos de Bambuzal están convencidos de que la toma de la Iglesia la Catedral les permitirá ejercer mayor presión hacia las autoridades.
La historia de la disputa de Bambuzal inició el 22 de mayo del 2001, cuando un grupo de campesinos decidió establecerse en esas tierras, que según ellos mismos, tenían más de 12 años de estar abandonadas.
La presidenta de la Asociación de Campesinos de Bambuzal, Ileana Murillo, explicó a UNIVERSIDAD que esa finca, junto con otros terrenos, habían sido dados en concesión a la Standard por parte del gobierno, pero que esta concesión ya había vencido en el momento en que ellos ingresaron.
Sin embargo, la Standard, que asegura ser la dueña legal de la finca, solicitó un desalojo en julio de ese mismo año, operación en la que según cuentan los campesinos murió uno de ellos, Randall Muñoz, a causa de los gases lanzados por la policía.
«Después de este desalojo, iniciamos un juicio en contra de la compañía, el cual ganamos y obtuvimos una sentencia absolutoria, la número 82-04 en el juzgado penal de Heredia, que nos permitió volver a la finca», indicó Murillo.
«Regresamos a Bambuzal en agosto del 2001 y ahí permanecimos, viviendo de la tierra hasta julio del 2003, cuando sufrimos el desalojo más violento de todos porque la Standard nos había demandado por usurpación», manifestó Murillo.
«Esa vez llegaron y con los tractores arrasaron todos los cultivos y las casas, y el desalojo fue tan violento que otro compañero, Gerardo Moya murió de un disparo», añadió.
Estas muertes, supuestamente a causa de la acción policial en Bambuzal, no pudieron ser con firmadas por autoridades oficiales, pues al cierre de esta edición fue imposible localizar al ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, o al director de la Fuerza Pública, Wálter Navarro.
Desde el desalojo del 2003 los campesinos se mantuvieron viviendo en terrenos cercanos a Bambuzal, hasta el pasado 22 de abril, cuando nuevamente fueron desalojados, pero entablaron un juicio agrario en contra de la Standard, el cual aún está en proceso junto al juicio penal que la compañía abrió en su contra.
DRAMA HUMANO
Con más de 20 niños y algunas mujeres embarazadas, los campesinos se han habituado a estar en la Catedral, donde se alimentan gracias a las contribuciones de sindicatos y otros grupos organizados que les ayudan.
«A pesar de que es difícil estar aquí la verdad es que la Catedral es mejor que los plásticos y el barro donde tenemos que vivir cuando nos desalojan», expresó Silvia Cruz, mientras daba un vaso de leche a su hijo.
Los agricultores aseguran que no se irán de allí hasta no tener alguna respuesta por parte de las autoridades judiciales, pero el panorama no es muy alagador, pues a pesar de que ya expusieron su problema al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, y al fiscal General, Francisco Dall’Anesse, no obtuvieron una respuesta positiva.
La principal solicitud de los campesinos es que se anulen las medidas cautelares que les prohíben regresar a lo que ellos llaman «su hogar» hasta que se resuelva el juicio agrario y se establezca claramente si ellos tienen o no algún derecho sobre la tierra de Bambuzal.
Dall’Anesse explicó a UNIVERSIDAD que él mismo revisó las acciones interpuestas por el juzgado correspondiente y no encontró ningún error; que todo se ha realizado en apego a la legalidad, pues la Standard es la que tiene los derechos sobre la finca.
Por su parte, el gobierno tampoco está dispuesto a ayudarlos mientras no concluyan su protesta y acaten las disposiciones del juzgado, que les prohibió retornar a Bambuzal.
El ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, afirmó a UNIVERSIDAD que «el gobierno no tiene nada que negociar con precaristas» y que además es un tema en el que no se puede hacer nada puesto que la finca es una propiedad privada.
«Si ellos dejan de protestar la puertas siempre están abiertas al diálogo, pero tienen que entender que no podemos dejarlos usurpar un terreno privado. Esa es la política de este gobierno, cero tolerancia a los precaristas», manifestó.
A pesar de esto, los campesinos insisten en que se debe apresurar el proceso del juicio agrario porque no tienen donde vivir.
Tampoco quieren trasladarse a los albergues que les ofreció la Iglesia en Ciudad Quesada, pues según Murillo, eso implicaría la pérdida de la poca presión que sólo pueden ejercer en San José, donde son visibles a la opinión pública.
Las cartas están sobre la mesa pero el futuro de más de 100 costarricenses cuya consigna es «tierra para el que la trabaja» es totalmente incierto.
