Durante su visita a San José, Ban Ki-moon aprovechó para participar en un breve recorrido en bicicleta por el costado este del Parque España. Foto: Katya Alvarado.

Ban Ki-moon sabe escuchar relatos de casas quemadas, terrenos invadidos y luchas por una frontera. Esta habilidad, si no se trae de antes, llega tras un tiempo de práctica como secretario general de Naciones Unidas. En sus siete años en el puesto, Ban ha escuchado de Gaza y Ucrania, de Darfur y de Ciudad Juárez.

Luego, alguien le habló de Salitre.

Durante la reunión que tuvo el Secretario General con líderes de los 24 territorios indígenas de Costa Rica, el coreano Ban aseguró estar al tanto de los “recientes problemas” de estas comunidades en el país. La recomendación que les dio fue protocolaria: mantengan el diálogo.

Los dirigentes indígenas solo tuvieron 15 minutos –tres intervenciones de 5 minutos ante quien lidera la diplomacia mundial– para exponer sus problemas. Hablaron de la necesidad de dar espacios a la mujer, narraron sus luchas por la cédula en los noventas y expusieron los ataques recibidos en sus territorios.

Ban fue sólido: “Hablen”. Lo dijo 37 años después de que Costa Rica constituyera su Ley Indígena y tras casi 20 años de tener atorado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para lograr autonomía indígena, la cual superó una masiva consulta a las comunidades en la década de los noventa y otras diez años después.

En noviembre de este año, la iniciativa cumplirá dos décadas en la corriente legislativa y los ocho pueblos originarios siguen a la espera de una legislación actualizada.

Sin embargo, tal como indica el XVIII Estado de la Nación, tampoco la normativa vigente se ha cumplido. Una revisión de nueve derechos básicos –desarrollo propio, derechos laborales, protección a madre, niños y adolescentes, recursos naturales, salud, educación, cultura propia, derecho a consulta y a territorio– evidenció carencias en todos.

“El problema de fondo es que el sistema nunca ha querido reconocer estas normas. No se han aplicado porque el sistema ha invisibilizado la normativa que tutela los derechos indígenas”, asegura Rubén Chacón, autor de este capítulo del Estado de la Nación e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica.

El rezago en el cumplimiento de esta normativa, particularmente en el tema de posesión de tierras dentro de los territorios indígenas, fue uno de los reclamos que la comunidad indígena del país le expuso al Secretario General de Naciones Unidas.

Magaly Lázaro, una de las dirigentes indígenas que se reunió con Ban, relató después del encuentro un episodio que vivió en agosto de 2013 en la comunidad de Salitre.

“Los hombres se fueron a ver los límites y solo estábamos mujeres, jóvenes y niños preparando lo que íbamos a comer cuando llegó muchísima gente con garrotes y palos a encerrarnos y poner una cerca en cuestión de segundos. Se cambiaban las armas de un lugar a otro”, aseguró la indígena de 29 años y originaria del territorio indígena de Boruca.

Un nuevo episodio de violencia a inicios de julio del 2014 forzó a Casa Presidencial a enviar a Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de Asuntos Políticos, a mediar el conflicto entre finqueros e indígenas. En el tema de posesión de tierras, la Ley Indígena aprobada es 1977 es clara: lo que se encuentre dentro de los territorios indígenas no puede estar en manos de no indígenas. Sin embargo, en algunos territorios –como Térraba o Guatuso– el porcentaje de terreno en manos de no indígenas llega hasta 85%.

El Secretario General de Naciones Unidas puede ayudar a visibilizar y hacer que la ciudadanía tome conciencia, según el boruca Juan Carlos Morales, quien trabajó durante cinco años en el Consejo para Derechos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de donde salió a inicios del año pasado.

“En 1977 se aprobó la Ley Indígena pero el Gobierno se hizo de la vista gorda. En ese momento se había presupuestado resolver el problema en cuatro o cinco años con ¢100 millones, pero hoy es incalculable el dinero que el Estado costarricense debe poner para resolver el problema en los 34 pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en 37 años han pasado casi 10 gobiernos que no han tomado en serio esto”, sostiene Morales.

Otro de los temas claves que resultaron de la conversación fue la importancia de contar con espacios de consultas a los indígenas en proyectos que puedan afectarlos, un planteamiento que está en el convenio 169 de la OIT, firmado por Costa Rica en 1992.

“Reconozco la apertura del Gobierno de Costa Rica para recibir y aceptar las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre el tema indígena. Todos los países deben consultar a los pueblos indígenas en proyectos de explotación de recursos naturales y de infraestructura en sus territorios”, sostuvo Ban durante una conferencia dictada horas antes de la reunión con los líderes indígenas.

El convenio de la OIT determina que los indígenas deberán ser consultados en las circunstancias donde pueda haber afectación, pero el accionar en años recientes en temas como los programas de educación, los proyectos hidroeléctricos y el pago por servicios ambientales en el marco del programa REDD+ ha generado críticas dentro de la Asociaciones de Desarrollo de los territorios.

Geyner Blanco, asesor de temas indígenas en Casa Presidencial, considera que el tema que mejor se ha consultado ha sido el proyecto para una nueva Ley Indígena que permita autonomía a las comunidades. Precisamente este iniciativa, tan consensuada, es la que cumplirá 20 años de atrasos legislativos en noviembre de este año.

ONU aboga por energías limpias

Durante su visita oficial a Costa Rica, el secretario general de Naciones Unidas (ONU), el coreano Ban Ki-moon, encontró espacio en su agenda para subirse a una bicicleta y pedalear por el costado oeste del Parque España, en San José.

Seguido por el canciller costarricense, Manuel González, el secretario general Ban aseguró más tarde que lo hizo como un gesto simbólico.

“Conducí una bicicleta con el Ministro de Relaciones Exteriores como una manera de demostrar nuestro compromiso contra el cambio climático”, aseguró Ban.

Unos días antes de llegar a Costa Rica, el Secretario General de la ONU también alabó el avance de Nicaragua en la producción de energía con base en fuentes renovables, al visitar un proyecto de energía eólica ubicado en el sur de este país.

Desde 2008, un colectivo promotor del ciclismo urbano propuso una ciclovía en San José, que conecte la Universidad de Costa Rica y La Sabana, pero los atrasos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes han complicado su avance.

El secretario Ban liderará en setiembre una cumbre de cambio climático en Nueva York, de cara a la cumbre anual que se celebrará en diciembre de este año en Lima.