La Municipalidad de Barva acordó mantener el reglamento aprobado para la ubicación de torres de telefonía celular y las empresas disconformes tendrían que impugnarlo en las instancias correspondientes.
Esto fue lo decidido en una audiencia pública -celebrada el pasado 14 de marzo- por el concejo municipal barveño a solicitud de una de las empresas ocupadas en la construcción de torres para las compañías telefónicas en todo el país.
Representantes de la Compañía Desarrolladora de Infraestructura Compartida para Telecomunicaciones, una de las empresas “torreras”, explicaron las razones por las cuales desde su punto de vista, disposiciones del reglamento como el retiro de las torres a 200 metros al menos de las residencias, escuelas y otros sitios de reunión pública, les impiden hallar los sitios técnicamente requeridos para ubicar las estructuras y asegurar la cobertura de las telecomunicaciones necesaria.Los representantes adujeron el derecho del ciudadano a tener un servicio de telecomunicaciones de calidad.
Por ello sugirieron modificar el reglamento y conciliar -mediante el diálogo- intereses en el asunto. Esto lo prefieren hacer, dijeron, en vez de tener que acudir a demandas por violación a la ley general de telecomunicaciones, o a un arbitraje por violación a los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC), respecto a la apertura del mercado de las telecomunicaciones.
Además de cuestionar fundamentos técnicos de algunas disposiciones del reglamento, también refutan la competencia municipal en el asunto, para lo cual citaron un reciente dictamen de la Procuraduría General de la República (C-039-2012 PGR) y el voto de la Sala IV 15763-2011, donde se dijo que las municipalidades no pueden prohibir la colocación de las torres de telefonía celular, toda vez que el servicio de telecomunicaciones es un asunto de vocación nacional y declarado de interés público.
Carlos Zamora, regidor del partido cantonal Barva Unida, intervino en la sesión para decir que “regular no es prohibir”, y los mencionados pronunciamientos no significan que la municipalidad no pueda regular asuntos de su competencia, en referencia al uso del suelo para la infraestructura de la red de telecomunicaciones y las licencias para explotación comercial de las torres.
Por su parte, Ulises Otárola, regidor del Partido Liberación Nacional, manifestó que las empresas telefónicas llevan un año diciendo lo mismo y que la presentación escuchada era extemporánea, pues hay un reglamento aprobado y existen instancias para apelar.
El presidente municipal, Alberto Trejos, del Movimiento Libertario, concluyó la sesión tras decir que no era ese el foro para plantear el reclamo, sino que están las instancias correspondientes para recurrir.
COMPETENCIA
Fabio León, abogado y concejal, hizo ver que las empresas pueden plantear lo que quieran, pero la municipalidad tiene competencia para emitir regulación conforme lo establecido en el Código Municipal y la Constitución Política.
Están tratando de utilizar un pronunciamiento de la Sala IV que se refirió a que las municipalidad no pueden prohibir, pero aquí no se trata de prohibir sino de reglamentar lo que por competencia les corresponde, y entre eso está el uso del suelo para esa infraestructura de telecomunicaciones y las licencias de una actividad comercial en el cantón, alegó.
A las empresas lo que les interesa es el negocio y la plata, mientras que a la comunidad no le interesa tener torres encima de la cabeza, pues contrario a lo que aquellas afirman, hay estudios que muestran efectos en la salud por las emisiones de las antenas celulares, argumentó León.
Barva figura entre una docena de municipios del país donde vecinos organizados han logrado que se apruebe, o se esté en vías de aprobar, un reglamento para ordenar la ubicación de las torres y antenas celulares.
El área de calidad de vida de la Defensoría de los Habitantes inició el año pasado una investigación, a raíz de denuncias recibidas por la ubicación de las antenas celulares, informaron en esa institución.
