Bioprotocolo fortalece los derechos indígenas

María Pía Hernández (derecha) en la presentación del libro en la librería de la UICN, mientras recibe una consulta de Carlos Bonilla, delegado del

María Pía Hernández (derecha) en la presentación del libro en la librería de la UICN, mientras recibe una consulta de Carlos Bonilla, delegado del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (Foto: María Antonieta Benavides).

El “Bioprotocolo de consulta y consentimiento libre, previo e informado del pueblo Mayangna Sauni Arungka”, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua, es un esfuerzo por ofrecer una herramienta para asegurar la participación del pueblo indígena, pero también un documento que recoge la necesidad de esos pueblos, de verse ellos reflejados en las decisiones que se tomaban a su alrededor y que impactaban su realidad.

La coordinadora de la Unidad de Biodiversidad y Derechos de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), María Pía Hernández, explicó los detalles que llevaron a la elaboración de dicho libro.

¿Cómo fue que nació, cuál fue la necesidad de crear el documento?

−La UICN tiene alrededor de 70 resoluciones, si no más,  que mandan a la organización a trabajar en el tema de pueblos indígenas, en la de implementación de derechos, en los procesos de conservación y en el respeto.

El tema de trabajar en la implementación del enfoque de derechos, en procesos que tienen que ver conservación de áreas protegidas y biodiversidad, básicamente es seguimiento al mandato que tenemos como organización.

UICN es una organización que se debe a sus miembros, a sus elementos constitutivos y entre ellos al ser nuestra misión un mundo justo que valora la naturaleza, nosotros tenemos que ver eso en función de las personas.

¿Por qué se escogió Honduras para hacerlo y luego Nicaragua?

−Nosotros  esperamos que sea un proceso paulatino. Como UICN tenemos que generar los ingresos para poder realizar estos proyectos, pues no contamos con un presupuesto fijo.

Miskitu fue primero; había un proyecto que lo podía apalancar una organización. No se había llevado una experiencia igual en Centroamérica. Tenía un contexto particular, porque estaban  las luchas de titulaciones por nuevos territorios en ese momento.

Nicaragua presenta un marco legal en materia de derechos territoriales indígenas y de derechos de autonomía indígena muy particular; yo diría que a nivel de Centroamérica el más avanzado.  Vimos como un buen marco legal para trabajar este tipo de temas; se va impulsar el año que viene en Guatemala.

-¿Cómo reciben los Estados el documento? ¿Lo ven como una herramienta de facilitación? ¿Hay un compromiso por parte de ellos para aplicarlos?

−La realidad en Nicaragua es que nosotros presentamos el instrumento ante el gobierno regional autónomo del territorio donde estábamos trabajando; realmente sí hubo muchas preguntas,  pero no fue recibido de forma adversa, por lo contrario, más bien mucho interés.

En Honduras ha habido un proceso de interés; nos están pidiendo una capacitación a funcionarios de gobierno para entender cómo opera ese proceso, cómo fue el proceso, lo que se hizo. Creo que en los países que hemos trabajado ha tenido buena acogida.

¿Cómo se aplica?

−El Estado es el responsable de realizar los procesos de consulta, según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pueblos indígenas y tribales. El Estado lo hace a través de sus órganos. Cómo se implementa depende del tema.

¿Cuáles temas abarca?

−Es un protocolo de la metodología de cómo se hace una consulta, procedimientos de cómo ellos deciden, cómo ellos toman sus estructuras de gobernanza y cómo ellos emiten  sus decisiones; eso es lo que  nosotros mapeamos.

¿Cambia en los pueblos ese proceso de información y aceptación, hay tiempo definido para este proceso?

−No, porque muchos de estos procesos son muy de acuerdo con la organización de estos pueblos. Ejemplo: el pueblo Mayangna puede durar un proceso de 7 a 30 días, y toman sus decisiones sobre la base del consenso.

¿Cómo se logra para que haya una aceptación de todas esas estructuras?

−Ellos tienen sus propios órganos de deliberación, en donde todos se hacen representar; esos son los que toman las decisiones.

 ¿Las decisiones son respetadas?

−No siempre, porque el tema de consentimiento libre preinformado y los mecanismos de consultas es el Estado al que le corresponde llevar a cabo los procesos, y es al Estado el que le corresponde decidir, obviamente sobre la base de que se han hecho esos procesos de manera transparente.

Si se fundamenta diferente, sobre la base del respeto de sus derechos y si hay repercusiones, el Estado tiene que indemnizar también, tiene que ver esa reparación de daños, pero el Estado es quien tiene la decisión final.

¿Cómo participan los indígenas en la elaboración del protocolo? ¿Quiénes son los que participan?

−En Nicaragua y en Honduras primero se hace un acercamiento con el liderazgo, para identificarlos, no solo a los líderes a nivel político, sino también a los actores sociales  y en muchos casos a las iglesias que tienen un rol importante. En el caso Mayagna era Morava.

¿Hay otros países donde existe el protocolo indígena?

−Sí. Perú tiene e inclusive hay una ley de consentimiento libre preinformado. En la región de Centroamérica −con conocimiento mío, puede ser que me equivoque− solamente está el  Bioprotocolo de Honduras y el que acabamos de producir en Nicaragua. Y ya se decidió que vamos a producir otro en Guatemala.

¿Costa Rica está en lista?

−Sería bellísimo que estuviera en la lista, pero no la tenemos ahorita. Por un asunto de fondos. Pero en Costa Rica se han dado procesos de consulta a través de una figura que se ha usado con mucho éxito aquí, que son los mediadores culturales.

¿Cómo se explica el consentimiento libre, previo e informado?

−Donde habitan territorios indígenas con identidad cultural y reconocimiento, el Estado tiene la obligación de consultarles a esos pueblos lo que se va hacer ahí y estos pueblos tienen el derecho de dar su aprobación o no. El consentimiento no se debe entender siempre como el sí, ya que podés decir no. Libre porque para yo decidir si quiero o no hacerlo, necesito no tener manipulación, no tener chantaje, coerción. Es previo porque no voy a dar el consentimiento cuando el proyecto ya está ahí. Es informado porque ya sea que yo diga sí o no, tengo que tener información de lo que estoy diciendo. Lo que siempre se les dice es que no hay decisiones buenas o malas, pero sí informadas.

¿Cuáles fueron las reacciones de los asistentes en el Congreso de Parques en Sídney cuando se presentó el bioprotocolo?

−Las reacciones fueron en general muy buenas, pues los asistentes expresaron que este es un documento útil que permite guiar la implementación de los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado con pueblos indígenas.


UICN:

Autoridad mundial en conservación

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) fue creada en 1948 y es la primera organización medioambiental global.

Tienen como fin un mundo justo, que valora y conserva la naturaleza, además de ayudar a las sociedades a conservarla.

La UICN trabaja en más de 160 países; tiene más de 1.000 empleados; más de 1.200 organizaciones miembros y 11.000 científicos y voluntarios.


Un pueblo con identidad única

Mayangna significa “hijos del sol” o “Nosotros”. Es un pueblo que expresa felicidad por la naturaleza y tiene una población de 20.000 personas.

Es una población que se concibe como parte integral del medio en el que viven. Lo conforman 75 comunidades y 9 gobiernos territoriales que se encuentran situados en dos regiones autónomas de Nicaragua, y ocupa una extensión aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical húmedo. Tiene su propio idioma y sistema de organización.


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