El Presidente de Bolivia Carlos Mesa se mostró satisfecho con los resultados del referendo.
El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, apareció triunfante en la noche del pasado 18 de julio, anticipándose a los resultados del referendo sobre una nueva política para la explotación de la enorme riqueza en hidrocarburos que el país posee.
En el referendo, el gobierno planteó cinco preguntas a la ciudadanía, desatando, desde el principio, una polémica sobre la naturaleza de la consulta. Pese a que el presidente insistió en que estaba todo muy claro, los sectores que abogaban por una nacionalización que representara el control y explotación de los recursos por el Estado no quedaron satisfechos.
Las cifras definitivas sobre la consulta no han sido aun divulgadas. Pero parece seguro que no son tan favorables al mandatario como parecía indicar su reacción en la noche del referendo.
En primer lugar está el nivel de participación. Al proclamar el triunfo del Sí, el Presidente Carlos Mesa había enfatizado el domingo por la noche que el referendo, que era obligatorio, había contado «con la más alta participación registrada en América Latina». Aunque él logró que se declarara obligatoria la votación, esa participación quedó alrededor del 60%.
Cada pregunta se votaba por separado. La primera se refería a la abrogación de la ley promulgada por Sánchez de Lozada. La segunda, quizás la más importante, proponía recuperar «la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado. La tercera era sobre la refundación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), desmantelada por la política de privatizaciones.
Según los últimos datos disponibles de la Corte Nacional Electoral (CNE), que contabiliza el 52,4% de las mesas, el ‘Sí’ mantiene su mayoría en las tres primeras pregunta, aunque el margen tiende a reducirse. Por ejemplo, el la pregunta dos, la más aceptada por la población, los votos afirmativos representan el 72%, mientras que el voto nulo supera el 12%.
Pero a medida que avanzaba el cómputo de votos, el Presidente Carlos Mesa perdió terreno en las preguntas 4 y 5 del referéndum, sobre la utilización del gas para negociar con Chile una salida al mar y, la última, más compleja, sobre la política de hidrocarburos. El ejecutivo obtenía apenas el 43,9% de votos afirmativos en la pregunta cuatro, en tanto que los votos nulos y blancos suman más del 25% y el voto negativo 29,9%. Las respuestas afirmativas a la pregunta 5 suman el 49,9% de los sufragios emitidos; el voto negativo el 23,5; el blanco 14,9% y el nulo el 11,5%.
LUCHA PARLAMENTARIA
Los resultados, al parecer, no le darán al presidente Mesa el apoyo sólido que necesitaba para la negociación en el congreso de una nueva ley de hidrocarburos.
La celebración del referendo y la victoria del Sí abren un nuevo capítulo en la «guerra del gas», cuando, a partir del 6 de agosto próximo, el tema sea discutido en el parlamento.
Mesa, quien asumió el poder después de que una rebelión, en octubre pasado, obligara a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada -uno de los grandes propulsores de las políticas de privatizaciones en el continente- no tiene una fracción parlamentaria que lo apoye.
El grupo más cercano al presidente en el parlamento era el Movimiento al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales. Morales pidió el voto afirmativo a las tres primera preguntas, y negativo a las dos últimas. Su propuesta ha tenido cierta acogida, pero lo distanció de otros grupos opositores más beligerantes, que exigían la nacionalización total de los recursos y de su explotación.
Ahora, Morales, presionado por algunos sectores de su partido, reitera que no renunciará a lo que él llama «nacionalización por derecho», que es lo que significa la aprobación de la pregunta dos.
El gobierno tiene una interpretación distinta. Mesa había señalado, antes de la votación, que el resultado del referendo no implicaría la revisión de los 78 contratos de concesión por 40 años, otorgados por el expresidente Sánchez de Lozada a las empresas transnacionales.
Los sindicatos, en particular la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) y parte de la oposición opinan que debe interpretarse como una nacionalización que revierta los contratos en concesión a firmas privadas y que lleve la explotación del recurso completamente a manos del Estado.
Desde 1997, unas 20 empresas, entre las que se cuentan la brasileña Petrobras, la española Repsol YPF, la franco-belga Totalelfina y las británicas British Gas y British Petroleum hicieron inversiones en Bolivia por $3.500 millones.
Con ellas se logró multiplicar por diez las reservas comprobadas de gas nacionales, hasta llegar a los 55 trillones de pies cúbicos, lo que significa que Bolivia tiene la segunda reserva de América del Sur, solo detrás de Venezuela.
Mesa dijo que no se tocarán esos contratos, pero que el Estado recuperará el control de la comercialización, mediante la definición de precios y mercados, y el alza en las regalías que las empresas pagan al Estado, del 18% actual, hasta 50%. Pero eso también lo tendrá que negociar con las empresas, que difícilmente aceptarán sin pelear ese aumento.
En todo caso, si la presión popular y política es mucha, les puede convenir más llegar a un acuerdo con el mandatario que correr el riesgo de que se imponga, finalmente, la nacionalización como la solicitan diversos sectores.
POSICIÓN GEOESTRATÉGICA
El debate en torno a la ley de hidrocarburos revela el agotamiento del modelo neoliberal en el que las empresas estatales eran desmanteladas y pasaban a jugar un papel decorativo, «regulador», parecido al que pretenden imponer al ICE en Costa Rica, en el acuerdo de apertura negociado con Estados Unidos.
La importancia de esos recursos hace de Bolivia un tema particularmente sensible en el escenario internacional. Lo que se resuelva ahí tendrá grandes repercusiones en América del Sur, y en las relaciones con Estados Unidos.
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, estuvo unas horas en Bolivia el pasado 22, de paso hacia Venezuela. El argentino acordó con Mesa una ampliación del contrato de compraventa de gas natural boliviano, que Argentina comenzó a recibir en junio pasado para paliar las dificultades internas en la generación de electricidad.
Debido a ello, Argentina dejó de suministrar gas a Chile, con quien tenía contratos. La visita de Kirchner se da en el marco de una reactivación del debate sobre la salida al mar de Bolivia y sus difíciles relaciones con Chile. Es significativo que el mandatario argentino haya decidido hacer esa escala en Bolivia camino, precisamente, a Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, no mantiene buenas relaciones con su colega chileno, Ricardo Lagos. Mientras Kirchner hace esos viajes, Lagos andaba en Washington, reunido con Bush en la Casa Blanca.
Brasil, que trata de consolidar sus relaciones con Argentina para fortalecer el Mercosur, tiene importantes intereses en la explotación del gas boliviano. La estatal Petrobrás es concesionaria de una de las mayores reservas de gas en el país vecino.
En ese escenario, lo que ocurra en Bolivia en los próximos meses podría tener repercusiones insospechadas para la política regional.
