Productores afirman que Gobierno no los defiende, y señalan que sin la fijación de precios no podrán competir importaciones subsidiadas.

Los productores costarricenses de arroz podrían encontrarse el próximo año con una cosecha que cubriría casi todo el consumo nacional, pero sin nadie que la quiera comprar, si se elimina el sistema de fijación de precios que tiene este producto.

Esa es la advertencia que hacen tanto productores del grano, como profesores de la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica (UCR), ante la controversia que enfrenta el país en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por supuestos subsidios a la producción de arroz.

¿$100 MILLONES EN SUBSIDIOS?

El embajador de Costa Rica ante la OMC, Rónald Saborío, advirtió semanas atrás sobre los reclamos de un grupo de países, encabezados por Estados Unidos, por el supuesto incumplimiento del país en su cuota de “subsidios distorsionantes”, fijada en $15.9 millones (ver recuadro).
Esta advertencia sorprendió y molestó a los arroceros, quienes afirman que no reciben un solo colón del gobierno en subsidios, por lo que el reclamo en la OMC responde a un “tecnicismo” con el que se pretende eliminar la fijación de precios del arroz.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, explicó que el cálculo de los supuestos subsidios se desprende de la diferencia en el precio fijado por tonelada de arroz en Costa Rica, y un precio de referencia que tiene la OMC, que corresponde a los costos de producción de finales de la década de 1980.
El hecho de que Costa Rica fije el precio del arroz por ley es considerado un subsidio por la OMC, por lo que al aumentar la producción local del grano en los últimos tres años, el monto del “subsidio” por cada tonelada se multiplicó de manera exponencial.
Campos recordó que la producción de arroz aumentó por iniciativa del gobierno anterior, que en el 2007 promulgó un “Plan Nacional de Alimentos”, el cual solicitaba a los productores incrementar sus áreas de siembra para cubrir un mayor porcentaje del consumo nacional.
En aquel momento, la llamada “crisis alimentaria” multiplicó el precio del arroz a niveles exorbitantes (muy por encima del precio al que se produce en Costa Rica), y en países como Estados Unidos se llegó a limitar la cantidad de grano que se vendía a cada consumidor.
“Pasamos de producir el 50% del consumo nacional, a cubrir el 80%. Esto desde el 2007 y el entonces ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, nunca dijo nada. Ahora llega Anabel González (actual ministra) y resulta que estamos en un incumplimiento ante la OMC, por cumplir lo que el Gobierno nos pidió”, criticó Campos.
En su opinión, es absurdo que el actual gobierno simplemente acepte “la culpa” ante OMC sin cuestionar el mecanismo por el cual se señalan los subsidios, y sin pensar en el productor nacional.
Según datos entregados a UNIVERSIDAD por los productores, la tonelada de arroz puesta en planta importada tiene un costo de $388,11 (con un precio internacional de $300), mientras que al productor costarricense le cuesta $580 producir una tonelada en promedio.
Campos reconoció que hay una gran diferencia entre los precios; pero, indicó que la diferencia es aún mayor si se toma como precio de referencia los $223,75 de la OMC, lo que multiplicado por las toneladas producidas, da las millonarias cifras de subsidios que alegan los otros países.
Los productores afirman que sus costos son mayores, sobre todo porque los precios de los agroquímicos y fertilizantes (que representan más de tres cuartas partes de sus costos de producción) tienen en Costa Rica precios muy elevados, muy por encima de los que se pueden encontrar en Nicaragua y Panamá.
Campos señaló que de eliminarse la fijación de precio, la producción nacional estaría en desventaja frente al arroz estadounidense, que además de ser altamente subsidiado, es exportado a bajos precios, pues Estados Unidos no es un gran consumidor de arroz.
A pesar de los bajos costos, los productores se dieron a la tarea de comprar una bolsa de arroz de dos libras (menos de un kilo), de calidad estándar, cuyo valor es de $2,65 (¢1375), precio apenas menor al que tiene la bolsa de dos kilos del grano en el país.
“¿A esto es a lo que nos quieren llevar Anabel González y su gente? Anabel González es la peor enemiga de los arroceros en Costa Rica. No le basta habernos condenado a una liberalización en 20 años en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) que ella negoció. Ahora quiere matarnos de una vez”, reprochó Campos.
El presidente de los productores reclamó que mientras se acusa a Costa Rica por sobrepasar el límite de los $15.9 millones, Estados Unidos ha subsidiado a sus arroceros con $12.969 millones entre 1995 y 2009, para un promedio por año de $865 millones.

CRISIS A LAS PUERTAS

Para los profesores de la Escuela de Economía Agrícola de la UCR, Gerardo Cortés, Johanna Solórzano y Vanessa Villalobos, la posible eliminación del sistema de fijación de precios, sin una mejora en las condiciones para los productores, podría arrastrar al sector a una grave crisis a partir del próximo año.
Los docentes coincidieron con los productores en su cuestionamiento al precio de referencia de la OMC, ya que consideran que corresponde a una realidad que ya no existe, al tiempo que consideraron “ridículo” que se acepte un tope tan bajo como $15.9 millones como límite para subsidiar a la agricultura de todo un país.
Gerardo Cortés recordó que la fijación del precio del arroz, único producto que mantiene este sistema, corresponde a una valoración de los costos de producción, que realiza precisamente la UCR.
“No es un precio antojadizo, se basa en serios estudios técnicos y es un reflejo fiel de lo que pasa en nuestros campos”, comentó Cortés.
“Debe quedar claro que el Gobierno no está subsidiando el precio; básicamente es la determinación de un precio que es justo. Esto ya pasó con los frijoleros, que les pagan un precio por debajo de lo que es justo, y al final el consumidor terminó pagando más caro”, apuntó Johanna Solórzano.
Solorzano insistió en que el destino de la producción arrocera podría ser el mismo que la del frijol, la cual tras perder la fijación de precios, fue abandonada a su suerte, y hoy los frijoleros locales buscan quién compre su cosecha.
Los docentes advirtieron que no es conveniente depender enteramente de la importación de un producto, sobre todo en bienes tan indispensables para la alimentación costarricense, dado que como se ve en el caso del frijol, al perderse la cosecha en Nicaragua, hoy los importadores deben comprar a precios más altos, corren en busca del producto en otras latitudes y el producto nacional (desmantelado) no tiene capacidad para cubrir el faltante.
“Eso mismo pasó en 2007 con la crisis mundial de alimentos y por lo que el Gobierno elaboró un Plan Nacional de Alimentos, donde pidió a los productores duplicar el área sembrada”. Ahora Cortés cree que estaría muy mal que un gobierno pidiera a los arroceros producir más para cubrir el mercado local, y que se les abandone por el reclamo de otros países en la OMC.
“Los funcionarios públicos deberían defender los intereses de nuestro país, defender la política de estado con miras a mantener la seguridad alimentaria. Tienen que ir a la OMC y sacar la cara por los productores”, fustigó Cortés.
Por otra parte, pidió que valore la cantidad de empleos que genera la actividad arrocera (60.000 según los productores) en zonas de bajo desarrollo relativo, por lo que no se puede simplemente descartar una actividad para pasar a la importación del producto.
Mientras tanto, Vanessa Villalobos comentó que viaja mucho a la zona de Upala, donde entre un 20% y 30% de los productores dejaron la ganadería, en busca de la estabilidad de precio que tiene el arroz. Allí, este año a los productores se les recibió la cosecha, aun cuando no tuvieran una cuota asignada en la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ).
“Como a la gente le ha ido bien, es probable que muchos otros se animen a sembrar arroz el otro año; entonces, aún si no les quitan la fijación de precio, ya se debería prever qué se va a hacer con una producción que podría hasta exceder el consumo local”, expresó Villalobos.
Entretanto, Solórzano llamó la atención de que a esta producción alta se deben sumar las 55.000 toneladas de arroz en granza que se aceptaron de Estados Unidos en el TLC, lo que vendría a complicar el panorama para los arroceros locales.

Gloria Abraham, ministra de Agricultura:
“La fijación de precios no puede seguir”

La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, considera que el sistema de fijación de precios para el arroz no puede continuar y aseguró que se busca una alternativa enfocada en mejorar la productividad de los arroceros.
“Integramos un equipo de trabajo en el que estamos las ministras de Economía, Comercio Exterior y yo, abordando el tema, porque estamos en un incumplimiento en nuestros compromisos con la OMC, derivados de la fijación del precio al arroz”, declaró Abraham.
La Jerarca de Agricultura indicó que, pese al alegato de los productores en cuanto a que el precio de referencia de la OMC ($223,75 por tonelada) es muy viejo, el sistema aplica por igual para todos los países.
“El mecanismo está establecido tal cual; todos los países lo tenemos suscrito de la misma manera, y no es voluntad individual el que yo pueda cambiarlo”, alegó la ministra.
Abraham hizo ver, además, que la OMC considera subsidios no solo las transferencias directas que hace un Estado a sus productores, sino también las transferencias que reciban de los consumidores, en este caso por vía de fijación de precios.
“Significa eso que los consumidores pagan en Costa Rica un promedio de $125 millones que van directamente dirigidos al productor, que, de otra manera, si no existiera ese mecanismo, pagarían menos por el kilo de arroz”, detalló Abraham.
“Aquí el tema es que ese mecanismo de fijación de precios sí es subsidio; la transferencia es un subsidio; pero, mientras no nos pasemos del límite ($15.9 millones), podemos usarla”, acotó.
Insistió en que existen reglas que aplican por igual a todos los países, y recordó que Costa Rica ha reclamado por esos mismos mecanismos en la OMC, como fue el caso de una controversia en el tema de textiles, en el que se obligó a Estados Unidos a cumplir.
Añadió que detrás de esta controversia, existe un problema de productividad del sector arrocero, el cual no mejora sus rendimientos desde hace 10 años, lo que mantiene el precio local muy por encima del registrado en el mercado internacional.
Abraham reconoció que los productores tienen un problema con el precio de los agroquímicos y fertilizantes, el cual a pesar de las reducciones del precio internacional del petróleo, no bajaron su costo en Costa Rica.
“Esto es un tema que le toca al Ministerio de Economía, porque tiene que ver con competencia. Sin embargo, forma parte de lo que estamos viendo de manera conjunta”, afirmó.
La funcionaria citó la necesidad de dotar al sector con mayor cantidad de sitios de almacenaje, secado y la posibilidad de que los productores puedan dar mayor valor agregado a su producto, así como comercializarlo por sí mismos.
Recordó cuando a la leche le eliminaron el sistema de fijación de precios, que al igual que los arroceros, muchos decían que el sector iba a quebrar; pero, por el contrario –de acuerdo con la jerarca– la producción  lechera se fortaleció.
Respecto al Plan Nacional de Alimentos del 2007, Abraham opinó que el problema radicó en que la producción no creció por un aumento de la productividad, sino por un incremento en el área sembrada, así como la incorporación de productores que se dedicaba a otros cultivos, los cuales fueron atraídos por el precio estable del arroz.
“Nosotros creemos que esto es un tema de gradualidad, que es un problema de políticas diferenciadas, y en donde lo que hay que tener es mucha sensatez y tranquilidad para tomar decisiones”, advirtió.

Rónald Saborío:
“La fijación de precios es un subsidio distorsionante”

El embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Rónald Saborío, compareció el pasado 30 de septiembre ante los diputados de la comisión de Asuntos Agropecuarios.
Debido a la ausencia de los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), los restantes diputados realizaron una “sesión de trabajo” en la que escucharon las explicaciones de Saborío sobre el manejo del tema de subsidios en la OMC.
El embajador recordó que Costa Rica suscribió en 1994 el Acuerdo de Agricultura de la OMC, el cual establece para el país un monto máximo de $15.9 millones para subsidiar a todos los productos agrícolas.
“En el anexo 3 se establece que el sostenimiento de precios es un tipo de subsidio distorsionante del comercio. No es un tema que tengamos control, es la letra de la ley, es una transferencia de fondos que recibe el productor como consecuencia de la decisión del gobierno. Es irrelevante si sale de los impuestos o de la bolsa del consumidor”, explicó Saborío.
El representante costarricense aseguró que desde el 2007, Costa Rica viene excediendo el monto establecido como máximo para subsidiar, por lo que el país ha entrado en una clara violación a lo acordado en la OMC.
Saborío argumentó que si bien el precio de referencia fijado es viejo, aplica para los demás país, y cuestionó la conveniencia de que se revise cada año, pues economías altamente subsidiadas como Estados Unidos y la Unión Europea podrían incrementar sus montos permitidos también.
Comentó que el primer llamado de atención lo hizo en septiembre del 2009 Australia, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, a inicios de este año, lo hicieron otras naciones como Uruguay, Tailandia, Pakistán y los 27 países de la Unión Europea.
“En la última reunión de este año, Estados Unidos sube el tono de manera muy clara y dice: “Costa Rica” se sale del tope de la medida global de la ayuda; esto es una infracción muy seria; los precios de Costa Rica deben bajar para que se sitúen en los niveles de sus obligaciones”, leyó Saborío.
El diplomático comentó, además, que la delegación estadounidense solicitó una reunión bilateral, en la cual indicó que ese es un país exportador de arroz, y sus exportaciones a Costa Rica se han reducido como consecuencia de estos subsidios.
Saborío advirtió que Costa Rica podría ser llevada en cualquier momento ante el mecanismo de solución de controversias, y exponerse a severas sanciones, que afectarían a otros productos de exportación.
Consultado por los diputados, Saborío reconoció que Estados Unidos y otras naciones como Japón, también utilizan millones de dólares en subsidios distorsionantes, pero no exceden el límite que les fue establecido.
UNIVERSIDAD consultó al embajador sobre la aplicación del Plan Nacional de Alimentos en el 2007, como la causa del incremento en la producción y, por ende, de los “subsidios”, según la OMC.
“Eso no es un tema que se esté analizando en la OMC, o que me haya tocado a mí en mi trabajo. La violación y el aumento del subsidio tienen consecuencias en la OMC, tiene consecuencias muy claras; qué lo produjo es algo que no está en mi competencia;  nosotros no hacemos las políticas comerciales”, respondió.

¿Información oficial?

Un de los cuestionamientos que realizan los productores a las autoridades, tiene que ver con la oficialidad de los datos que se están utilizando y reconociendo ante la OMC,  como “subsidios” al sector arrocero.
El más reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el sector agrícola, dado a conocer el pasado mes de agosto, contiene el apartado 2.4.3 sobre “Mecanismos de Control que se ejercen sobre las “ayudas internas” a la producción nacional para asegurar el cumplimiento de los acuerdos ante OMC”.
En esta sección, se recuerda que Costa Rica ha adquirido diversos compromisos ante la OMC, para lo cual debe enviar una notificación anual de las ayudas internas dadas al sector.
El informe señala que corresponde a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), recabar la información para la notificación que se envía a la OMC.
Según la CGR, la directora de SEPSA reconoce dificultades por la complejidad técnica del tema y alega que “la Secretearía cuenta únicamente con una persona responsable en esta materia, que tiene poco tiempo en el puesto, por lo cual no se cuenta con la experiencia suficiente que permita identificar adecuadamente y con prontitud medidas (…)”.
SEPSA señala además que al no contar con esta estructura, “se dificulta tener información actualizada” que permita verificar de forma expedita las ayudas que corresponden a cada tipo de subsidio.
El presidente de la Asamblea de Productores de Arroz, Óscar Campos, cuestionó el cómo el Gobierno reconoce ante la OMC datos de supuestos subsidios a la actividad, cuando ni siquiera hay capacidad de tener la información actualizada.
Según las cifras dadas por el embajador Rónald Saborío a los diputados en 2007, los arroceros recibieron subsidios por $23 millones, en 2008 por $62 millones, el año anterior la cifra alcanzó los 92 millones, y para este año se estima que excederá los $100 millones.
UNIVERSIDAD preguntó al embajador Rónald Saborío acerca de la procedencia de estas cifras, a lo cual respondió primero que las cifras no estaban siendo cuestionadas y que “son transparentes”.
“Son números muy transparentes; las notificaciones las han hecho los ministerios de Agricultura, Economía y Comercio Exterior. (…) De hecho los números se hicieron públicos cuando el propio sector salió a anunciar cuánto están aportando al consumo nacional, de manera que es información pública”, respondió el embajador ante la insistencia de este Semanario.
Campos cuestionó el hecho de que la representación costarricense en la OMC, ni siquiera tenga información oficial para manejar este caso, según lo indicado por SEPSA en el informe de la Contraloría.