Literalmente cae del cielo, y gracias al canon vigente, el agua es para las grandes empresas un verdadero – y derrochable – maná, mientras que para una persona que se dedica a la pequeña agricultura y explota un pozo, es un recurso oneroso.
Por un lado, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa está por dictaminar el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, cuyo itinerario se inició desde hace casi dos años, y que resulta de la fusión de tres proyectos originales presentados por la Defensoría de los Habitantes, el exdiputado José Merino del Río y el Gobierno actual. Por el otro, un proyecto de Decreto Ejecutivo que podría ser emitido el mes próximo, y que actualmente es debatido por los distintos sectores usuarios en el país.
COBRAR Y CUIDAR
Según explicó Claudia Arroyo, asesora del Bloque Patriótico, uno de los partidos integrantes de la Comisión, el proyecto de Ley de Recursos Hídricos busca cambiar la estructura del canon vigente y ordenar la gestión del agua, pues si bien la rectoría corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), alrededor de 19 instituciones decidan de manera descoordinado sobre ella.
Explicó que para eso «se introducen diferenciadamente en el canon, un valor de uso y un valor para conservación del recurso, para que vayan a cuentas separadas.»
El monto que se recaude por concepto del uso se destinará a los gastos de monitoreo, gestión y administración del agua, mientras que el de conservación irá a las instituciones nacionales encargadas de proteger las fuentes acuíferas.
«No existe un registro actualizado de las aguas que tenemos, para poder determinar cuántas concesiones más pueden darse. Por ejemplo, la cuenca del Tempisque está sobreexplotada», dijo.
Pero, a pesar de lo avanzada que está la discusión del proyecto, la polémica persiste en cuanto a la asignación de porcentajes para los distintos usos del agua y en lo que respecta a la competencia de cada institución en el manejo del recurso.
A propósito, José Miguel Zeledón, director del Departamento de Aguas del MINAE, dijo que «el canon actual, de 1998, es perverso, pues cobra por rango de caudales: entre más volumen se consuma, más barato cuesta.»
Así, como muestra la tabla (ver «Ejemplo de concesiones y canon actual»), mientras las empresas turísticas que utilizan grandes cantidades de agua para sus piscinas o para regar canchas de golf, pagan por concepto de canon ¢0.051 céntimos, y otra empresa paga todavía menos -¢0.019- por un consumo aún mayor que se invierte en la fabricación de cerveza, el ciudadano «Marvin Abarca», que explota un pozo rural y utiliza mucha menos agua para consumo doméstico, paga ¢1 colón 15 céntimos por metro cúbico.
En cuanto a la rectoría del agua, mandato que recae en el MINAE, existe polémica, porque si bien legalmente instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad y Acueductos y Alcantarillados tienen cierta autonomía con respecto a las concesiones, algunos diputados quieren limitar estas competencias.
Para José María Villalta, asesor del Partido Acción Ciudadana, también integrante de la Comisión, otro tema de disenso es que en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se prohíbe al país poner impuestos a la exportación de agua.
«El agua se comercializa también como mercancía, embotellada. Esto implicaría que Costa Rica no podría prohibir o restringir su exportación por parte de las transnacionales», advirtió.
La discusión del proyecto también se complicó luego de que el Movimiento Libertario presentara una moción para introducir las concesiones de los generadores privados de energía. Arroyo explicó que la moción fue acogida para evitar que el dictamen de la comisión se empantanase. De todos modos, corresponderá al Plenario Legislativo tomar las decisiones finales.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en la etapa de consultas -ya ha sido discutido en más de 100 talleres regionales en San Carlos, la Zona Sur y Limón- y es probable que sea dictaminado por la Comisión en julio próximo, dijo Arroyo.
DECRETO EN ABRIL
Mientras la ley marco del agua se resuelve en la Asamblea, sectores ambientales y el propio MINAE están a la expectativa de que el Poder Ejecutivo emita un decreto para transformar el canon en uno «ambientalmente ajustado».
Gerardo Barrantes, director del Instituto de Política para la Sostenibilidad, dijo esperar que el ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, «lo firme en abril, pues se ha hecho un trabajo muy amplio para sensibilizar a los actores», es decir, a las empresas, municipalidades y hogares.
Por su parte, Zeledón aseguró que «el decreto va», pues «en realidad fue don Carlos quien nos puso a trabajar en esto.»
Agregó que el texto correspondiente «está en proceso de validación política con los usuarios, ya que se trata de aplicar valores viables. Hay voluntad política para emitirlo.»
El Director del Departamento de Aguas agregó que el decreto en discusión «plantea un cambio diametral del canon por volumen aprovechado. El propósito no es solo recoger plata, sino controlar el aprovechamiento. Que el costo obligue a cambiar la cultura, pues hay mala utilización. La gente debe sentir el valor en el bolsillo.»
Este decreto propone cobrar un promedio de ¢2,67 por metro cúbico para aguas superficiales y de ¢7,14 por metro cúbico de agua subterránea.
Asimismo, afirmó que el decreto «empata con el proyecto de la Asamblea Legislativa», de modo que, cuando la ley se apruebe, no habrá contradicciones.
«En Costa Rica reconocemos nuestro potencial hídrico, paraíso de inversionistas en la economía de la industria turística e hidroeléctrica, sin embargo la falta de acciones y política tendientes a su sostenibilidad se convierte en bumerán no solo para garantizar el acceso primordial al consumo humano, sino para el desarrollo», dice una ponencia suya recientemente presentada en un foro del Tribunal Centroamericano del Agua.
Zeledón agregó a UNIVERSIDAD que el sector más vulnerables del país, debido a la estructura del canon vigente, «es el agrícola, principalmente la producción de arroz, que ya saldrá perjudicada con el TLC.»
