Buscan oro y otros metales: Mineras canadienses escarban por recursos en América Latina

Los conflictos generados por la instalación de minas a cielo abierto que pretenden la extracción de metales no son un asunto nuevo, y mucho

Las empresas mineras de capital canadiense han emprendido una cruzada en busca de metales por todo el mundo, generando conflictos.

Los conflictos generados por la instalación de minas a cielo abierto que pretenden la extracción de metales no son un asunto nuevo, y mucho menos algo que suceda solo en Costa Rica.
Al igual que la empresa que pretende la explotación de oro en Las Crucitas, son cientos las compañías de capital canadiense que rebuscan en las entrañas del continente y del mundo, en busca de los preciados metales.

América Latina se ha convertido en el sitio perfecto para muchas empresas que buscan hacer en otras tierras lo que en su propio país la legislación ambiental ya no les permite, o al menos, les hace poco rentable la operación.

INDUSTRIA MILLONARIA

De acuerdo con una nota del periodista Stephen Leahy, corresponsal de la agencia Inter Press Service (IPS) para la red Tierramérica, cerca del 60% de las mineras del mundo cuentan con capital canadiense.
Esto se traduce en que el sector genera más de $40.000 millones cada año, que representan cerca del 4% del Producto Interno Bruto de Canadá, y según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria de México (CIEPAC), en América Latina tienen interés sobre más de 1.200 propiedades para la exploración y explotación de recursos.
Al ser mayoría, las empresas mineras canadienses también son las que mayores problemas han tenido la hora de intentar desarrollar sus proyectos, pues su actividad es cuestionada por organizaciones y comunidades que temen los impactos en el ambiente.
En el caso de México, la CIEPAC cita un informe en el que se afirma más de 300 empresas mineras canadienses operan en México, muchas de las cuales enfrentan conflictos con la comunidades.
Uno de los casos más recientes es el de la minera Blackfire, en Chiapas, a la cual organizaciones anti minería acusan del asesinato el año pasado del dirigente Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Otro de los puntos recientes de disputa es la mina en Boaco, Nicaragua; el proyecto Cerro Blanco (de la minera canadiense GoldCorp) en la frontera entre Guatemala y El Salvador, y Pascua-Lama, en la frontera entre Chile y Argentina, que pertenece al enclave minero Barrick Gold.

PUNTOS DÉBILES

El geólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en evaluación ambiental, Allan Astorga, comentó que muchas de las compañías canadienses han salido de su país no solo en busca de recursos sin explotar, sino ante el endurecimiento de las normas que rigen la actividad minera en Canadá.
Para Astorga, es claro que estas empresas buscan lugares de bajo desarrollo, donde las necesidades son muchas, y las regulaciones ambientales pocas, lo mismo que los cánones de mineros.
El geólogo aseguró que basta con dar un vistazo a la situación de la minería en Centroamérica, para encontrar empresas canadienses envueltas en conflictos de diversa índole.
“En Guatemala hay varias mineras operando y en todas tienen conflictos con las comunidades, ya sea porque los impactos no fueron bien evaluados y las medidas bien definidas. Hay denuncias de contaminación de agua, de aire, de ruido, problemas laborales, por lo que se mantienen en un conflicto constante”, afirmó Astorga.
En el caso de El Salvador, el geólogo indicó que existen siete proyectos mineros de relativa importancia, pero el gobierno de Mauricio Funes decidió detener todo trámite para la operación de nuevas minas, hasta tanto no se realice una “evaluación ambiental estratégica” del país.
Esta evaluación es contratada por el gobierno salvadoreño, para medir las implicaciones económicas, sociales y ambientales de abrirle las puertas a la minería metálica a cielo abierto, y se consulta a todas las partes, comunidades y mineros, su opinión sobre el tema.
Sobre Honduras, Astorga aseguró que existen conflictos similares, aunque el  país tiene su atención en otros asuntos en este momento, mientras que en Nicaragua, hay una larga tradición minera, sobre todo en la parte norte y central del país.
“Sin embargo, hay organizaciones en Nicaragua que rechazan la minería, sobre todo en la parte sur, cerca del río San Juan, donde se encuentran el mismo tipo de yacimiento que tiene Crucitas en Costa Rica”, explicó.
En Panamá, Astorga mencionó la apertura de la mina Petatillas, en iguales condiciones de conflicto con las comunidades y perteneciente a una empresa canadiense. “También se da la discusión con un proyecto que pretende prohibir la minería de metales a cielo abierto, pues ese país tiene potencial en cobre”, aseguró Astorga.
Para este especialista, el incremento del precio internacional del oro, hace que aumente la voracidad de las transnacionales mineras, pues esto hace que minas que antes no eran rentables, ahora lo sean.
“Con estos precios y la tecnología desarrollada por los canadienses, especialistas en minería a cielo abierto, una mina de la que se saque 1 gramo de oro por tonelada de material se hace rentable; y si sigue en aumento pueden ser hasta de 0,70 gramos por tonelada”, afirmó.
El geólogo citó un artículo del 2006 en el que aparecen declaraciones de Pierre Gratton, de la Asociación Canadiense de Minería en las que reconoce que algunas empresas de su país están mal preparadas para trabajar en países en desarrollo y con una “gobernanza pobre”, conflictos laborales pendientes y legislación laboral débil.
Según dicha publicación, el Centro Canadiense para el Estudio de Conflictos de Recursos, indica que solo un 5% de las 584 empresas extractivas de ese país con negocios en el extranjero, “se adhieren a estándares de extracción reconocidos”.
Para Astorga, es necesario seguir con atención los cambios en la legislación canadiense y las repercusiones que podrían tener en proyectos en países como Costa Rica.
“En enero, la Corte Suprema de Canadá ordenó que los proyectos mineros están obligados a tener una evaluación de impacto ambiental comprensiva, y no pueden fragmentar el proyecto, pues eso no permite conocer su impacto real. Esto fue lo que hicieron aquí con Crucitas, les aprobaron el proyecto por partes”, indicó Astorga.
Para el geólogo, es claro que el hecho de que una empresa venga de una nación desarrollada como Canadá, no es garantía de nada si el país no tiene la adecuada legislación y controles ambientales. Recordó que en el caso de la mina Bella Vista en Puntarenas, la responsable también fue una empresa canadiense.

 

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