Voces de la oposición al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) ven confirmadas con cada cable de la Embajada de ese país que se hace de conocimiento público, sus denuncias y sospechas sobre la intromisión del gobierno estadounidense en el proceso de ratificación del Tratado.

 “Capacitación” y alquiler de buses para la atención de marchas por parte de la policía, análisis del comportamiento político de las fracciones en la Asamblea Legislativa, reportes de las marchas contra el TLC y las actividades proselitistas del entonces embajador estadounidense Mark Langdale, son algunos de los elementos develados en los cables de la Embajada de Estados Unidos en San José.

Esa información empezó a difundirse luego de que el matutino La Nación, uno de los principales medios impulsores de la aprobación del Tratado, así lo acordó con la organización WikiLeaks, que desde hace meses empezó a divulgar una serie de cables con información “sensible” o “secreta” de las embajadas de Estados Unidos en el mundo, así como del Departamento de Estado.

Los reportajes de ese medio de comunicación hasta el momento han destacado, entre otras cosas, que el Comando Sur del ejército estadounidense “entrenó” a policías nacionales en el manejo de manifestaciones, y que ese “entrenamiento” fue camuflado como una “capacitación en derechos humanos”.   

El historiador Óscar Aguilar Bulgarelli opinó que la información divulgada “confirma lo que era un secreto a voces durante la campaña; lo que llama la atención es la intervención de la Embajada de Estados Unidos en el aspecto de seguridad, porque hechos como contratar buses o supervisar la capacitación policial, sí es una intromisión seria en la vida del país”.

Para Aguilar, las revelaciones ponen de manifiesto otro “secreto a voces”, que tanto el gobierno de Estados Unidos como “los supuestos” gobernantes de Costa Rica, “tomaron la soberanía y dignidad de este país y la agarraron a  coces, porque lo que se refleja es que no se trató de un embajador, sino de un procónsul (gobernador de provincia del imperio romano) y que en Costa Rica no hay gobernantes sino súbditos de ese procónsul. Eso es terrible”.

Mientras tanto, la socióloga Montserrat Sagot, quien durante parte del periodo de campaña de cara al referendo que ratificó el TLC fungió como directora del Consejo Universitario de la UCR, coincidió en que se trata de información que ya se sospechaba; pero, destacó “la confirmación documental sobre las redes establecidas de relaciones entre el Gobierno y la Embajada. Saber con certeza que la fiesta fue dirigida desde la Embajada es importante, pues también confirma la falta de independencia entre los poderes del Estado,  que es lo más doloroso  y lamentable en este momento”.

Para Sagot, lo importante es que los cables “confirman sospechas que ya teníamos, pero no contábamos con los elementos empíricos para determinar -por ejemplo- la poca separación de poderes en el país, la gran influencia tipo banana republic de la Embajada en los asuntos internos, la forma bastante sumisa como se comportan los altos funcionarios de gobierno y la manera en que la Embajada infiltró todas las instituciones importantes”.

Al preguntársele sobre qué tipo de informaciones le gustaría ver revelada en el futuro a través de los cables, puntualizó que la discusión y opiniones en relación con las universidades; “quiero saber qué papel nos daban  y si hubo injerencia”, acotó.

Por otro lado, Aguilar Bulgarelli puntualizó que la información filtrada confirma que “quienes estuvimos con el “No” tuvimos razón en que el TLC no era más que una estrategia para vender al país”.

Añadió que también se confirma que el resultado del referendo fue producto “de la más vulgar manipulación de la voluntad democrática; fue una burla a la democracia”.

Manifestó su interés porque se revele cómo se introdujeron en el TLC las actividades primordiales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS), porque “en un principio estaban fuera y su introducción se debe al exministro Alberto Trejos, a la exnegociadora Anabelle González y al libertario Otto Guevara”.

“Todos esos túneles subterráneos pueden salir a la luz. Los cables confirman lo que uno sabía que había sucedido, pero espero que salgan los instrumentos utilizados para ello, las presiones ejercidas”, señaló.

 EL JUEGO NACIONAL

 No ha dejado de arquear cejas el hecho de que sea La Nación, que empujó fuertemente la aprobación del Tratado, el medio que venga a revelar como primicia los cables de WikiLeaks.

En este sentido, cabe recordar las críticas a WikiLeaks planteadas en un editorial de ese periódico, publicado el 5 de enero pasado: “Si en algún momento se creyó que las publicaciones de WikiLeaks perjudicarían a un país en particular, lo que en realidad han hecho es atentar contra el funcionamiento normal de las relaciones internacionales, vitales para el progreso y la paz mundiales”.

Sagot opinó que ese periódico juega un “papel contradictorio”, pues fue “un actor relevante en favor del TLC, que de alguna forma contribuyó a crear ese clima de opresión y control sobre los opositores al Tratado; ahora sacan esta información y no se mencionan a sí mismos como actores”.

La analista añadió que al parecer “desarrollan una estrategia para volver a dominar la opinión pública y para ello requieren generar una imagen de transparencia e independencia; se trataría del gran proyecto sobre el papel que quieren jugar en los años próximos”.

Aguilar Bulgarelli fue más allá y sentenció que ese grupo mediático y “los otros medios que le hacen coro, se prestaron para la manipulación mediática del referendo; que no vengan ahora a lavarse las túnicas cuando son un medio corrupto que facilitó todo esto”.

El historiador ponderó la posible agenda del Grupo Nación, en el sentido de que “La Nación llevó a los Arias al poder, pero le salieron güeros; el negocio de las líneas celulares lo querían sólo para ellos, a través de Telefónica, pero los Arias lo partieron”.

Aguilar recordó que el español Grupo PRISA, que abarca a la empresa de telecomunicaciones  Telefónica y al periódico español El País, es socio de La Nación en varias estaciones de radio. “Esa conexión tan fácil de la periodista de La Nación con WikiLeaks, ya estaba hecha a través de El País”.

Añadió que debido a esa rivalidad, se ha dado en el país una “lucha de capos” entre los hermanos Arias y los dueños de La Nación, que ha llevado a que el matutino denuncie “la corrupción de manejos políticos de los Arias, como queriendo destruir el proyecto político electoral de Rodrigo Arias”.

“Tengo la sensación de que ese medio sacará todo lo que pueda, para destruir la imagen de los Arias y llevar un candidato propio a la próxima elección; montan todo ese teatro para llegar a lo que les importa: imponer una figura política y seguir gobernando este país. La Nación es un movimiento político”, reprochó.

Pacheco y los gringos

La información divulgada por el matutino La Nación también ha enfatizado en la frustración de los estadounidenses con la administración del expresidente Abel Pacheco, a quien consideraban “intimidado” por los sindicatos en cuanto al tema del TLC.

Consultado por UNIVERSIDAD, Pacheco recordó que con la Embajada estadounidense no tuvo una relación “muy cálida como bien se ve en los cables”, pues “ellos después de los primeros encuentros se manejaron con pies de plomo, sobre todo después del pleito por el petróleo, que fue a grito pelado”.

Sobre la información que lo tilda de “intimidado” por los sindicatos, el expresidente respondió que “no soy aficionado a leer La Nación; me remito a los muertos y a los crucigramas”.

Pacheco, sin embargo, sí se refirió a las revelaciones sobre la intromisión norteamericana y aseguró a UNIVERSIDAD que “nunca hubiera cedido a esa injerencia en temas de seguridad”, ya que “ello pudo haber sido el principio de un daño sensible a la soberanía nacional” de la cual “fui muy celoso”.

TSE y Cancillería “cerraron calladamente” denuncia contra embajador estadounidense

 Vinicio Chacón ([email protected])

Uno de los cables de la Embajada de Estados Unidos en San José apunta que “El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores han cerrado calladamente el capítulo de la denuncia presentada por sindicalistas anti-CAFTA en agosto del 2007, en el sentido de que el Embajador (Mark) Langdale “interfirió” en el referendo de ratificación del CAFTA”.

Se trata de un documento fechado el 25 de enero del 2008 e identificado con el código 08SANJOSE45 en el sitio de WikiLeaks, dedicado a la divulgación de los ya famosos documentos de información de las embajadas de Estados Unidos en el mundo.

El cable apunta en su párrafo final que “la queja contra el Embajador, tal como personal del TSE nos lo insinuó de manera privada en agosto pasado, no llegó a ninguna parte”. El texto original en inglés apunta: “The complaint against the Ambassador, as TSE staff had privately hinted to us last August, went nowhere”.

Ante una consulta hecha por UNIVERSIDAD, dirigida al presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, ante los encargados de la Oficina de Prensa, Gustavo Román Jacobo, Asesor de la Gestión Política del TSE, respondió por correo electrónico que en primer lugar el Tribunal “de ninguna forma y mediante ningún canal, adelantó criterio sobre la denuncia en cuestión, ni al personal de la Embajada ni a ninguna otra persona” y añadió que los cables “reflejan interpretaciones de sus autores sobre los hechos y, por eso, su alcance es usualmente especulativo”.

Sobre la afirmación de que personal del TSE habría insinuado el desenlace de la denuncia contra Langdale, manifestó que la traducción expuesta “confiere un sentido muy distinto al que, plausiblemente, también puede tener, que sería que la denuncia contra el Embajador, de la que se informó a la Embajada desde agosto 2007 (tómese en cuenta que el TSE recibió la denuncia y le abrió expediente precisamente en agosto de 2007), -para la fecha en que se escribe el cable (enero 2008) no «fue a ningún lado». Pienso que los tiempos verbales y la propia coma entre «August» y «went» fortalecen esta lectura”.

 CURSO DE LA DENUNCIA

 Fue la socióloga Montserrat Sagot quien llamó la atención de UNIVERSIDAD sobre este cable en particular, al enfatizar con ejemplos que “hay cables que La Nación no utiliza como noticia en los que hay información muy importante, tal vez más que los que sí han sido noticia”.

El cable 08SANJOSE45 se refiere a una denuncia presentada por sectores opuestos al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Mark Langdale, pues el funcionario había iniciado una gira por diferentes fincas agrícolas y fábricas a propósito de la campaña de cara al referendo que terminó por ratificar el Tratado.

Román detalló que esa denuncia fue resuelta por el TSE en sentencia N° 2316-E-2007 del 10 de setiembre de 2007, en la cual se indicó que “de acuerdo con el Derecho Internacional, particularmente la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y Protocolos Facultativos, el señor Langdale gozaba de inmunidad frente a la jurisdicción electoral costarricense, lo que impedía al TSE juzgarlo”.

El funcionario explica que de esa manera, sin pronunciarse sobre el fondo de la denuncia formulada, “menos sugiriendo que esta carecía de fundamento, como pareciera haber entendido el autor del cable”, el TSE la remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores “para que valorara los hechos denunciados a la luz de la normativa que rige las relaciones internacionales”.

El cable en cuestión señala varios criterios favorables al Embajador expuestos en el oficio respuesta del Ministerio, que cita como “una carta que no fue hecha pública”. Destaca que “nos gusta especialmente” un criterio expuesto en esa misiva en el sentido de que “la queja no tenía fundamento en vista de que fue presentada al inicio de los viajes del Embajador alrededor de Costa Rica y por lo tanto antes del referendo, de manera que “presumía” la “interferencia” del Embajador”.

Román también especificó que esa carta del 14 de noviembre referida en el cable fue “una respuesta formal a la remisión del TSE, visible en folios 21-22 del expediente 228-E-2007”. Añadió que tras esa comunicación, el TSE dictó la resolución final del asunto el 27 de noviembre de 2007, “quedando debidamente notificada el 29 del mismo mes. Siendo un expediente público, que puede ser consultado por cualquier persona, no debe causar extrañeza que, para finales de enero de 2008 (fecha del cable), la Embajada estadounidense conociera el contenido de alguna de sus piezas”.

El funcionario concluyó además con que lo finalmente resuelto por el TSE en este caso, “no sólo es coherente con lo resuelto en otros casos similares (2359-E-2007, 3070-E-2007) sino que, además, no se contradice con lo resuelto sobre la materia en procesos electorales anteriores (183-E-2001) ni con lo resuelto en relación a la presunta participación de ciudadanos extranjeros en la campaña del No al TLC (2844-E-2007, 3085-E-2007)”.

El cable también detalla que “en su llamada (telefónica) de despedida al Embajador, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Stagno enfatizó que el Embajador no había violado ninguna norma de conducta diplomática. Pareció complacido por cerrar el caso”.

En opinión de Sagot, en este documento particular “queda clara la estrategia entre el TSE y el Ministerio de Relaciones Exteriores para no dar curso a la denuncia y esperar a que pasara el referendo, incluso tenían un informante dentro del TSE, ese documento devela toda la estrategia entre el Tribunal y Relaciones Exteriores”.

En el párrafo final, el cable apunta: “El tema no ha generado absolutamente ningún seguimiento mediático o político. El TSE y el Ministerio de Relaciones Exteriores debieron seguir el procedimiento apropiado al intercambiar cartas, pero en el proceso construyeron más argumentos contra la denuncia presentada por los opositores al TLC”.

Sin embargo, UNIVERSIDAD en su edición 1708 reveló bajo el título “Denuncian presunto interés de embajador de EE. UU en el TLC”, una denuncia impuesta por parte del diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, quien pidió explicaciones al diplomático sobre sus nexos con empresas de telecomunicaciones y turismo.

Por otra parte, el Frente Liberacionista contra el TLC, integrado por más de un centenar de militantes del Partido Liberación Nacional, escribió a Langdale el 23 marzo de 2007 una carta pública en la que le solicitaban mayor prudencia en sus intervenciones sobre el tratado comercial, al tiempo que le pidió responder una serie de cuestionamientos sobre el tema.