Pasado más de un mes de la publicación del informe, la dirección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha aplicado las sanciones recomendadas por la comisión legislativa que investiga la crisis de la institución, y, al contrario, le prorrogó el nombramiento a uno de los gerentes cuestionados.

La comisión legislativa pidió en su informe emitido el mes pasado sanciones para varios miembros de la cúpula administrativa de la institución, incluyendo la solicitud de renuncias, por su responsabilidad en el agravamiento del desequilibrio financiero de la entidad durante la pasada administración (2006-2010).

Por eso llamó la atención que el pasado 8 de noviembre, mientras cientos de personas de diversas partes del país protestaban ante las oficinas centrales en San José, contra la desmejora de los servicios de la Caja, adentro la junta directiva acordaba prorrogar por cuatro meses el nombramiento interno del gerente de pensiones, José Luis Quesada Martínez.

De “mofa” para los diputados calificó la decisión Roberto Mora, conocido como “El cobrador (voluntario) de la Caja”. El bloguero defensor de la CCSS exhortó públicamente a los legisladores a pronunciarse y condenar el proceder de los directivos (ver recuadro “Ungidos…”).

El informe de mayoría de la comisión legislativa –suscrito por los diputados de los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y Accesibilidad sin Exclusión- pidió para el expresidente ejecutivo de la Caja Eduardo Doryan y tres exdirectivos del periodo 2006-2010, que les prohíba ejercer cargos de elección popular o función pública por seis años. También solicitó  inhabilitación para ejercer cargos públicos y que el expediente legislativo se remita a la Fiscalía, en el caso de Iván Guardia, exdirector financiero; Luis Guillermo López, director titular de la dirección actuarial y económica; José Luis Quesada, gerente de Pensiones; Gustavo Picado, gerente financiero; Arturo Hernández, auditor interno; y Manuel Ugarte, exgerente financiero. En términos similares, pero con una lista más amplia de acusados, se pronunció el informe de minoría, emitido por los diputados del Partido Acción Ciudadana.

Uno de los temas centrales de la investigación legislativa tuvo que ver con denuncias de que los aumentos y revaloraciones salariales aprobadas por la junta directiva en el periodo 2006-2010, tras recomendaciones de los responsables financieros, actuariales y presupuestarios de la CCSS, no contaron con estudios técnicos que permitieran garantizar el equilibrio y la sostenibilidad financiera de la institución. Eso se hizo pese a que ya otros informes técnicos advertían de un creciente desequilibrio entre ingresos  y gastos en la Caja.

Al calor de los señalamientos sobre el tema que comenzaron a ventilarse en el panel legislativo, la auditoría interna de la CCSS emprendió un estudio para determinar si las propuestas de aumentos y revaloraciones salariales efectuadas en el periodo 2006-2010 dispusieron de los estudios  técnicos que permitieran garantizar el equilibrio y la sostenibilidad financiera de la institución.

El informe con las conclusiones y las recomendaciones de dicho estudio lo tiene la presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, desde agosto pasado.

La jerarca debe determinar si hay elementos para responsabilizar a funcionarios y, en su caso, ordenar medidas para conformar un  “órgano director del procedimiento” (investigación administrativa) a fin de establecer la verdad real de los hechos y las responsabilidades y sanciones que correspondan.

Los informes de auditoría son confidenciales y los jerarcas no pueden revelar detalles de la investigación hasta que el proceso concluya, para respetar el debido proceso a los indagados.

Presumiblemente, en este caso, dada la cantidad de información conocida sobre el caso y que involucra a varios funcionarios que tomaron parte en las decisiones, va a ser difícil que la presidenta de la Caja pueda archivar el caso. Eso evidenciaría la existencia de un círculo de funcionarios intocable en la cúpula administrativa de la Caja, a los que se ha premiado cambiándolos de puesto entre gerencias y jefaturas, pese a graves denuncias en su contra. Una situación que fue mencionada en los informes legislativos y en el de la comisión de expertos notables que el año pasado hizo recomendaciones para resolver la crisis de la  CCSS.

Ungidos de la Caja

“En total contraposición a lo dispuesto por los Diputados (as) miembros de la Comisión –compuesta por diputados de todos los partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa- de forma irresponsable y grotesca, la Junta Directiva de la CCSS sigue protegiendo al grupo de ungidos  culpables de la debacle en que se encuentra sumida nuestra Benemérita Institución”, escribió Roberto Mora en una nota que circuló en redes sociales.

Afirmó que José Luis Quesada, actual gerente de Pensiones, y también como coordinador que ha sido del Comité de Inversiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), miembro del Comité de Inversiones del IVM, coordinador del Comité de Créditos Hipotecarios del IVM, miembro del Consejo Financiero y de Control Presupuestario de la CCSS, jefe del Área de Administración de Riesgos de los Fondos Institucionales, ha incumplido con sus deberes, y debería estar acusado ante el Ministerio Público.

Los diputados y diputadas  son los representantes del pueblo, y como tales “les solicito de la manera más respetuosa pero enérgica un pronunciamiento a la mayor brevedad, para que se les dé un voto de censura y, por supuesto, lo que por Ley proceda de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”, ya que los jerarcas de la CCSS “quieren seguir haciendo de las suyas en total detrimento de los intereses de todos los ciudadanos de este país”, añadió Mora.

Tanto el informe de minoría de la comisión, suscrito por los diputados del Partido Acción Ciudadana, como el informe de mayoría, emitido por los legisladores de los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y Accesibilidad sin Exclusión solicitaron a la dirección de la Caja sancionar a Quesada. El informe de mayoría pidió a la presidencia ejecutiva de la CCSS “que solicite la renuncia del Sr. Quesada Martínez. De igual manera solicita a los partidos políticos y las instituciones públicas  que no se le nombre en cargos que impliquen la administración y/o custodia de recursos públicos por un periodo de tres años”.

De igual manera, propuso que la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa “ponga a disposición del Ministerio Público el expediente legislativo para lo que en derecho corresponda”.

Entre otras responsabilidades, el informe le atribuye al funcionario que en el marco de la crisis financiera del seguro de salud, en su calidad de miembro del Comité de Inversiones del IVM, autorizó la compra, por parte del Seguro de IVM, de títulos valores del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), con el interés de dotar de liquidez al seguro de salud, relegando a un segundo plano los intereses del IVM.

También que en setiembre de 2009 y abril de 2010, Quesada incumplió el artículo 9 del reglamento para la Administración Integral de Riesgos de los Fondos Institucionales, al suministrar información errónea al Comité Institucional de Riesgos y al Comité de Inversiones de IVM sobre las garantías de un título valor y sobre la viabilidad de invertir en él. También recomendó en dos ocasiones invertir recursos de IVM y de otros fondos institucionales en tales títulos, desconociendo la garantía exigida en el  artículo 12 del reglamento de inversiones del Régimen de IVM.