Luisa Bejarano, indígena guaymí ha luchado durante 25 años por expulsar invasores no indígenas de sus tierras.
Luisa Bejarano, indígena Ngöbe (Guaymí), tendrá que esperar aún más para que se solucione el conflicto, que por invasión de su finca dentro de la Reserva Indígena Conte Burica, ha tenido que afrontar durante casi 25 años.
Para el 19 de octubre estaba programada la audiencia del juicio agrario que resolvería el conflicto entre Bejarano y un vecino que durante años se ha aprovechado de la situación de indefensión de la indígena para invadir su finca e incluso amenazarla para mantener la posesión de las tierras en conflicto.
Sin embargo este juicio no se celebrará en la fecha acordada, ya que los defensores públicos de ambas partes no pueden provenir de la misma oficina, lo que obliga al acusado Miguel Hernández a buscar otro abogado en San José.
En el marco de la celebración de este juicio, la Asociación Cultural Ngöbegue Indígena de Costa Rica había decidido trasladar las actividades correspondientes al 12 de octubre para el día del juicio, en señal de protesta por los numerosos casos de usurpación de los territorios indígenas que se dan en el país desde hace muchos años, sin que las autoridades actúen de forma efectiva y contundente.
Según la Ley Indígena de 1977, los territorios dentro de las reservas son propiedad de las respectivas comunidades, representadas por las Asociaciones de Desarrollo Comunal, por lo tanto son inalienables, no transferibles, imprescriptibles y exclusivas para quienes las habitan.
Esto implica que quienes eran dueños de estos territorios antes de la promulgación de esta ley deben ser expropiados por el Estado a través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Por el contrario, en caso de que la persona no indígena se halla instalado dentro de territorios de una reserva luego de promulgada la ley, deberá ser desalojada por la autoridades sin pago alguno.
Según el antropólogo, abogado y miembro de la Asociación Cultural Ngöbegue, José Manuel Argilés, en caso de Luisa Bejarano, como en muchos otros, el principal problema radica en la dificultad de presentar las pruebas necesarias para determinar si el eventual invasor ha actuado de mala fe o no.
Lo anterior por la falta de documentos y planos que delimiten claramente las propiedades, ya que en la tradición indígena es muy frecuente que los traspasos de propiedad (la ley permite la venta o transferencia de las posesiones territoriales sólo entre indígenas) se realicen de forma oral, por lo que los casos dependen en mucho de la declaración de testigos.
Las constantes amenazas de los infractores a indígenas y testigos de los procesos, sumado a los pocos recursos con que cuentan las instancias judiciales en las zonas cercanas a las reservas y la poca importancia que dan las autoridades a los asuntos de nuestras poblaciones autóctonas, han convertido en un verdadero infierno la defensa que personas como doña Luisa hacen de sus derechos.
Para Argilés, lo más preocupante es que justamente cuando las poblaciones aborígenes costarricenses parecen estar más conscientes de la necesidad de luchar por los derechos y la protección que la ley les otorga, las autoridades no responden con eficiencia y ocasionan la pérdida de confianza en estos mecanismos, ya que estas personas piensan que «los blancos siempre ganan en estos procesos».
La batalla que ha dado Luisa Bejarano por el reconocimiento de sus derechos y los de la Reserva Indígena de Conte Burica desde la década de 1980, se ha convertido en un estandarte para la comunidad indígena en las diferentes marchas y caminatas, que en señal de protesta han realizado en diferentes ocasiones por el estado de abandono que sufren.
Según Argilés, a pesar de que el juicio no se realizará el 19 de octubre, la Asociación Ngöbegue organizará una caminata y una protesta frente al Juzgado de Ciudad Neily, como muestra de solidaridad con doña Luisa.
INOPERANCIA Y ABANDONO
El Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas señala que cerca del 39% del área total de las Reservas Indígenas del País, se encuentran ocupadas por personas no indígenas.
Para Kathya Rodríguez, Directora de Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes, el Estado no ha reservado los recursos necesarios para realizar las expropiaciones.
«Las autoridades, al principio de esta administración, habían ofrecido la recuperación de una finca por territorio, por año, lo que da 24 fincas recuperadas anualmente, pero esto no ha sido así», destacó Rodríguez.
Rodríguez señaló que las acciones de la Defensoría en este campo han sido de supervisar y hacer recomendaciones a la labor de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la cual en algunas ocasiones excede sus funciones al atribuirse la representatividad de las comunidades indígenas, cuando esta pertenece a las asociaciones de desarrollo.
En la Defensoría ha sido criticado duramente la labor de CONAI, sin embargo manifiestan que ya han conversado con su Director Ejecutivo y han encontrado anuencia de la institución para hacer las mejoras necesarias.
La labor de CONAI es muy cuestionada por muchos sectores, inclusive indígenas, por los desórdenes administrativos y presupuestarios que se dieron en la entidad desde hace 2 décadas y que llevó a la Administración Figueres a recortar todo su presupuesto.
José Manuel Argilés, considera que CONAI no cumple con su misión de velar por el bienestar de la comunidades indígenas y que más bien se ha convertido en un centro de corrupción para los líderes de estos pueblos.
Según Argilés, entre las poblaciones aborígenes, existe el sentimiento de que CONAI sólo aparece cuando requiere votos para colocar a sus candidatos en las asociaciones de desarrollo, pero en los casos en los que la comunidad lo requiere, como los conflictos por la posesión de tierras, este ente no se hace presente.
Guido Rojas, Director Ejecutivo del CONAI, desestimó estas críticas al considerarlas como «argumentos ingratos e infames» ya que hace un año se realizaron dos auditorías en las que la institución salió bien.
Rojas, quien es indígena huetar graduado de la Universidad Nacional, considera que algunas de las comunidades tienen su forma particular de resolver las cosas, pero CONAI es una institución que debe estar apegada a derecho público.
«Hay Asociaciones que nos consideran enemigos porque no los dejamos hacer lo que quieren, por ejemplo, hay una presidenta de una asociación que estaba girando permisos para que personas externas a la reserva extraigan madera y eso no es legal».
Rojas considera que los indígenas deberían liberarse de «la cultura del pobrecito» y buscar soluciones a sus problemas. «Que no nos regalen nada, pero que nos den lo que en realidad merecemos».
Para Rojas, también es nociva la culpa que aún arrastra la población no indígena, ya que esta no aporta nada al desarrollo de los pueblos originarios. «Ni ustedes ni nosotros estuvimos hace 500 años y no tenemos la culpa, hay que preocuparse por los problemas de ahora»
Sobre la celebración del 12 de octubre, Rojas considera que los pueblos indígenas son importantes todos los días del año, no sólo en estas fechas, por lo que no tienen nada que celebrar, pero sí destacar la importancia de vivir en respeto mutuo.
