Varios legisladores pidieron a la Cancillería rendir cuentas sobre los fondos que maneja la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior de Costa Rica, integrada por funcionarios de esa entidad.
Las cuentas sobre la forma en que gastaron $3.3 millones (¢1.435 millones) provenientes de donaciones de la República China en Taiwán para obras de desarrollo económico costarricense, fueron pedidas el pasado 3 de junio por varios diputados a la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior de Costa Rica.
A esta entidad la investigan los diputados José Miguel Corrales, Rodrigo Alberto Carazo y Federico Malavassi, al considerar que funciona como una cancillería «paralela», mediante la cual se financia a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores el pago de sobresueldos o «bonos salariales», que en algunos casos superan el salario que reciben del Estado.
Según trascendió en días pasados, el gobierno taiwanés ha entregado $4.8 millones (¢2.088 millones) en los últimos cinco años a la Asociación, sin exigir a cambio ningún control o estado de cuentas.
En un informe que entregó el presidente de esta entidad y funcionario de Relaciones Exteriores -Bolívar Salas Castillo- al canciller Roberto Tovar Faja, se detalló que son 13 los empleados del servicio interno que reciben cada mes un complemento salarial de los fondos de dicho país y estos oscilan entre ¢30.650 y ¢600.000 (ver «Cancillería: Reparten a discreción fondos taiwaneses», en UNIVERSIDAD No.1575).
Los otros miembros de la junta directiva de esta asociación son: Gerardo Matus, vicepresidente; Ingrid Picado, secretaria; Mario Nájera, tesorero; Sergio Ugalde, vocal; y Miguel Herrera, fiscal. Todos son a la vez empleados de la Cancillería.
Salas Castillo -quien es el jefe de la Dirección General de ese ministerio- también se beneficia con un bono salarial de ¢350.000, que se suma a su salario con rango de embajador: ¢586.000, para un ingreso global de ¢936.000.
EVASIVAS
Este Semanario intentó entrevistarlo desde el 4 de junio, pero al lunes 7 de junio pidió se le enviaran las preguntas por escrito, pero no se comprometió a responderlas de inmediato, pues adujo que primero tendría que pedirle el aval a la junta directiva de la asociación que preside.
Ante una solicitud hecha el 26 de mayo por parte de la jefa de Gabinete de la Cancillería -Beatriz Obando- para que le brindara el número de la cuenta bancaria donde se han depositado las transferencias de fondos de la República de China, Salas Castillo le respondió un día después que «dicha solicitud se elevará a sesión de la Junta Directiva para su conocimiento».
Esa misma información, así como «copia de todos los cheques girados por dicha Asociación durante el periodo 1998-2002», fue requerida al Canciller por los diputados Malavassi, Carazo y Corrales, el 3 de junio.
Esta reticencia a entregar los datos solicitados, fue calificada el lunes 7 por el legislador Carazo como «una cortina de humo; y me temo que es también un querer postergar la entrega de información, para que no afecte otros eventos, particularmente la elección del expresidente Miguel Angel Rodríguez, bajo cuya administración se manejó una porción muy importante de estos recursos».
La elección a que se refería Carazo era la de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Rodríguez resultó elegido el pasado 7 de junio.
Y es que de acuerdo con una denuncia que hicieron el fin de semana pasado Rodolfo Jiménez Morales y Francisco Bolaños González -de la Asociación de Diplomáticos y Afines ‘Manuel María Peralta’-, dineros de la mencionada asociación se habrían destinado a financiar la candidatura del exmandatario en el cargo de la OEA.
«Cuando se utiliza dinero desviado de sus propósitos sin ningún control, puede esperarse cualquier cosa, porque las personas pierden la vergüenza y el buen juicio», comentó al respecto Carazo.
Con fecha del 3 de junio, el diputado Carazo, junto con Corrales y Malavassi, enviaron una carta dirigida al expresidente Rodríguez, al canciller Tovar Faja y al excanciller anterior, Roberto Rojas López, con el fin de que «nos suministren copia de toda la información relativa a la forma como se gastaron los ¢1.435 millones ‘donados’ por el Gobierno de la República China en Taiwán, para obras de desarrollo económico y turístico del país».
Durante el gobierno de Abel Pacheco, la Cancillería ha recibido casi ¢600 millones del total aportado por los taiwaneses, por lo que se desconoce el destino que tuvieron más de ¢1.400 millones administrados en la gestión de Rodríguez (1998-2002).
UNIVERSIDAD intentó hablar con Rojas -quien en el gobierno pasado se desempeñó como canciller y presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior de Costa Rica-, para que se refiriera a cómo manejaron los recursos taiwaneses. Sin embargo, se encontraba en Ecuador, en la elección de la OEA.
OTRAS PETICIONES
Por otro lado, los legisladores Malavassi, Corrales y Carazo también pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores el nombre de las personas que allí integran la comisión calificadora del servicio exterior, la cual se encarga de recomendar al Canciller los funcionarios de la carrera diplomática idóneos para ocupar cargos diplomáticos.
El planteamientos de los diputados obedece a denuncias en el sentido de que algunos miembros de la comisión calificadora no reúnen las cualidades profesionales exigidas por el Estatuto del Servicio Exterior y porque muchos nombramientos se hacen «a dedo», como pago de «favores» políticos.
Al respecto, cabe recordar que a raíz de investigaciones efectuadas, la Defensoría de los Habitantes mantiene fuertes cuestionamientos a este ministerio, y así lo consigna en un informe anual de labores que está por presentar.
El órgano defensor sostiene que «los 53 nombramientos realizados mediante el procedimiento ‘en comisión’ por parte de la actual Administración resultan a todas luces infundados, pues no se ajustan a las disposiciones que en esta materia contempla el Estatuto del Servicio Exterior y sus diversos reglamentos».
«Lo anterior -agrega el informe- ocasiona que el Ministerio de Relaciones Exteriores efectivamente incurra en la práctica generalizada de nombrar personas que no han demostrado su idoneidad dentro de plazas ubicadas en el régimen del servicio exterior de la República, a través de nombramientos en comisión».
La Defensoría advierte a la Cancillería que «estará vigilante de que el servicio exterior de Costa Rica se profesionalice conforme a las normas que lo regulan, y cesen, finalmente, los abusos en los nombramientos en comisión».
ACLARACION
Por un error, en la información «Cancillería: Reparten a discreción fondos taiwaneses», publicado en la anterior edición, se agregó un cero más a los sobresueldos que reciben los funcionarios Gerardo Matus e Ingrid Picado, por lo que el monto correcto es ¢30.650 y ¢39.070, respectivamente.
