Lo que parecía planeado para inclinar la balanza ideológica a la interno de la Sala Constitucional con la no reelección del magistrado Fernando Cruz, terminó sacudiendo las alianzas políticas en la Asamblea Legislativa y la comunicación entre esta y la Casa Presidencial.

Este es el criterio dado a UNIVERSIDAD por los analistas políticos Francisco Barahona y Víctor Ramírez, luego de que la semana anterior los diputados oficialistas decidieran votar en contra de una resolución del presidente legislativo, Víctor Granados, que pretendía anular la votación contra la reelección del magistrado.

Ahora la decisión definitiva quedó en manos de la propia Sala Constitucional, que con sus magistrados suplentes deberá avalar lo actuado por los legisladores, o asegurar la continuidad de Fernando Cruz como uno de sus integrantes.

ALIANZAS ROTAS

Tanto Francisco Barahona como Víctor Ramírez estimaron como una “grave intromisión” al Poder Judicial, el hecho de que los diputados quisieran cobrar la factura política al magistrado Cruz.

Barahona aseguró que con la no reelección de Fernando Cruz, la derecha ideológica pretendía cambiar la composición de la Sala Constitucional, posiblemente para nombrar a un magistrado mucho más conservador.

“Con la salida de Fernando, asuntos como el de la mina en Crucitas peligraban y entonces se desestabiliza mucho más el sistema de pesos y contrapesos. Con este cambio retaban a los sectores populares, en términos altamente peligrosos para la estabilidad democrática del país”, opinó Barahona.

Ve una “enorme torpeza política” en los sectores políticos, que no pudieron “disimular” su injerencia en el caso de Fernando Cruz, y tampoco supieron reaccionar ante la molestia ciudadana.

Barahona considera que como parte de las consecuencias del caso de Cruz, es evidente una ruptura de la alianza entre el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Liberación Nacional, sobre todo por la resolución del presidente legislativo para anular la votación.

“Esta maniobra fue tan burda, tan poco inteligente, que el tiro les salió por la culata. No solo les van “a rectificar la plana” por esa violación constitucional, sino que hicieron que una buena parte del pueblo se enterara de esta barbaridad y hoy en día la clase política está más desprestigiada que hace semana y media”, comentó.

Para Víctor Ramírez, estas alianzas mostraron una vez más que están “pegadas con saliva” y que responden solamente a coyunturas e intereses específicos, pero no a una de temas de fondo; por lo tanto, no se mantienen por mucho tiempo.

“Pero ante un hecho como este, tan contrario a la ética y la moral, hizo que algunas de las mejores personas del Congreso, por supuesto se desligaran de ese acontecimiento tan dramático que quisieron hacer”, acotó Ramírez.

Otro de los “damnificados” en este caso fue el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, quien ha sido señalado por la diputada libertaria Patricia Pérez por haberla llamado para solicitarle el voto en contra de Fernando Cruz.

Esta afirmación de la legisladora hizo que otros diputados de oposición ahora se nieguen a reconocer a Benavides como interlocutor entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, e inclusive fracciones como la del Partido Acción Ciudadana (PAC) han pedido su renuncia.

Para Barahona, si Benavides no ha salido aún del Gobierno es porque la presidenta Laura Chinchilla “es muy tozuda” y dejar ir a su “confidente político” sería tanto como reconocer una nueva crisis en su gobierno.

Ambos analistas coincidieron en que si la Presidenta no ha hecho a un lado a Benavides, es porque no cuenta con una figura de peso para sustituirlo, aunque sí tendrá muchos problemas para mantenerlo en el cargo.

“Muchos costarricenses le creemos a la diputada Pérez, y además sabemos que usted no logra 38 votos por azar, sino que debe haber un mecanismo de altas autoridades para que ese voto se diera. Él fue el brazo que reunió a esos 38 diputados, aunque no fue el único”, indicó Ramírez.

“ARIAS INVOLUCRADO”

Barahona cree que, pese a no poder probarlo, el precandidato Rodrigo Arias y su hermano -el expresidente Óscar Arias-, también tuvieron que ver en la “jugada” al magistrado Cruz, luego de que transcendiera en el medio digital CRHoy una supuesta llamada de felicitación del exministro de la Presidencia a los diputados.

El mismo día de la votación contra Cruz, Arias emitió un comunicado negando cualquier participación o influencia en la votación que agrupó a 38 diputados del PLN, PUSC y el Movimiento Libertario.

“Tanto Rafael Ángel Calderón como don Óscar Arias defendieron lo hecho por el Congreso. Hay fuerzas de derecha que están en el subsuelo que están tratando de golpear  a la democracia costarricense, como lo dijo el expresidente Luis Alberto Monge”, puntualizó.

“El propio presidente de la Corte dijo que hay fuerzas oscuras. Ya hoy sabemos que Óscar Arias y Calderón están de acuerdo con esto. Esto no es una gestión que se da en el seno de los diputados, muchos de los cuales no manejan ninguna táctica legislativa. Esto por supuesto que fue planeado desde arriba”, reprochó Ramírez.

Víctor Granados, presidente legislativo: “El ministro Benavides debe dar explicaciones”

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Víctor Emilio Granados, asegura que el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, debe dar explicaciones sobre su participación en la no reelección del magistrado Fernando Cruz.

Pese a que afirma que seguirá tratando a Benavides como interlocutor entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, Granados reconoce que la permanencia del ministro va a “generar distorsiones” en la comunicación, dado que varios diputados lo han desacreditado.

“He dicho que debe explicar más, y que en el tanto esas explicaciones sean satisfactorias, facilitan la comunicación que debe haber entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Creo que debe despejar cualquier duda sobre su papel y su intencionalidad,  y me parece que es lo más sano para el Gobierno y para el sistema democrático, de modo tal que cuantas más explicaciones y rendición de cuentas dé, más claridad”, manifestó.

Para el legislador del PASE, lo ocurrido el pasado 20 de noviembre con la votación de diputados oficialistas contra su resolución, que pretendía anular la no reelección de Cruz,  no fue más que un “gran contrasentido”.

En su criterio, en lugar de “empoderar” a la Asamblea Legislativa frente al Poder Judicial y como “primer poder de la República”, el caso del magistrado Cruz logró todo lo contrario.

“Es un contrasentido, porque además se acusó a la Sala Constitucional de exceder sus competencias, y a final de cuentas se dejó la decisión final de la reelección del magistrado en manos de la Sala, por voluntad de quienes la acusaban de exceder sus competencias”, aseveró.

Considera que se desaprovechó un “puente de oro” que permitía acabar de una vez con el conflicto generado, e indicó que las reformas que requiere la Sala Constitucional se deben discutir en el trámite de los proyectos de ley que existen al respecto, y no en la reelección de un magistrado.

Consultado sobre si hay molestia en Liberación Nacional con su resolución (dado que una alianza con el PLN lo llevó a la presidencia legislativa), Granados aseguró que “esperaría que no” y que hasta el momento no hay evidencia de esa molestia.

“Este tipo de circunstancias requieren de una alta dosis de madurez política. Yo fallé de acuerdo con mi consciencia, con mis valores y con toda la información que recabamos de manera objetiva”, respondió.

Granados reconoció que el caso del magistrado Cruz, deja “mucha inestabilidad” en el panorama político-electoral, y devela alianzas “muy circunstanciales” en el plano legislativo, como la que se dio para votar en contra de Fernando Cruz.

Acerca de una ruptura de la alianza entre el PASE y el PLN por este caso, respondió que “podría ser”, pero alegó que queda claro que este acuerdo no va más allá del documento suscrito el pasado 1 de mayo.

“Decíamos que nuestro pacto con la fracción oficialista se limitaba a lo que estaba escrito en un documento que hicimos público, y que más allá de eso no había ningún otro acuerdo  en el que se suponía tuviésemos que respaldar las posiciones de la fracción oficialista en temas de nombramientos u otras”, aclaró.

Fernando Cruz: “Hay que tener clara la presencia de poderes fácticos de poder”

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, considera que se debe tener clara la presencia de “poderes fácticos” fuera del Estado, que intervinieron de alguna forma en la decisión de no relegirlo.

“Lo que ocurre es que se tiene una idea esquemática del Estado, pero siempre hay un gobierno formal y grupos de poder fácticos. Pueden tener mucho o poco poder, pero de que existen, existen. Ese es un tema que está en el ambiente y hay vasos comunicantes entre el gobierno y los grupos que están en la sombra”, comentó Cruz a UNIVERSIDAD.

Aunque dice no saber qué grupos exactamente lo querían fueran de la Sala Constitucional, estima que su no reelección responde a un tema ideológico y no a un asunto personal.

“Los “poderes fácticos” son todos los grupos de interés económico y financiero que no tienen una cara visible, pero tienen un gran peso. Es un concepto que las personas debieran manejar. Nunca imaginen que el sistema político es nada más lo que hay en la formalidad. Hay una gran cantidad de actores que están ahí y no quieren aparecer”, explicó.

“Hay una premura de una agenda política que no se ha revelado claramente, pero que piensa que es mejor olvidarse de lo que dice la Constitución y los controles, para poder terminar un proyecto que no es claro”, añadió Cruz.

Negó que la Sala Constitucional sea la responsable de la falta de gobernabilidad del país a la que aluden algunos sectores políticos y la propia presidenta Laura Chinchilla, que enfocan sus ataques hacia los órganos de control del Estado.

“¡Qué rival más fácil se fueron a encontrar! Los órganos de control casi no pueden hacer oposición política, son entes con poca capacidad para defenderse; el siguiente paso es controlar esos órganos de control con nombramientos, no reeligiendo contralores, señalando que en el tema judicial siempre debe haber renovación, como si esto fuera la administración de un restaurante; no entiendo”, lamentó Cruz.

Tampoco entiende la posición del Gobierno cuando la Presidenta dice que el “Parlamento es autónomo”, pero luego convoca a una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial para “arreglar” la situación.

“Si el Parlamento es autónomo, no sé qué hay que discutir. Yo asumo que cuando se elige un magistrado, la Casa Presidencial nunca interviene… Supongo yo…”.

Voces por la independencia judicial

El 22 de noviembre, numerosos funcionarios judiciales protagonizaron una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, para exigir a los diputados respeto por la independencia de poderes, luego de que la Asamblea Legislativa no religió al magistrado Fernando Cruz.

Los funcionarios judiciales marcharon con una flor blanca y un ejemplar de la Constitución Política costarricense en la mano, en lo que se llamó “La marcha del silencio”.
A la actividad se sumaron representantes sindicales, estudiantes universitarios y otros sectores de la sociedad. Reclamaron no solo el voto de los diputados oficialistas y de otros partidos contra el magistrado, sino además el rechazo a una resolución del presidente legislativo, Víctor Emilio Granados, que intentaba anular la votación.
La exvicepresidenta de la República y exjueza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Elizabeth Odio, dijo a UNIVERSIDAD que esta manifestación es un llamado de la sociedad para que se respete el principio constitucional de independencia judicial.
“Sin independencia judicial no hay democracia, sin democracia no hay Costa Rica. Mi presencia aquí es para reafirmar la voluntad de luchar por los principios que han hecho de Costa Rica una sociedad mucho más justa. Debemos luchar por una sociedad más justa y para eso requerimos poderes políticos muy claros, transparentes y abnegados a lo que la Constitución dice”, expresó Odio.

Para el jurista Walter Antillón, la lucha debe ser “a muerte” para conservar la institucionalidad y la justicia, asunto que va más allá de la no reelección del magistrado Fernando Cruz.

“Por primera vez en muchos años hay una marcha muy nutrida por la justicia. Nadie pelea por la justicia. En Costa Rica se cree que la justicia está dada de antemano, pero hay que ganársela. El juez en Costa Rica -y en cualquier lugar del mundo- es una verdadera “joya” de la comunidad si es imparcial; si no es independiente, no vale nada”, afirmó.