Aunque sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo objetan como miembro del Consejo Directivo de este ente y la Procuraduría General de la República (PGR) comprobó que no reúne los requisitos para ocupar dicho cargo, Pablo Ureña aseguró que la decisión de cambiarlo la deberá tomar el Consejo de Gobierno.
La diputada y presidenta de la comisión mixta especial que analiza las reformas al ICE -Gloria Valerín-, junto con otros diez diputados, pidió el pasado 21 de octubre al mandatario Abel Pacheco abrir un procedimiento administrativo por el mal nombramiento de Luis Paulino Arias Fonseca, conocido como Pablo Ureña Jiménez.
Pacheco respondió el 30 de octubre que ante la gestión planteada por los diputados, procederían a examinar las atestados profesionales de todos los directivos del ICE.
La legisladora le envió como respuesta un largo alegato, en el que lo insta a destituirlo, ya que su nombramiento viola varias leyes y podría tener incluso implicaciones penales.
Ureña, quien es escritor, se desempeña como asesor del presidente Pacheco y además es directivo de Radiográfica Costarricense, empresa del ICE.
Si bien el pronunciamiento de la Procuraduría -emitido ante una solicitud de la diputada Valerín- no menciona en ningún momento el nombre de Ureña y solo analiza los requisitos legales para ser miembro del Consejo Directivo del ICE, hace ver que él no los cumple y por lo tanto su nombramiento fue irregular.Según la ley de creación del ICE, el Poder Ejecutivo nombra a los siete miembros del Consejo Directivo, de los cuales tres deben ser ingenieros, uno licenciado en leyes, otro en ciencias económicas y los otros dos personas de reconocida capacidad y diligencia en finanzas, industrias o agricultura.
Para la Procuraduría, dichos requisitos son de acatamiento obligatorio y «quien no cumpla con los requisitos taxativamente dispuestos, según el caso, no puede ser miembro de ese órgano colegiado».
ILEGALIDAD
Valerín en su carta del 3 de noviembre pasado, le recordó al mandatario Pacheco que «este incumplimiento del Consejo de Gobierno con la legislación vigente tiene implicaciones graves desde muchos puntos de vista; pero además, resulta una violación grosera porque es claro, evidente y manifiesto, que el señor Ureña no reúne los requisitos para el cargo que ilegalmente está ocupando».
En respaldo de su queja, la congresista y abogada cita el dictamen de la Procuraduría, en el que se indica que «la irregularidad puede derivar tanto por el hecho de que la autoridad competente no observe los requisitos que legalmente debe reunir el nombrado, tanto porque no se respete el procedimiento legalmente establecido para el nombramiento».
Del análisis de lo expuesto por la PGR, Valerín aseguró que el nombramiento de Ureña por parte del Consejo de Gobierno fue un acto viciado de «nulidad absoluta, evidente y manifiesta» y que la decisión de investigar a los otros directivos «de ninguna manera puede utilizarse como una excusa para eludir el cumplimiento de sus deberes y no proceder de inmediato a la apertura del procedimiento establecido en el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública».
Debido a la «negativa reiterada» de actuar conforme a la ley, la legisladora mencionó a Pacheco las eventuales repercusiones legales que dicha acción podría ocasionar al Gobierno.
«Señor Presidente, esto, obviamente además de un problema de legalidad, es un problema ético y de lealtad al pueblo costarricense; es un problema de lealtad a los principios que hemos jurado respetar y defender y que están muy por encima de las lealtades individuales», le reclamó .
DESCONOCIMIENTO
El directivo Carlos Castro Arias, dijo desconocer el detalle del pronunciamiento de la Procuraduría, pero comentó que corresponde al Consejo de Gobierno tomar la decisión de si destituye o no a Ureña.
Se mostró contrario al acuerdo del Consejo de Gobierno de extender la investigación al resto de directivos del ICE, pues en su caso sí cumple con los requisitos. «Tampoco nos atañe responsabilidades en las acciones que él tome o no, porque estas recaen sobre el órgano que lo nombró», agregó.
Se abstuvo de opinar acerca de si Ureña debería renunciar por su propia iniciativa al cargo o esperar a ser destituido y lo dejó a su voluntad.
Por otro lado, el secretario general de la Asociación de Empleados del ICE (ASDEICE) -Fabio Chávez- expresó que «si tuviera un poquito de vergüenza» debería renunciar; desde hace más de un año lo declaramos non grato y enemigo de la Institución, puntualizó.
Cabe recordar, que a Ureña lo han acusado los sindicatos de filtrar a los medios de comunicación informaciones que han dañado la imagen del ICE.
Chávez cree que por razones legales o de otro tipo, Ureña tiene los días contados como directivo del ICE.
Mientras tanto, el representante de los sindicatos en la directiva -Mayid Halabí- no quiso emitir criterio al respecto, pues adujo desconocer el informe de la Procuraduría.
Ureña, por su parte, indicó que su caso está en manos del Consejo de Gobierno y que a este le corresponderá determinar cuáles de los directivos del ICE cumplen con los requisitos exigidos por la normativa legal.
Al preguntársele si a partir de su formación académica consideraba que reunía los requisitos, aseveró que «lo que yo considere es irrelevante; lo que va a ser relevante es lo que considere el Consejo de Gobierno».
Considera que no será destituido, ya que a quien tendrán que sustituir es «a aquella persona que sin ser ingeniero sustituyó a un ingeniero y produjo un vicio de legalidad en la conformación del Consejo, y no necesariamente soy yo».
Agregó que «no nací pegado a una silla de un millón de pesos, como las que se usan en el Consejo Directivo del ICE. He sido el único director que -no solo por consideración al señor presidente, sino por la elegancia personal que me caracteriza en todos mis actos y porque no soy huesero- en el momento mismo en que el señor presidente de la república me juramentó, le entregué una carta de renuncia firmada y sin fecha».
