CCSS asumirá cobros judiciales de Fodesaf: Deuda patronal con fondos de pobreza crece y suma ¢166.000 millones

Con los recursos de Fodesaf se financia en parte las redes de cuido del adulto mayor en riesgo social, como la que auxilia mensualmente

Con los recursos de Fodesaf se financia en parte las redes de cuido del adulto mayor en riesgo social, como la que auxilia mensualmente con víveres a doña Alba Cruz y otras personas adultas mayores en San Ramón.

– Mitad del monto sería incobrable.

– Embajada de EE.UU. encabeza lista de morosos.

La deuda de los patronos morosos con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) no deja de aumentar año con año y a setiembre de 2014 acumulaba un total del ¢166.000 millones, un monto que permitiría construir 833 mil metros cuadrados de aulas o pagar a 415.000 trabajadores según el salario base utilizado para fijar penas y multas por el Poder Judicial.

Esto ocurre a pesar de mejoras en los registros de información de patronos morosos y notificaciones de cobro, y un aumento de la recaudación por año.

A diciembre del 2013, el número de patronos morosos con Fodesaf llegaba a 125.000 y el total de la deuda acumulada era de ¢153.000 millones, cifras que al presente mes de setiembre alcanzan ya los 126.000 patronos morosos que adeudan un total de ¢166.785 millones.

En sendos informes publicados en diciembre del 2012 y enero y febrero del 2013, la Contraloría General de la República (CGR) señaló deficiencias en la gestión de cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), lo que ponía en riesgo de prescripción cuantiosas sumas adeudadas a Fodesaf.

La CGR señaló, entre otros puntos, que no se estaba realizando cobro judicial de las deudas, a pesar de que en el 2009 la reforma legal a la ley de Fodesaf le había otorgado provisionalmente personería jurídica a la Desaf, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, encargada de la administración del Fondo.

Lo anterior, mientras la Caja Costarricense de Seguro Social asume esa tarea, lo cual se prevé que ocurra el próximo año.

Asimismo, la Contraloría observó que, por un criterio legal erróneo se había aplicado a deudas anteriores al 2009 un plazo de prescripción de tres años, a pesar de que la ley establece que deben transcurrir diez años antes de que esas deudas prescriban.

Por esta razón, el ente contralor solicitó a los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Desaf tomar las medidas tendientes para anular lo actuado y recuperar, en lo posible, las deudas pendientes.

Con un presupuesto anual cercano a ¢500.000 millones, Fodesaf es el principal fondo con que cuenta el país para financiar programas que benefician a las personas en condición de pobreza.

El fondo financia las asignaciones a familias pobres, redes de cuido de niños y adultos mayores, comedores escolares, capacitación y empleo para mujeres, entre otros para un total de 20 programas y 25 instituciones que reciben dinero.

La lista de los mayores deudores la encabeza la embajada de los Estados Unidos, con un total ¢2845 millones (ver tabla).También figuran entre los morosos, con montos menores, las de Alemania, Francia, Venezuela y otras 11 legaciones extranjeras. Tras las gestiones de cobro, este año cancelaron sus deudas las embajadas de Uruguay, Panamá, España, Guatemala y República Checa.

Lo que ha alegado la embajada estadounidense es que se trata de un impuesto interno y la legislación diplomática la exonera de pagarlo.

COBRO DIFÍCIL

Del total de la deuda patronal con Fodesaf, un 47% corresponde a los 1175 mayores deudores (¢20 millones y más), y un 50% es deuda de empresas inactivas, según los datos suministrados por Amparo Pacheco, Directora de Desaf, lo que hace pensar que la mitad de la deuda es prácticamente incobrable.

Pacheco observó que la reforma legal del 2009 dijo que mientras la Caja asumía el cobro legal de las deudas con Fodesaf, se le daba a Desaf la personería jurídica instrumental para hacer el cobro judicial de la deuda.

La jerarca alegó que no se le dieron los recursos para asumir esa responsabilidad mayor. El recurso humano es de 50 personas, y 15 están en el departamento de cobro, cuando deberían ser al menos 50, por lo que no hay capacidad para el cobro masivo, argumentó.

“Como no teníamos plazas contratamos un servicio de localización y notificación de patronos morosos y así, ubicando a todos los  patronos morosos, ya deteníamos la prescripción de las deudas, que era uno de los objetivos, y en el  88% del total de la deuda, empezando de las más grande a la más pequeña, ya se eliminó el riesgo de prescripción”, señaló Pacheco.

En cobro judicial, a partir del 2013, se designó una unidad de cobro con tres funcionarios, a la fecha se han presentado 82 demandas contra los mayores deudores con mayor facilidad técnica de recuperación, por un total ¢11.000 millones, y a la fecha por esa vía  se ha recaudado ¢36.500 millones.

Además, este año se implementó un nuevo sistema de información de cobro, que es una plataforma para el control y la seguridad de la información de patronos morosos, enfatizó Pacheco.

Mauricio Donato, jefe del departamento de cobro, informó a UNIVERSIDAD que tras establecerse que el plazo que había que aplicar según la ley eran diez años se entablaron juicios de lesividad para revocar la condonaciones que se habían dado, por una suma aproximada de ¢10.000 millones posibles de recuperación. Como estos procesos tienen una caducidad de cuatro años, lo que se podía revocar eran casos del 2009 para acá, unos 50 en total, que suman alrededor de  ¢10.000 millones.

La directora de Desaf  añadió que desde el 2010 se buscó apoyo político para hacer conciencia que el cobro judicial debía pasar a cobros de la Caja,  porque no se puede tener a cuatro o cinco instituciones  a las que la Caja les recoge los recursos, pero que si hay cobro judicial cada entidad tiene que hacerlo por su cuenta.

El informe de la CGR señaló que la Caja debe asumir el cobro judicial (actualmente solo realiza el cobro administrativo a tres mes plazo) a partir de febrero del 2015, por lo que se está coordinando el traspaso de esa responsabilidad a dicha institución y una comisión entre la Caja y Fodesaf  ha estado informando cómo va ese proceso, explicó la funcionaria.

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