Rodrigo Arias López, quien divulgó un estudio actuarial, enfrenta acusaciones.
La deuda histórica del Estado con la CCSS es cercana a los ¢2,5 billones.
En diciembre del 2004, Arias López expuso dicho estudio en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), en calidad de docente de la academia. Dicha actividad repercutió luego en varios medios de comunicación, luego de que UNIVERSIDAD publicara, el 27 de enero, un artículo donde se detallaba la billonaria deuda del Estado con la Caja.
A partir de ese momento comenzó una persecución contra el actuario, a quien acusaron de falta de lealtad a la institución. Su computadora de trabajo fue decomisada por la Auditoría interna para investigarla.
Al mismo tiempo grupos sindicales de la Caja y los hospitales nacionales apoyaron a Arias en sus conclusiones y exigieron al Estado la cancelación de su deuda con la CCSS, lo cual hasta el momento eso no ha sucedido.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
El 16 de junio del presente año y luego el 21 de junio, el presidente ejecutivo de la Caja, Alberto Sáenz Pacheco, solicitó al Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos de la CCSS (CIPA) la apertura de un procedimiento contra el jefe del departamento actuarial.
El oficio P.E. 21.895-05 enviado por el presidente ejecutivo indica que «la naturaleza del proceso a iniciar es Disciplinario y de Responsabilidad Patrimonial».
Es así como el CIPA presentó el 23 de junio una resolución inicial donde informan de anomalías con respecto a las labores de Arias.
Concluyen en que de acuerdo con el informe de la Auditoría Interna y los datos recabados en la computadora del actuario, para la realización del documento «Evasión, costos y financiamiento del seguro social de salud», Arias utilizó «de forma indebida información, jornada de trabajo y equipo de la Institución».
Agregan que la presentación de ese informe en la UCR generó reacciones por parte de la prensa, en especial en UNIVERSIDAD, La Prensa Libre y el Diario La Extra que «provocaron que la Institución (…) incurriera en un alto riesgo de pérdida de imagen y credibilidad», lo cual también generó manifestaciones en grupos sindicales y de diputados.
En el documento contra Arias se indica que esas publicaciones y las reacciones de los grupos son consideradas que causaron un daño a la institución y que según el artículo 8 del Código de Ética de la CCSS el empleado debe serle leal; agregan que según el artículo 12 «el servidor de la Caja está obligado a guardar discreción y reserva sobre los documentos, hechos e informaciones a los cuales tenga acceso…»
El texto explica además que en 1994, cuando se le tomó una declaración jurada, el actuario aseguró que no trabajaba en ningún ente público simultáneamente; pero un estudio solicitado a la Oficina de Recursos Humanos de la UCR confirmó que el actuario también trabajaba para la universidad.
Además, se señala que Arias gozó de un contrato de dedicación exclusiva desde el 22 de febrero de 1995 hasta el 3 de agosto del 2001 en la CCSS, aunque al mismo tiempo trabajaba como docente en la UCR, por lo que lo acusan de faltar al contrato de dedicación exclusiva y de abandono de trabajo, pues alegan que utilizó parte del tiempo de su jornada laboral en su labor de docente.
Con las pruebas que señala el CIPA, pidieron determinar el posible perjuicio económico que Arias causó a la Caja y designaron un perito para valorarlo, pero estas solicitudes aun no han sido resueltas.
DEUDA EXORBITANTE
Rodrigo Arias López plantea en su informe que un manejo inadecuado del seguro de salud provocó el desfinanciamiento del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) durante muchos años.
Agregó que si los gobiernos de los últimos 30 años hubieran cumplido con la ley al cubrir las necesidades financieras del seguro de salud, se habría podido crear un fondo de capitalización colectiva con el que existiría un sistema de pensiones sólido y no en crisis como el actual.
Esto porque según los cálculos que realizó, el superávit entre lo que cotizan los asalariados y lo que realmente gasta (menos del 50% del aporte) se estaba trasladando a los otros regímenes de pensiones, de los que el Estado es responsable, y no a un fondo que diera solidez al IVM.
El matemático estimó que la deuda histórica es cercana a los ¢2,5 billones y que tal situación imposibilitó la universalización de los seguros sociales, además de destruir el equilibrio financiero.
En su estudio afirma que 88% de los ingresos del seguro de salud proviene de las cotizaciones de los asalariados, mientras que un 12% procede de los demás regímenes, a saber: trabajadores independientes, pensionados y no contributivo.
Un 43% de los gastos en atención médica corresponde a los asalariados, mientras que el resto registra un 57% de gastos que en buena medida son responsabilidad del Estado por ley, según determinó el actuario.
En la exposición de diciembre el matemático detalló que la Caja debe aplicar mecanismos para controlar la evasión y financiar los regímenes de salud que así lo requieran.
Por otra parte instó a la despolitización de la Junta Directiva de la CCSS, para evitar que la situación se repita.
Agregó que para efectos contables del seguro de salud, es necesario crear un fondo para el régimen de asalariados y otro para los regímenes restantes. Con ese control detallado las contribuciones de los asalariados podrían bajar entre un 7,5% y 9%.
