Diputados objetaron el crecimiento de personal en Oficina de Investigación del ICE de 10 personas a 315 en total.
La presencia de agentes o exagentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y Seguridad Pública en una oficina de investigación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) figuró entre un centenar de denuncias y cuestionamientos que diputados de oposición le plantearon al presidente ejecutivo de la institución Eduardo Doryan, durante una comparecencia realizada el jueves 16 de setiembre de la semana pasada a la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público.
Entre los que hicieron tal señalamiento estuvo el diputado Luis Fishman, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien le presentó al jerarca del ICE 64 denuncias y cuestionamientos (ver recuadro “Lluvia de denuncias”). No hubo tiempo para responder, por lo que Doryan se llevó las preguntas para contestar por escrito.
Uno de los temas que despertó mayor interés fue la denuncia sobre el “espionaje” de un oficina del ICE, que en diciembre pasado siguió y fotografío durante 11 días los movimientos de Jorge Arguedas, presidente del sindicato Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC), y que presuntamente habría espiado también a políticos y empresarios y realizado escuchas telefónicas.
Siete investigadores se turnaron para hacer el seguimiento a Arguedas a fin de verificar un supuesto incumplimiento de horario, pese a que aquel tenía jornada discrecional por su condición de dirigente sindical.
El diputado Juan Carlos Mendoza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), en particular cuestionó a Doryan sobre la presencia de presuntos agentes de la DIS en dicha unidad de investigación.
“Estamos preocupados concretamente de que haya algunos agentes de la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad de la Presidencia) que están participando en esa unidad de investigación del ICE, y le preguntamos (a Doryan) cómo es que ha crecido el personal de esa unidad de 10 personas en el 2007 a 315 en el 2010. Él va a mandar una respuesta por escrito y luego se va a recibir en una última audiencia”, declaró luego Mendoza.
Se trata de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional del ICE, que según ha explicado la Presidencia Ejecutiva, es una oficina encargada de proteger la seguridad de los bienes del la entidad, como plantas eléctricas y centrales telefónicas, e investigar actos que puedan perjudicar los intereses económicos o comerciales del ICE.
Desde hace dos años esa oficina es además la encargada de hacer las intervenciones telefónicas que ordenan las autoridades judiciales, para lo cual ahí se maneja la plataforma electrónica que funciona como contraparte del Poder Judicial.
De acuerdo con las denuncias, el ICE ha hecho grandes inversiones en equipos de intervención electrónica destinados supuestamente a identificar posibles fraudes de personas o empresas contra la institución.
“De una exposición que nos hicieron técnicos, quedó claro que el sistema (telefónico) es vulnerable y pueden intervenir cualquier conversación”, dijo Jorge Arguedas a UNIVERSIDAD.
El dirigente sindical presentó la semana pasada un recurso de amparo que fue acogido para su trámite por la Sala IV, por la persecución de que fue víctima en el ICE. El sindicato también ha pedido la intervención de la Defensoría de los Habitantes y de la Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, informó por su parte, Luis Orlando Rodríguez, vicepresidente de ANTTEC.
Rodríguez consideró que la Presidencia del ICE ha sido poco clara respecto de este caso de espionaje, pues aparte de pedir disculpas públicas, lo que ha dicho es que lo va a pasar a la auditoría. Pero la auditoría le planteó un juicio al sindicato, por cuestionamientos que éste le ha hecho, y no va a actuar entonces en el caso de un sindicato “enemigo”, afirmó.
BUSCAN RESPONSABLES
En la comparecencia de Doryan ante la comisión legislativa, los diputados le reclamaron también la falta de acción ante una serie de denuncias que han venido haciendo sobre irregularidades con inversiones supuestamente innecesarias y mala gestión de recursos en la institución.
El diputado Juan Carlos Mendoza dijo que “una vez más le planteamos al presidente ejecutivo que no puede dejar él en la impunidad una serie de denuncias muy importantes, que a lo largo de los últimos años la fracción del PAC ha venido realizando, y que tienen que ver con el edificio en Grecia (que se iba a comprar a la familia de un directivo), la compra del edificio torre de telecomunicaciones, con la universidad “fantasma” (que iba a montar el ICE). Estamos hablando del sistema de software PESSO, de muchas contrataciones, alquileres, compras de edificios que significan millones de dólares en pérdidas para la institución y en consecuencia para todos los costarricenses.”
“No es posible que hasta el momento no se haya abierto ni un solo procedimiento administrativo, y que funcionarias como Clemencia Barrantes (subgerente administrativa) renunciara sin que se le abriera un procedimiento; o Rocío Goldoni, que era la directora de compras y bienes inmuebles, y no se le ha abierto un solo expediente.”
“La junta directiva nos había devuelto un ampo con una respuesta que no decía nada (a cuestionamientos que se le habían mandado) y hoy nos cuenta el presidente ejecutivo que el pasado 14 de setiembre reconsideraron la posición y están mandando los casos a la auditoría. Pero creemos que es una auditoría la que hasta el momento no ha dado la confianza necesaria, porque los casos llegan y ahí se quedan sin abrir”, afirmó Mendoza.
Según la presidenta de la comisión de Ingreso y Gasto Público, Marielos Alfaro, diputada del Movimiento Libertario, los legisladores le plantearon a Doryan 92 denuncias o interrogantes. “No le va a ser fácil responder. Posiblemente tengamos que recibir muchos folios con estas respuestas”, dijo.
“No obstante, en aspectos que se habían cuestionado en sus dos comparecencias anteriores, Doryan nos respondió que trasladó todos los temas a investigación, ya sea a la auditoría interna o a la Contraloría General de la República (CGR), porque evidentemente en todos los casos se estaba cuestionando el accionar directo de los jerarcas de la administración anterior. Concretamente de don Pedro Pablo Quirós (anterior presidente ejecutivo).”.
En cuanto al tema del espionaje hubo un cuestionamiento muy interesante de parte de don Juan Carlos Mendoza, del PAC, relacionado con que muchos de los funcionarios que están ahora en esa dependencia donde se hacen las investigaciones y la intervención telefónica por asuntos de seguridad vienen de la OIJ o de la DIS. “Entonces se le pidió a don Eduardo (Doryan) que se indique de dónde viene y cuál es el perfil de la gente que tiene que estar en ese departamento, porque cuando ya vemos el perfil de funcionarios que son ex DIS o ex OIJ, evidentemente surge la inquietud de cual es el perfil de la gente que trabaja ahí. Todos han sido entrenados en el expertiz de ser miembros del OIJ o de la DIS ¿cómo es ese asunto? Eso causó mucho interés.”
Alfaro señaló que hay que distinguir entre la institución como tal y las actuaciones de los funcionarios, que son las que se están cuestionando.
“Lo que estamos cuestionando son decisiones que estén relacionadas con proyectos, con recursos financieros, con concesiones que se dan o que se quitan, con negociaciones para conseguir proveedores; en RACSA (empresa del grupo ICE) con bandas del espectro radioeléctrico que son de la empresa pero que parecía que alguien tenía interés en sacar de ahí”, señaló Alfaro entre otros temas planteados al jerarca del ICE.
Lluvia de denuncias
-De 8 funcionarios en el 2006 la Dirección de Seguridad del ICE pasó a tener 315 en el presente año, sin que se hayan dado las explicaciones que justifiquen tan exagerado aumento en la planilla. Parte del personal contratado proviene del Ministerio de Seguridad Pública, del OIJ, del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y de la DIS.
Desde esa dependencia fue que se ordenó el seguimiento en contra del sindicalista Jorge Arguedas Mora, y también esa entidad ejecuta las intervenciones telefónicas.
-Esta oficina promovió una contratación directa por ¢155 millones para la compra de software, mediante la modalidad “proveedor único” para contratar “servicios profesionales para la implementación de controles, indicadores y asistencia de la implementación de la oficina de aseguramiento de los ingresos”, a la empresa Deloitte & Touche.
-Con recursos del Fondo de Trabajo y mediante el servicio DATUM, la misma Dirección promovió investigaciones sobre personas.
-Ocho empresas chinas fueron beneficiadas con la compra de terminales móviles por un monto total de $40 millones, operación que fue declarada de carácter “confidencial”, y la comercialización de esas terminales dejó al ICE pérdidas por ¢1.100 millones.
-También con carácter “confidencial” el ICE gastó $32.500 contratando juegos de pólvora para el pasado Festival de la Luz.
-El alquiler del Centro Empresarial La Sabana, a un costo de casi $100 millones, dejó una pérdida importante para la institución, pues la razonabilidad económica sobre la que se montó el negocio no tiene fundamento técnico, y el diagnóstico financiero del proyecto estaba desactualizado, según determinaron las propias autoridades de la institución.
-Durante 13 meses el ICE alquiló, sin ocuparlo, el Edificio Cocorí, en Los Yoses, a un costo de ¢166 millones de colones, y nadie en el ICE ha querido explicar lo ocurrido.
-Sin que mediara concurso, el ICE realizó el arrendamiento del edificio Siglo XXI para la instalación de la llamada Universidad Corporativa, proyecto que fracasó por la ausencia de programas estructurados. El monto del alquiler pactado a tres años ascendió a la suma de $1.670.000, de los que ya se habían pagado $1.045.000.
-El proyecto Wimax, contratado a un costo de $26,2 millones, fue desestimado luego de ser superado al entrar en funcionamiento la plataforma 3G, no alcanzó los ingresos pronosticados en el perfil del proyecto y la recuperación de la inversión no ha sido lograda.
Fuente: Comunicado de la fracción del PUSC.
