Las concesiones de obra pública que se otorgaron durante la administración del expresidente Óscar Arias Sánchez serán las que investigará primero la comisión especial legislativa, según el acuerdo tomado el martes 22 de setiembre durante una sesión crispada por choques verbales entre diputados de Gobierno y oposición.

Ello implicará que estarán bajo la lupa de los legisladores la accidentada carretera San José-Caldera, la carretera San José-San Ramón, próxima a iniciarse, y la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) en proceso de licitación.
El inicio fue tranquilo, pues al hacer uso de la palabra uno a uno los diputados de los diferentes partidos coincidieron en su manifestaciones de querer cooperar para el éxito de la investigación, con el fin de abonar a la transparencia del manejo de las concesiones y contribuir a su mejoramiento.

Pero el ambiente se crispó cuando empezaron a presentarse las mociones de la oposición para aprobar comparecencias y pedir informes a las diferentes instituciones, como el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Fue entonces cuando los dos representantes oficialistas, Víctor Hugo Víquez, y sobre todo Fabio Molina, empezaron a solicitar la palabra repetidamente y a solicitar explicaciones fuera del orden, lo que exasperó a diputados opositores.
Walter Céspedes del partido Unidad Social Cristiana fue uno de los diputados que alzó la voz con acusaciones cruzadas de “filibusterismo” y “obstruccionismo”, por lo que el presidente, Víctor Emilio Granados (Partido Accesibilidad sin Exclusión) debió emplearse a fondo para ordenar la discusión (ver recuadro “Oposición cohesionada…”).
Al final quedaron aprobadas las primeras cuatro mociones de un total de 17, con lo cual fueron señaladas las primeras audiencias y la solicitud de una serie de informes y documentos que deberán enviar diversas instituciones para iniciar la investigación.
Entre otros puntos, se  aprobó convocar a Montserrat Solano, experta que evaluó el daño ambiental causado en la ruta a Caldera. Asimismo, se acordó llamar a Enrique Molina, representante de la empresa supervisora IMNSA para que se refiera también a la ruta Caldera, y se dispuso audiencia para la junta directiva del sindicato de JAPDEVA (Junta de Administración Portuario y Desarrollo de la Vertiente Atlántica), para que se refiera a la concesión de Moín.
Al CNC se le solicitó que aporte los organigramas para el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de Caldera y de la ruta a San Ramón.  Se aprobó también pedir al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) copia de toda la correspondencia intercambiada con funcionarios del Gobierno de Costa Rica y el informe emitido por esa entidad en relación con la TCM (ver recuadro “Larga lista”).
“Los diputados nos proponemos cumplir a cabalidad con el clamor popular que nos ha instado a analizar las contrataciones habidas hasta la fecha, así como las que puedan estar en proceso de adjudicación”, declaró Walter Céspedes, secretario de la comisión.
El legislador expresó su optimismo de llegar a conclusiones efectivas, que permitan a la comisión dejar constancia de que lo actuado hasta la fecha es transparente y encomiable, o por el contrario, de encontrarse con actuaciones ajenas al decoro o al interés nacional sean puestas en manos de las autoridades judiciales para sentar las responsabilidades.
Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que aunque los diputados oficialistas intentaron a toda costa retrasar el inicio de la comisión, con las mociones aprobadas se trazó claramente el rumbo de la investigación.
“Vamos a iniciar analizando la concesión San José-Caldera y la concesión San José-San Ramón, donde nos informan que ya se gastó el 63% del presupuesto en fiscalización de una obra que ni siquiera ha empezado, y también el tema de la terminal de contenedores en Moín.”
Víctor Hugo Víquez, de Liberación Nacional, consideró que los choques iniciales fueron “una cuestión de acomodo”, pero que en las próximas sesiones se irá viendo mayor fluidez en la comisión.
“Nosotros hemos votado favorablemente las mociones que presentaron con el fin de contribuir para que esta comisión tenga buen puerto, es en el fondo lo que nosotros estamos procurando”, explicó.
 “Ahora nos van a presentar miles de documentos y yo quiero ver quién los va a leer, quién va a tener el tiempo para poder avanzar. Si el propósito es realmente investigar las concesiones, entonces debemos hacer las cosas más ágiles, ese el propósito, no es obstruir”, recalcó.
En cambio, según José María Villalta, del Frente Amplio, los diputados oficialistas llegaron con la intención de obstruir con preguntas obvias, intervenciones reiteradas por el orden que eran por el fondo para impedir que se votaran las mociones de consulta.
“La actitud es claramente de miedo, de impedir que esta comisión investigue. Hay que preguntar quién los ha mandado, porque lo que hicieron fue tratar de obstruir el trabajo de la comisión para que no se llame a comparecer a exfuncionarios del gobierno anterior de los hermanos Arias”.
El legislador del Frente Amplio no fue incluido en la comisión pese a que lo pedía la oposición, pero participa como cualquier diputado, con voz pero sin derecho a voto.

Víctor Emilio Granados

Oposición cohesionada busca transparencia

Esta va a ser una comisión donde me parece que se avizoran conflictos entre los diputados de la fracción del Gobierno y el resto de los diputados. Mi deber como presidente de la comisión es la aplicación rigurosa del reglamento a pesar de que los diputados de la fracción oficialista manifestaron que nos estábamos comportando antidemocráticamente.
Nosotros nos opusimos a darles la palabra a los señores de la fracción oficialista porque no procedía en el caso de mociones de orden, aunque por tolerancia democrática, y de acuerdo con lo que dijo servicios técnicos, les dimos la palabra posteriormente para razonar el voto, pero aun así fue bastante dificultoso avanzar.
Pero ya hay una ruta en la comisión para empezar, se aprobó una moción bastante grande (19 puntos) en la que se solicita información escrita técnica y pericial a distintas instituciones, especialmente al CNC.
Se aprobaron además dos mociones solicitando la comparecencia de SINTRAJAP, obviamente sobre el  tema de muelles de JAPDEVA y la terminal de Moín, que es una concesión en proceso de adjudicación. Además aprobamos otra para que comparezca una doctora en materia ambiental, Monserrat Solano, quien viene a exponer sobre serios daños ambientales que ella considera se ocasionaron con la construcción de la carretera a Caldera.
Además se llamará a la gente de IMNSA, la supervisora que funcionó durante un tiempo y que en su momento señaló más de 200 anomalías en la construcción de esa carretera.
Ahora la comisión lo que va a hacer es establecer las fechas en que van a comparecer.
Llamar a funcionarios encargados de concesiones va a ser una etapa posterior. Hay por lo menos unas diez mociones pendientes de aprobar, donde se pide la comparecencia, por ejemplo, del exministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez y la gente del CNC. La idea es ir recabando información y determinar con las comparecencias y la información nuevas necesidades de llamar a nuevos actores.
No es excluyente que en determinado momento se llame a políticos para determinar el grado de incidencia que tuvieron o no tuvieron en los errores que se señalen.
Nuevamente hubo (en la sesión inaugural) una actitud cohesionada de los partidos de oposición, que estamos conjuntados dando la lucha para que haya una investigación realmente transparente, abierta.

Larga lista

Entre otras solicitudes, los diputados acordaron pedir al CNC un detalle de la contratación y los pagos a las empresas supervisoras de la concesión Santa-Ana-Caldera y San José-San Ramón; detalle de los pagos a la gerencia, consultorías, organigrama para el seguimiento y control del contrato, nombres de las personas responsables de aprobar el cumplimiento de las especificaciones de calidad y aprobar la cantidad de obra ejecutada, responsables de formular y aprobar los cambios del contrato, respaldo jurídico y técnico para dividir en dos etapas la concesión de la carretera San José-San Ramón.
-A la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) se le pide copia certificada de la bitácora ambiental y de los informes mensuales del regente ambiental de la concesión Santa Ana-Caldera.
A SETENA, SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) y el CNC copia certificada de los informes técnicos hidrogeológicos y de flora y fauna presentados en relación con las obras concesionadas en ambos proyectos.
-A JAPDEVA copia certificada del expediente referido a la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Al CNC cuadro con detalle de las reuniones o de funcionarios de ese órgano con representantes, abogados, bufetes o firmas consultoras radicadas en Costa Rica o extranjeras o personeros de las empresas concesionarias y sus casas matrices en el caso de la licitación para la TCM, con indicación de fecha, asistentes y temas tratados. El cuadro debe contener fecha y lugar de la reunión, funcionarios y consultores asistentes por parte del CNC, otros asistentes y el carácter con el que asisten, temas tratados; debe acompañarse de las minutas elaboradas y con indicación de números de teléfono y direcciones para la correspondencia electrónica de todos los asistentes y sus representados.
A la División de Planificación del MOPT la opinión emitida en relación con el proceso de licitación de la TCM y las concesiones de Santa Ana-Caldera y San José-San Ramón.