Comisión legislativa investigadora de concesión San José-Caldera instan a sentar responsabilidades

El expresidente Óscar Arias, los exministros de Obras Públicas y Transportes Karla González y Marco Vargas, el actual titular de esa cartera Francisco Jiménez

El expresidente Óscar Arias, los exministros de Obras Públicas y Transportes Karla González y Marco Vargas, el actual titular de esa cartera Francisco Jiménez y la Contralora General Rocío Aguilar no escaparon de la lista de cerca de 20 funcionarios y exfuncionarios que el informe de mayoría de la comisión que investiga las concesiones solicitó al Ministerio Público investigar. Esto a fin de determinar posibles responsabilidades penales por incumplimiento de deberes u otros delitos en relación con el manejo de la concesión de la carretera San José-Caldera otorgada al consorcio español Autopistas del Sol.

Los diputados Víctor Emilio Granados, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y Presidente del Órgano Investigador; Walter Céspedes Salazar, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Manrique Oviedo Guzmán, del Partido Acción Ciudadana (PAC) rindieron informe de mayoría, tras concluir la primera parte de la investigación que inició el panel a fines del año anterior sobre la concesión de la vía a Caldera, y que ahora está centrada en el caso de la terminal de contenedores de Moín (TCM).

La comisión también está integrada por Manuel Hernández, del Movimiento Libertario, Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional, y Fabio Molina y Víctor Hugo Víquez de Liberación Nacional, quienes al cierre de esta edición se aprestaban a emitir sus respetivos informes de minoría.

El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, también emitió su informe, en el que pidió destituir a la Contralora General, Rocío Aguilar, y sanciones de inhabilitación para ésta, para los exministros Karla González, Marco Vargas, Randall Quirós, Javier Chaves; los exsecretarios técnicos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) Guillermo Matamoros y Luis Diego Vargas; y la gerente del proyecto Hadda Muñoz. Asimismo pidió al Ministerio Público (Fiscalía) investigar a los expresidentes Óscar Arias y Abel Pacheco, y mandó su informe para que ese despacho amplíe la investigación ya iniciada a partir de una denuncia de la Defensoría de los Habitantes contra algunos de esos funcionarios por presunto incumplimiento de deberes y otros delitos.

Aunque no forma parte de la comisión con voz y voto, por decisión del entonces presidente del directorio legislativo Luis Gerardo Villanueva, que nombró a Avendaño en representación de las bancadas unipersonales, Villalta asistió a las sesiones ejerciendo el derecho de participar que le da el reglamento (ver recuadro “Es una estafa”).

“Esta Comisión insta a que el Ministerio Público se pronuncie en lo que procede sobre las responsabilidades y posibles sanciones para los funcionarios públicos involucrados en la toma errónea de decisiones, en el incumplimiento de sus deberes y también en forzar decisiones que se tomaron imponiendo un criterio político sobre los criterios técnicos, todos ellos deberían asumir las responsabilidades por sus malas actuaciones”. Entre ellos, el señor Óscar Arias Sánchez, Karla González Carvajal, Marco Vargas Díaz, Hadda Muñoz Sibaja, Guillermo Matamoros Carvajal, Rocío Aguilar Montoya, Carlos Arguedas Chaverri (exgerente de la División jurídica de la Contraloría General), Francisco Jiménez Reyes, Luis Diego Vargas Chinchilla (exsecretario técnico del CNC) y Sonia Espinoza Valverde (exsecretaria técnica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental- SETENA), señaló el dictamen de mayoría firmado por los representantes de los tres partidos de oposición.

Durante la investigación realizada se comprobó una serie de inconsistencias, omisiones y debilidades de la concesión. Siendo este proyecto una obra de tanta importancia para el país y de tan alto costo para los costarricenses, no podía  ser  ejecutado con tanta ligereza. La carretera fue contratada a un costo que supera los $360 millones (¢180.000 millones), y fue puesta en servicio por la anterior administración, en enero del 2010, plagada de fallas constructivas y de obras incompletas. Tanto es así que a la fecha de la presentación de este informe todavía no se han concluido las obras faltantes  y se mantiene la interrogante sobre la estabilidad de los taludes, indica el documento.

Una obra tan compleja ameritaba tener de previo los instrumentos idóneos para ejercer una seria y amplia fiscalización de parte del Estado, lo que debía traducirse en contar con funcionarios debidamente capacitados para poder vigilar que los intereses del país no se vieran afectados, señala.

AMPLIAR INVESTIGACIONES

Los diputados instan al Plenario Legislativo para que la Comisión Permanente Especial de Control y Gasto Público en el uso de sus competencias revise todos los aspectos financieros del proyecto, las addenda y el convenio complementario, que modificaron el contrato de concesión, convocando a quienes concurrieron con su voto y recomendaron estos cambios, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones.

Al Poder Ejecutivo le pide no suscribir ningún contrato nuevo de concesión hasta tanto no tenga la seguridad absoluta de haber fortalecido la organización del CNC, para que garantice la defensa del interés financiero del Estado y la adecuada fiscalización y supervisión de la ejecución del proyecto.

También pide analizar la participación de la Contraloría General de la República (CGR) en una operación financiera con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ya que se trató de endeudamiento que nunca fue presentado a la Asamblea Legislativa, contrario a lo que constitucionalmente se exige, y buena parte de los fondos fueron para contratar obras con la concesionaria (Hatillo-Alajuelita), muros y otras obras por más de $35 millones. Investigación que debe ser dirigida contra  la exministra Karla González, la Contralora General Rocío Aguilar y el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Alejandro Molina, indica.


 

Es una estafa

Aquí se ha estafado al pueblo de Costa Rica, se ha puesto en juego el patrimonio nacional y derechos de los usuarios, y no solo el patrimonio de la gente que está pagando peajes carísimos por un servicio que no corresponde al precio, sino también la vida, la salud, la seguridad de la gente usuaria de esta carretera, afirmó el diputado José María Villalta al dar a conocer su informe sobre la concesión de la carretera a Caldera.

Agregó que el problema con esta concesión viene desde la administración trasanterior. En la administración de Abel Pacheco empezaron a modificar los términos del contrato estableciendo cláusulas abusivas, que ocasionaron un incremento de los costos del proyecto, con ganancias millonarias para la empresa concesionaria por más de $72 millones (¢36.000 millones) solo en la nominación de la tasa de descuento. Es un contrato que se ha inflado hasta llegar a unos $400 millones (¢200.000 millones), y una buena parte de esto son ingresos que se va a llevar el concesionario que no corresponden realmente a ninguna obra realizada.

La administración de Óscar Arias tienen una responsabilidad política entre otras cosas por haber permitido que se le hicieran cambios al contrato, incrementando los costos para el Estado costarricense, la distribución de riesgos,  y que se iniciaran las obras sin tener una fiscalización adecuada.

También tiene responsabilidad política por haber adelantado contra lo que dice el contrato la puesta en servicio provisional, inaugurando la carretera sin que estuviera lista para operar, con el objetivo de usarla como un botín político electoral, poniendo en peligro la vida, la salud y la seguridad de los usuarios de esta carretera, donde incluso una persona murió.

No es sino después de que la comisión investigadora empezó a detectar y denunciar las irregularidades, que las instancias de control del Estado costarricense empezaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Durante mucho tiempo el CNC, el MOPT y la CGR se hicieron de la vista gorda con los incumplimientos de Autopistas del Sol, y se presionó a la SETENA para que no salieran a luz los daños ambientales.

Estos incumplimientos no pueden seguir quedando impunes en Costa Rica. Es necesario que se sienten las responsabilidades  políticas, administrativas y penales, afirmó Villalta.


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