Una amplia gama de organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas agrupadas alrededor de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur organizaron el pasado martes la manifestación denominada Jornada de lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur”, en la que decenas de personas tomaron el puente sobre el río Térraba durante varias horas.
La Coordinadora es integrada por organizaciones como la Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores Agrícolas de Osa (Cootraosa R.L.), el Comité de Lucha por la Tierra de Finca Chánguena, el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica, recuperadores de tierras bribris de salitre o la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, entre otras.
Renier Canales, del Comité de Lucha Por la Tierra de Palmar Sur, a través de un comunicado de prensa enviado por la Coordinadora subrayó que «los problemas fundamentales del pueblo de la Zona Sur no se han resuelto, seguimos siendo la región más empobrecida de Costa Rica”.
Al mismo tiempo cuestionó: “¿Cómo es posible que esta zona tan rica, esta zona de hombres y mujeres trabajadoras vivan sin empleo, vivan trabajando con las uñas la tierra y estén condenados a la miseria? Contra eso es que nos rebelamos; contra eso es que estamos marchando”.
DEMANDAS
La actividad sirvió de trasfondo al envío de un amplio documento de demandas y propuestas para la región que fue dirigido a autoridades de gobierno desde el pasado 9 de noviembre.
Entre las reivindicaciones figuran el cese de los desalojos en las fincas Chánguena y Térraba, el establecimiento de una moratoria permanente sobre el uso de los ríos para la producción energética, o que la Autoridad reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) rechace los “desproporcionados e irracionales” aumentos solicitados por las empresas Transportes Blanco S.A y Solís y Mata Ltda. para varias rutas de la zona.
Por su parte, las comunidades indígenas presentaron varias demandas, como que el Estado reconozca al Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa como “gobierno propio” del pueblo bríbri.
Recuperadores Indígenas Térrabas Bröran de la Finca San Andrés -en el territorio indígena Térraba-, demandan al Poder Ejecutivo y al Tribunal Contencioso Administrativo que esa finca “sea entregada a los y las indígenas que la habitan y trabajan actualmente, al tiempo que expresaron su “rechazo absoluto” al Proyecto Hidroeléctrico Diquís.
Indígenas bribris de Cabagra y gnäbes de Abrojo Montezuma también presentaron exigencias similares relativas a la defensa de la integridad de su territorio.
La Coordinadora de Lucha Sur-Sur informó que ninguna autoridad gubernamental respondió las demandas de las comunidades afectadas. Por el contrario la única respuesta del Gobierno fue “la amenaza de represión si se bloqueaba el puente”.
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