Vecinos denuncian que se han gastado ¢315 millones en transportar agua en cisterna, mientras un nuevo acueducto costaría ¢80 millones.
La directiva del Acueducto Rural de la comunidad de Milano, en el cantón de Siquirres, anunció que demandará penalmente a la transnacional Del Monte por el delito de contaminación de aguas, presuntamente ocasionada por una finca piñera propiedad de esa empresa.
Así lo indicó la presidenta del acueducto de Milano, Xinia Briceño, en compañía de otros integrantes del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FENASAPP), que lucha contra la expansión de este cultivo en el país.
Además, los representantes de las comunidades de El Cairo y La Francia de Siquirres, emplazaron a las autoridades del Ministerio de Salud y otras instituciones, pues afirman que no han atendido adecuadamente su problema.
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Xinia Briceño recordó que el problema por contaminación de agua potable en Siquirres tiene más de 10 años, mientras que en la comunidad de Milano, tienen ya tres años de recibir el agua por medio de camiones cisterna proporcionados por Acueductos y Alcantarillados (AyA).
De acuerdo con Briceño, los camiones no siempre llegan puntuales y cuando la comunidad requiere reabastecerse del líquido. También se han presentado problemas de salud por el hecho de que cada hogar debe buscar sus propios recipientes para almacenar el agua.
“Vamos a interponer una demanda contra Del Monte, y su Finca Babilonia, para que nos paguen los daños y perjuicios ocasionados por la contaminación del agua y de la naciente”, afirmó Briceño.
La abogada del Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA), Gabriela Cuadrado, explicó que la demanda se presentará en la vía penal ante la Fiscalía Ambiental, para que se investiguen los hechos de contaminar el agua para consumo humano que se atribuye a las fincas piñeras.
“Hay pruebas suficientes de que las piñeras cercanas a las tomas de captación de la naciente de agua de la que se abastece el acueducto de Milano son las que contaminan; y se ha comprobado que los agroquímicos que salen en el agua son los mismos que se utilizan en la finca”, afirmó Cuadrado.
Según la abogada, de comprobarse los hechos, se procedería a plantear una acusación ante el Ministerio Público y la comunidad podría pedir que la empresa asuma los costos de construir un nuevo acueducto para la comunidad.
“Van a tener que hacer un nuevo acueducto, buscar un terreno para nuevas nacientes y hacer nuevas captaciones, con el fin de abastecer de agua potable a las comunidades. Los costos los debe asumir la empresa, no la comunidad ni la población costarricense por medio de las instituciones”, señaló Cuadrado.
COSTO DE ¢316 MILLONES
Briceño advirtió además que, según datos oficiales del AyA, en el abastecimiento de agua con cisterna para las comunidades afectadas, esta institución ha gastado ¢316 millones en los últimos tres años.
“Esto es algo totalmente desproporcionado, porque mientras gastan esa suma repartiendo el agua en camiones cisterna, el nuevo acueducto que necesitamos solo cuesta unos ¢80 millones”, puntualizó.
Agregó que se han mantenido en conversaciones con AyA para la compra de un nuevo terreno y así instalar la servidumbre requerida para el acueducto y el tanque de almacenamiento; pero la respuesta de la institución ha sido que no hay terrenos disponibles y por tanto se tiene que expropiar.
“Hemos decidido hacer actividades para recaudar fondos y así costear lo relativo al tanque de captación, a ver si tenemos agua dentro de un año”, indicó Briceño.
INCUMPLIMIENTO
Carlos Arguedas, presidente del la Asociación Ambientalista de Siquirres, y secretario de salud ocupacional del Sindicato de Trabajadores Bananeros, reclamó que las autoridades no han emprendido las acciones necesarias para sanear las aguas de Siquirres, a pesar de que así lo ordenó un voto de la Sala Constitucional del 29 de mayo del 2009.
Según Arguedas, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Agricultura ni otras entidades interpeladas en la resolución de la Sala, han respondido a la orden que dio y han ofrecido medidas cosméticas a las demandas de las comunidades.
“En estas aguas se ha encontrado bromacil, diuron, y un coctel de otros 25 químicos; la gente muestra úlceras, alergias y problemas respiratorios. La ministra de Salud María Luisa Ávila se limitó a hacer una “Feria de la Salud” atendida por médicos generales y oftalmólogos”, afirmó Arguedas.
El ambientalista instó a las autoridades a realizar nuevos estudios y pruebas de laboratorio serias, en las que se determine si las enfermedades que presenta esta población tienen relación con la exposición e ingesta de agroquímicos.
PROCESO CONTRA TICO VERDE
Otra de las comunidades que mantiene una pugna con las piñeras es Guácimo, cuya Municipalidad llevó a un proceso ante el Tribunal Ambiental a la empresa Agroindustrial Tico Verde.
Erlinda Quesada, regidora de dicho municipio, explicó que el proceso está pronto a concluir, y se espera que se condene a la empresa al pago por los daños ambientales en la comunidad de La Perla.
“Nosotros fuimos a una visita junto con el tribunal para ver los avances en esa finca, pero los cambios que hicieron fueron cosméticos. Pretendíamos que se eliminara todo cultivo realizado en tierra con más de 10 grados de inclinación; pero obviamente la empresa no accedió”, afirmó Quesada.
De acuerdo con la regidora, el cultivo realizado en altas pendientes ha provocado contaminación y erosión de los suelos. Así lo han indicado los técnicos de los ministerios de Agricultura y Ambiente; pero este criterio lo contradice el técnico de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
La regidora y el ambientalista denunciaron también el inicio de un proceso de “criminalización” de la protesta social, en el que las empresas están demandando a los líderes comunales, por supuestos daños a sus fincas.
María Luisa Ávila: “La gente podrá tomar agua del tubo otra vez”
La Ministra de Salud, María Luisa Ávila, respondió a los reclamos de las comunidades afectadas por los agroquímicos de las piñeras, y aseguró que su cartera ha hecho todo lo necesario para garantizar la salud y la recuperación de las fuentes de agua de la zona.
“Nosotros tomamos medidas con la elaboración de órdenes sanitarias, la prohibición del uso del bromacil; y según los informes que me dio hoy Dagner Mora, del Laboratorio de Aguas del AyA, las aguas para consumo en esos lugares ya no presentan contaminación”, afirmó la jerarca.
Ávila explicó que en los últimos seis meses se han realizado muestreos del agua por parte de dos entidades independientes: el laboratorio privado Biolab y el del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA).
“De los seis informes cruzados (tres por laboratorio), cinco han resultado negativos respecto de la presencia de agroquímicos y estamos a la espera del resultado del sexto análisis, para así tomar una decisión en la Comisión Nacional de Aguas”, expresó la funcionaria.
De resultar negativo este informe, Ávila aseguró que se estaría habilitando a la población para que pueda consumir el “agua del tubo”, pues ya no habría riesgo de salud.
“Que la gente pueda tomar agua es una decisión que se toma en la Comisión Nacional de Agua. Por un asunto de legalidad, hay que utilizar el criterio de estos dos laboratorios, pues son los únicos acreditados ante la Entidad Costarricense de Acreditación”, acotó.
Indicó además que ya se han hecho los estudios en los que se determina que las poblaciones de estas comunidades no presentan una incidencia de cáncer, abortos, enfermedades del hígado o malformaciones congénitas, mayor a la que se encuentra en el resto del país y que se puedan relacionar con el contacto con los agroquímicos.
La decisión sobre si se permite el consumo del agua de los acueductos en Siquirres, podría estar lista antes de finalizar junio.
