Pueblos costeros piden detener los desalojos y administrar su propio desarrollo.

Representantes de 36 comunidades costeras de las provincias de Puntarenas, Limón y Guanacaste presentaron la semana anterior un proyecto de ley con el que pretenden garantizarse la permanencia en los territorios que han habitado durante años.

Con la nueva ley, estas poblaciones pretenden crear la figura de los “territorios costeros comunitarios”, con la cual suponen se acabaría la persecución que enfrentan por parte parte de las municipalidades y del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

Victoria Quirós, dirigente de la población costera de Montezuma, explicó que las comunidades son perseguidas porque sus asentamientos están ubicados en la zona marítima terrestre (200 metros desde la costa hacia tierra adentro), la cual es propiedad y patrimonio del Estado.

La ley de la zona marítima- terrestre solo permite construcciones si es otorgada una concesión, de la cual carecen estas comunidades debido a que se asentaron mucho antes de darse esta legislación.

“La Ley marítima- terrestre se creó cayéndole encima a las comunidades, y en la capital nadie pensó que ahí había gente viviendo sin las condiciones mínimas de agua o electricidad. Ahora hay grandes intereses económicos que consideran estas tierras muy valiosas y se ha puesto a las comunidades en la mira, no para ayudarlas, sino para eliminarlas”, explicó Quirós.

A pesar de que muchas familias han vivido en esos terrenos por generaciones, muchos viven hoy una carrera contra el tiempo, buscando alternativas legales que posterguen una vez más las órdenes de desahucio en su contra.

“La comunidad de Muelle de Tambor tiene hasta el 1 de junio para desalojar. Estamos hablando de cerca de 110 familias y en estos casos el desalojo implica la demolición de sus casas. Muelle de Tambor fue construido en los años 50, y tiempo después se declaró puerto importante para toda la zona, pero ahora les dicen que no pueden estar ahí”, afirmó Quirós.

La dirigente explicó que a las comunidades en riesgo desalojo no se les brinda opciones de reubicación, por lo que simplemente se les deja en la calle, y se les aleja de la principal fuente de su sustento: el mar.

“Imagínese lo que es para un pescador artesanal que se lo lleven a vivir 6 kilómetros tierra adentro, sin tener cómo trasladar su panga todos los días, pues con eso le da de comer a su familia”, indicó Quirós.

EN EXTINCION

El abogado Wilmar Matarrita ha sido uno de los principales impulsores del proyecto de ley que pretende garantizar un lugar dónde vivir a cerca de 50.000 personas que habitan estas 36 comunidades, las cuales han constituido el “ Frente de comunidades amenazadas por políticas de extinción”.

Matarrita explicó que desde inicio de este año, estas comunidades se organizaron para redactar el proyecto de ley que les permita convertirse en una excepción a la Ley de la Zona Marítima Terrestre, sin violentar el patrimonio del Estado.

La iniciativa fue validada por las 36 comunidades en asambleas, y contó con el apoyo logístico de organizaciones ambientalistas, sindicales y de las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA) y Estatal a Distancia (UNED); además de las iglesias Católica y Evangélica de la zona.

Matarrita explicó a diputados de varias fracciones legislativas que el proyecto tiene tres objetivos fundamentales, el primero es garantizar el “derecho inalienable” que tienen las familias sobre el lugar en el que han vivido durante años y a una vivienda digna.

El segundo objetivo es garantizar la conservación del ambiente y de la cultura del lugar, al proteger la interacción que durante años estas poblaciones han tenido con la naturaleza que los rodea.

“Mucha gente de instituciones se pone a decir que las comunidades contaminamos, pero olvidan ejemplos como el de Ostional, donde el pueblo ayuda a la protección de miles de tortugas que nacen ahí. Y olvidan también cómo han sido cuestionados grandes megaproyectos que solo han traído destrucción y contaminación”, afirmó Matarrita.

El tercer objetivo de la ley es garantizar que las tierras costeras y las islas se mantengan como patrimonio nacional, al que tengan acceso toda la población costarricense.

Para esto se crea la figura del “territorio costero comunitario”, en el cual los actuales habitantes de estos lugares pasan a ser administradores de las tierras, en un modelo similar al aplicado en el caso de los territorios indígenas, donde la propiedad de la tierra siempre la mantiene el Estado.

“La gran mayoría de líderes queríamos que los territorios fueran administrados por las mismas comunidades, ya que la mayoría se opone a que el MINAET y las municipalidades tengan que ver con la administración, porque las municipalidades han sido tremendamente corruptas y han generado muchos conflictos con los vecinos; pero la ley no nos permite esa autonomía”, comentó el dirigente.

El proyecto define que las personas que pueden acogerse a este régimen deberán haber vivido en la zona marítima terrestre durante al menos cinco años.

Matarrita justificó la necesidad del proyecto argumentando que el actual régimen de concesiones es excluyente con las comunidades, y está diseñado para favorecer a grandes empresas.

“En muchos lugares el proceso de concesión tenía que pasar por planes reguladores y otros mecanismos, pero eso no se puso en práctica. En algunos lugares hay planes reguladores que fueron pagados por grandes empresas, los cuales fueron avalados por las municipalidades, con intereses muchas veces de la misma gente de los municipios”, denunció Matarrita.

El abogado pidió a los diputados la ayuda para encontrar pronto un mecanismo legal que plantee una moratoria a las órdenes de desalojo, mientras el proyecto de ley se aprueba en el congreso.

Las comunidades dieron tiempo a los diputados hasta el 25 de julio para presentar avances importantes en este tema, pues de lo contrario protagonizarán paros y manifestaciones hasta que su problema sea resuelto.

Diputados de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, Restauración Nacional y el Frente Amplio manifestaron su apoyo al proyecto para que sea tramitado con rapidez.

“Me destruyeron la casa con todo adentro”

El drama de las comunidades costeras y de las islas en Costa Rica tiene muchos rostros que han llorado la desaparición de sus humildes viviendas bajo el poder de las maquinarias; y uno de los casos más recientes es el de Estela Aguilar, de Dominicalito de Osa.

A doña Estela, de 60 años, esta es la tercera vez que le derrumban su vivienda, pero en esta ocasión no pudo ni siquiera sacar sus cosas.

“Tres veces ya me han demolido mi casa y mi negocio, pero esta vez lo hicieron con furia y con maldad. Fue el miércoles pasado, yo no estaba en mi casa y un vecino me avisó. Yo presenté un recursos ante un tribunal contencioso administrativo, pero de nada sirvió, todo lo derrumbaron”, relató Estela.

Esta mujer es una de las pocas que quedan en Domincalito, pues según comentó muchos fueron obligados a trasladarse a un caserío improvisado llamado  Pozo Azul, en el cual asegura había un cementerio indígena del cual se extrajeron gran cantidad de piezas arqueológicas, sin que se sepa dónde están.

Doña Estela asegura que ha tenido que soportar las amenazas y presiones tanto de los empresarios hoteleros, como del municipio de Osa, el cual la dejó sin vivienda junto a su padre de 90 años, y sus seis hijos.

“Ahora estamos todos regados en varios lugares, yo tengo miedo porque no sé a donde llevar a mi papá que está muy mayor, y mis hijos están muy afectados psicológicamente, uno de ellos se le tiraba encima a las máquinas para que no derribaran la casa”, relató Aguilar.

Doña Estela asegura que a pesar de su discapacidad, aún tiene fuerzas para volver a levantar su casa y espera que los diputados actúen rápido para que finalmente puedan vivir en paz en la tierra que toda su vida han considerado su hogar.